Tema 7. Transformaciones económicas y sociales del siglo
XIX.
Índice de Contenido:
7.1. La evolución de la población y de las ciudades. De la sociedad estamental a la
sociedad de clases.
7.2. Las desamortizaciones. La España rural del siglo XIX. Industrialización, comercio y
comunicaciones.
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7.1. La evolución de la población y de las ciudades. De la sociedad
estamental a la sociedad de clases.
1.1. La evolución demográfica y migratoria
Durante el siglo XIX, la población española creció de forma lenta, influida por la persistencia del
modelo demográfico antiguo y por el aumento de los movimientos migratorios.
La evolución de la población y el sistema demográfico
Entre 1797, año del censo de Godoy, y 1900, la población española pasó de 10,6 a 18,6 millones de
habitantes. Este crecimiento fue moderado y menor que el de otras potencias europeas como
Alemania o el Reino Unido. La natalidad se mantuvo elevada, en torno al 42 %, y la esperanza de
vida aumentó lentamente, pasando de 28 años en 1800 a 35 en 1900.
La mortalidad seguía siendo alta, como resultado de diversos factores. Las guerras,
especialmente la Guerra de la Independencia y las contiendas carlistas, tuvieron un fuerte
impacto. A esto se sumaron crisis de subsistencia provocadas por la baja productividad agraria y
varias malas cosechas, destacando las de los periodos 1856–1858 y 1866–1869. También fueron
determinantes las epidemias de enfermedades infecciosas como el tifus, el paludismo, la fiebre
amarilla y, en especial, el cólera. Otras enfermedades comunes, como la viruela, la gripe, el
sarampión o la difteria, afectaban sobre todo a las clases populares. Hacia finales del siglo,
comenzó a reducirse la mortalidad ordinaria gracias a mejoras en la higiene y en las condiciones
de vida. Así, la tasa de mortalidad bajó del 40 % en 1800 al 30–35 % en 1900. No obstante, la
mortalidad catastrófica no empezó a descender hasta finales de siglo, y el descenso de la
mortalidad infantil y juvenil se hizo esperar. Todo esto hizo que la transición demográfica
española avanzara más lentamente que la de otros países europeos.
El éxodo rural y el fenómeno migratorio
A lo largo del siglo XIX, la industrialización provocó un aumento general de las migraciones en
Europa, más acentuado en los países del norte. En España, el fenómeno migratorio ya era
conocido desde el Antiguo Régimen, ligado a la demanda estacional de mano de obra en el
campo o al servicio doméstico. En el último tercio del siglo, estos movimientos se intensificaron,
tanto hacia el interior como hacia el exterior. En el ámbito interno, las migraciones se dirigieron
hacia zonas urbanas y regiones industrializadas. Hasta 1860, estos desplazamientos fueron
limitados debido a las guerras, al lento desarrollo industrial y a la escasa productividad agrícola.
A partir de entonces, crecieron los flujos hacia capitales de provincia con funciones
administrativas y demanda de trabajadores, hacia ciudades en plena industrialización como
Barcelona, y hacia Madrid como núcleo político del país.
Las migraciones al extranjero aumentaron en las últimas décadas del siglo, impulsadas por el
crecimiento demográfico, la falta de modernización agraria y la escasa oferta laboral. Además,
estos movimientos se vieron favorecidos por factores como la expansión de la navegación a
vapor, que abarató y aceleró los trayectos, la construcción de la red ferroviaria, que facilitaba el
acceso a los puertos, y las oportunidades laborales ofrecidas por algunos países receptores.
Las principales regiones emisoras de emigrantes fueron Galicia, Asturias, Cantabria y Canarias,
debido a la falta de tierras cultivables y empleo, y también Cataluña, por sus lazos comerciales
históricos con América. A pesar de la pérdida del Imperio en Latinoamérica, muchos emigrantes
eligieron ese destino por las afinidades culturales, lingüísticas, religiosas e institucionales que
aún los vinculaban con esos territorios.
1.2. La evolución de las ciudades
A finales del siglo XIX, el crecimiento de la población española transformó profundamente las
ciudades, obligándolas a derribar sus antiguas murallas medievales y a modificar el trazado
urbano y sus servicios. En algunos núcleos urbanos se instalaron redes de distribución de agua
potable, alumbrado público y sistemas de alcantarillado, además de establecerse la recogida de
basuras y la creación de espacios verdes. Las estaciones de ferrocarril y, más adelante, los
tranvías se integraron en la estructura urbana.
En las periferias de las ciudades más industrializadas se construyeron fábricas y barrios obreros.
Algunas empresas, sobre todo del sector siderúrgico y ferroviario, edificaron viviendas para sus
trabajadores, mientras que la burguesía empresarial promovió viviendas de alquiler para el
proletariado. Estos barrios, en general, se desarrollaron en condiciones precarias, con viviendas
insalubres y escasos servicios básicos como el alcantarillado.
