Teoría del etiquetamiento resultados de investigaciones
No obstante, debe tenerse en cuenta un estudio posterior
(Dejong,
1997) que, en referencia a los delincuentes primerizos, ofrece
resultados distintos al de Walter-Farrington-Tucker
6.4. Definición de sanción
La definición de sanción como la consecuencia o efecto de una conducta
que constituye la infracción de una norma jurídica es correcta. La sanción puede
entenderse como una respuesta punitiva o disciplinaria por parte de la sociedad
o la autoridad competente ante la transgresión de las normas establecidas.
El argumento presentado por Vasconcelos, basado en la teoría del
Derecho-amenaza, rechaza la idea de que las sanciones sean únicamente un
medio de constreñir o castigar. Se argumenta que, además de las sanciones
negativas (punitivas), se debe reconocer el valor de los incentivos y
recompensas como medios para prevenir delitos y promover conductas
virtuosas. En esta perspectiva, se destaca el papel de las recompensas y el
incentivo como herramientas para influir en la conducta de las personas,
especialmente en asuntos relacionados con la fiscalidad y las políticas sociales
del Estado.
La regulación de la conducta individual a través de las sanciones se
atribuye a dos motivaciones principales: evitar desaprobaciones y obtener
recompensas, y el aprendizaje social de reaccionar ante determinadas
conductas con juicios de aprobación o desaprobación en función del entorno
social. Es importante tener en cuenta que, en general, las sanciones negativas
(punitivas) están más claramente definidas en las sociedades que las sanciones
positivas.
Además, se destaca que las sanciones negativas organizadas, incluyendo
las penales, cuando son impuestas por una autoridad establecida, son
procedimientos socialmente reconocidos que se dirigen a las personas cuya
conducta es objeto de desaprobación social.
En resumen, la sanción se refiere a las consecuencias derivadas de una
conducta que viola una norma jurídica, y puede incluir tanto sanciones negativas
(punitivas) como sanciones positivas (recompensas). La aplicación de sanciones
tiene como objetivo regular la conducta de los individuos en la sociedad y
establecer límites y consecuencias para aquellos que transgredan las normas
establecidas.
6.4. Penas restrictivas de los derechos de propiedad:
Este tipo de pena implica la restricción de los derechos de propiedad del
infractor como consecuencia de su conducta delictiva. Por ejemplo, en casos de
delitos económicos o financieros, puede ordenarse la confiscación de bienes, la
pérdida de licencias o permisos comerciales, la prohibición de ejercer
determinadas actividades económicas, entre otros. Estas penas buscan
desincentivar la comisión de delitos relacionados con la propiedad y generar una
reparación para la víctima o el Estado. De la misma manera Aldaz, (2022) explica
la definición de las penas restrictivas:
6.3.1. Multa
Cuando un juez emite una sentencia condenatoria, generalmente se
acompaña de la imposición de una multa, sin importar la naturaleza de la
infracción penal cometida. Sin embargo, en circunstancias excepcionales en las
que la persona carezca de los recursos económicos necesarios para pagar la
multa, se pueden tomar las siguientes medidas alternativas: a) establecer un plan
de pagos en cuotas; b) condonar la multa si la persona se encuentra dentro de
los quintiles de extrema pobreza según los datos proporcionados por el Ministerio
de Bienestar Social; c) ordenar el desempeño de servicio comunitario. Además,
es importante tener en cuenta que las multas también pueden ser impuestas a
personas jurídicas de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 del COIP.
6.3.2. Comiso penal.
El comiso penal es una pena accesoria que se añade a la pena principal
y tiene como objetivo privar al infractor de sus bienes, ya que se consideran
productos o instrumentos del delito. Esta pena se encuentra contemplada en el
artículo 69, numeral 2, literal c) del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Se
aplica a los bienes que han sido utilizados para cometer el delito o que son el
resultado de la actividad delictiva, como, por ejemplo, los bienes obtenidos
mediante lavado de activos, el tráfico ilícito de drogas, las armas de fuego
utilizadas en homicidios, entre otros ejemplos. El comiso penal busca despojar
al infractor de los beneficios o medios materiales derivados de su conducta
delictiva, y los bienes incautados pueden ser decomisados y destinados a fines
públicos o a reparar el daño causado.
6.3.3. Destrucción de los instrumentos o efectos de la
infracción
Según lo establecido en el artículo 69, numeral 3 del COIP, el juez o
tribunal de garantías penales tiene la facultad de ordenar la destrucción de los
instrumentos utilizados para cometer el delito o de los bienes que se generen
como resultado de este. En la práctica judicial, es común que se ordene la
destrucción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como otros
bienes, con el fin de evitar su reutilización en la comisión de nuevos delitos. Sin
embargo, el juez también puede declarar de interés público ciertos bienes o
preservar aquellos que posean valor histórico o cultural. (págs. 32,33).
Esto significa que, en casos específicos, se puede tomar la decisión de
no destruir dichos bienes y buscar otras alternativas para su utilización o
conservación, considerando su importancia para la sociedad en general.
Antecedentes de la pena
Lombroso sostiene que “el factor determinante en la comisión del delito
no es la imputabilidad moral del delincuente, sino que tiene una naturaleza
patológica presente en la actividad criminal”. Garofalo abogó por medios
destinados a exterminar y eliminar a los delincuentes, considerándolos seres
ineptos y peligrosos para la sociedad. Por lo tanto, indica que la pena tuviera una
finalidad intimidatoria y también sirviera como instrumento de corrección moral
del delincuente. Ferri, por su parte, sostiene que la verdadera génesis del
fenómeno criminal reside en las condiciones morbosas individuales, físicas o
psíquicas, adquiridas, hereditarias o congénitas del individuo, así como en el
entorno en el que se desarrolla su vida.
La pena y su finalidad
Las teorías unificadoras surgieron como respuesta a la insuficiencia de
las teorías descritas anteriormente, ya que ninguna de ellas resistió a la crítica.
Estas teorías buscan combinar los elementos de las teorías tradicionales para
dar una respuesta integral a la finalidad de la pena. Claus Roxin (1997), en su
obra "Derecho Penal Parte General", desarrolla con precisión las siguientes
teorías unificadoras. (Morocho, 2017)
En resumen, el texto presenta una definición de pena y delito, así como
una discusión sobre la finalidad de la pena en la doctrina penal. También
menciona la existencia de teorías unificadoras que intentan combinar los
enfoques de las teorías tradicionales para abordar de manera integral el
propósito de la pena.
Penas privativas de livertad
Al momento de legislar y establecer penas privativas de libertad, es
fundamental tener precaución para garantizar que sean justas y respeten el
principio de proporcionalidad. Este principio, establecido en el artículo 76,
numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), busca que la
pena impuesta a una infracción penal sea adecuada y proporcional al delito
cometido, teniendo en cuenta los derechos de las personas que hayan cometido
actos delictivos
Además, es importante tener en cuenta que las penas privativas de
libertad no pueden exceder de cuarenta años cuando se trata de acumulación
de penas. Esto significa que, en caso de cometerse varios delitos y ser
condenado por ellos, la suma de las penas privativas de libertad no puede
superar dicho límite.
Asimismo, las penas privativas de libertad deben ser impuestas
únicamente mediante una sentencia dictada por un juez penal o un tribunal de
garantías penales, una vez que se haya agotado el debido proceso legal
establecido en el COIP. El proceso puede seguir diferentes modalidades, como
el procedimiento ordinario, expedito, privado de la acción, directo o abreviado,
según corresponda cada caso.
Situacion carselaria
En muchos casos, las cárceles estaban diseñadas para albergar a un
número mucho menor de reclusos que su capacidad real. Esto resultaba en
condiciones insalubres y falta de recursos básicos, como alimentos, agua
potable y atención médica adecuada. Además, la violencia y los enfrentamientos
entre bandas criminales eran comunes, lo que afectaba la seguridad tanto de los
reclusos como del personal penitenciario.
En años anteriores, se produjeron varios episodios de violencia extrema
en las cárceles ecuatorianas, como motines y asesinatos. Estos incidentes
pusieron de manifiesto la falta de control y la debilidad del sistema penitenciario
del país.
Hacinamiento carcelario
El hacinamiento carcelario en Ecuador es un problema grave que ha
afectado al sistema penitenciario del país durante muchos años. Las cárceles
ecuatorianas enfrentan una sobrepoblación significativa, lo que significa que hay
más internos de los que las instalaciones pueden albergar adecuadamente.
El hacinamiento carcelario tiene graves consecuencias para la vida y el
bienestar de los internos. Las celdas diseñadas para albergar a un número
limitado de personas a menudo se encuentran abarrotadas, lo que lleva a
condiciones insalubres y falta de espacio personal. La falta de camas, servicios
básicos, como baños y duchas, y atención médica adecuada son problemas
comunes en las cárceles sobrepobladas.
Esta situación también genera un entorno propicio para la violencia y el
conflicto entre los internos. Las rivalidades entre bandas delictivas pueden
desencadenar enfrentamientos y riñas, lo que ha llevado a episodios de violencia
extrema y muertes dentro de las cárceles.
El hacinamiento carcelario en Ecuador ha sido reconocido por organismos
internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), como una violación de los derechos humanos de las personas privadas
de libertad. La CIDH ha instado al Estado ecuatoriano a tomar medidas urgentes
para abordar el problema, como la adopción de medidas alternativas a la prisión
preventiva y la mejora de las condiciones de vida en las cárceles.
Reinsercion social
La sociedad se concibe como un sistema que brinda refugio y apoyo a sus
miembros. Aquellas personas que forman parte de la sociedad tienen acceso a
servicios básicos que el Estado debe garantizar, como salud, educación, entre
otros. Sin embargo, aquellos individuos que no tienen acceso a estos servicios
se encuentran marginados de la sociedad.
La reinserción social implica proporcionar a estas personas las
herramientas y oportunidades necesarias para reintegrarse plenamente en la
comunidad. Esto puede incluir programas de capacitación, educación, apoyo
psicosocial y asistencia para encontrar empleo. El objetivo es superar las
barreras que impiden su participación plena y activa en la sociedad.
Es fundamental que el Estado y la sociedad en su conjunto se
comprometan a garantizar que todas las personas tengan igualdad de
oportunidades y acceso a los servicios básicos necesarios. La reinserción social
no solo beneficia a los individuos marginados, sino que también contribuye al
bienestar general de la sociedad al fomentar la inclusión y reducir las
desigualdades.