En contraste con estas zonas obreras, surgieron los ensanches destinados a la burguesía, como
los de Barcelona, según el plan Cerdà, y los de Madrid, siguiendo el plan Castro. Estas nuevas
áreas urbanas ofrecían viviendas amplias con luz y agua corriente, organizadas en calles rectas y
grandes avenidas adyacentes al casco antiguo. Los ensanches se convirtieron en centros
neurálgicos de la vida comercial y cultural de las ciudades.
La organización del trabajo y las condiciones laborales
El avance de la industrialización trajo consigo la consolidación del trabajo asalariado y la
introducción progresiva de maquinaria. En el sistema fabril, los trabajadores se concentraban en
grandes instalaciones, donde cumplían largas jornadas bajo estrictos horarios y una actividad
continua.
Las duras condiciones laborales provocaron las primeras formas de resistencia, como el
movimiento ludita, que culpaba a las máquinas de la pérdida de empleos. En 1835, este malestar
se manifestó en Barcelona con el incendio de la fábrica Bonaplata, que usaba máquinas de vapor.
La represión fue severa: el gobernador civil advirtió que los trabajadores que protestaran serían
arrestados y los reincidentes, expulsados. Tras esta etapa inicial, los empresarios impusieron una
férrea disciplina de fábrica, centrada en la eficiencia y la rentabilidad, controlando la
contratación y aplicando salarios bajos.
Durante las primeras fases de la industrialización, la calidad de vida de la clase obrera empeoró, y
en muchos casos esta situación se prolongó durante todo el siglo XIX. A finales de la centuria, la
Comisión de Reformas Sociales documentó las deficientes condiciones higiénicas en lugares
como la fábrica de tabacos de Valencia, las interminables jornadas laborales y sus consecuencias
en la salud de los trabajadores.
Los bajos salarios obligaban a que todos los miembros de la familia trabajaran, lo que impulsó la
incorporación de mujeres y niños al trabajo industrial. Las mujeres se emplearon principalmente
en los sectores textil y alimentario, donde sufrieron una fuerte discriminación salarial, ya que
cobraban mucho menos que los hombres por tareas similares.
También se incorporaron a las fábricas niños y niñas, con jornadas que alcanzaban hasta catorce
horas y salarios ínfimos. La Comisión de Reformas Sociales denunció esta realidad en los últimos
años del siglo. En la industria textil, menores de tan solo seis o siete años trabajaban en zonas
como Alcoy, Cataluña, Granada, Antequera o Valencia. En la minería, comenzaban a trabajar
entre los nueve y los once años, mientras que en áreas con menor desarrollo industrial se
iniciaban en el trabajo a partir de los diez o doce. Las condiciones laborales eran tan precarias
que muchos niños enfermaban gravemente o morían.
1.3. Las transformaciones sociales
La implantación del Estado liberal y las reformas económicas impulsaron una profunda
transformación social. La antigua sociedad estamental, basada en privilegios hereditarios, fue
reemplazada por una sociedad de clases, abierta y estructurada en función de la riqueza y el
nivel económico.
Las clases altas
Formadas por la aristocracia y la burguesía de negocios e industrial, las clases altas concentraron
el poder político y económico. Aunque legalmente desaparecieron los privilegios estamentales, la
nobleza y el clero conservaron su influencia. La alta nobleza mantuvo sus extensas propiedades,
incrementadas mediante la compra de tierras desamortizadas, y muchos de sus miembros
ocuparon cargos en la corte isabelina, accediendo así a funciones políticas, militares y
empresariales. A finales del siglo, esta nobleza comenzó a vincularse con la burguesía adinerada,
bien mediante matrimonios, bien compartiendo intereses económicos.
La burguesía, dividida entre industrial y de negocios, fue el grupo social en ascenso. La burguesía
financiera se enriqueció mediante la banca, la compra de deuda pública, la inversión bursátil y la
participación en grandes obras como el ferrocarril. La burguesía industrial, más localizada en
Cataluña y el País Vasco debido a la débil industrialización nacional, se enfrentó a las políticas
librecambistas que favorecían a productos extranjeros. Con el objetivo de alcanzar un estatus
similar al nobiliario, muchas familias burguesas invirtieron en tierras y bienes desamortizados,
accedieron a títulos nobiliarios o se unieron por matrimonio con la nobleza.
Este bloque de grandes propietarios dominó la vida política del Estado liberal gracias al sufragio
censitario, utilizando el poder político para reforzar su dominio económico.
Las clases medias
Ocupaban una posición intermedia entre las élites y las clases populares. Incluían a medianos
propietarios, comerciantes, pequeños industriales, funcionarios y profesionales liberales como
abogados, médicos o catedráticos. Aunque compartían con las clases altas ciertos gustos y
formas de vida, su capacidad de consumo era notablemente inferior.
El campesinado
Conformaba la mayoría de la población, representando en 1900 cerca del 70%. Era un grupo muy
diverso, integrado por labradores, ganaderos y jornaleros, con distintos niveles de propiedad.
Muchos campesinos trabajaban en pequeñas parcelas familiares o en tierras arrendadas. Las
desamortizaciones provocaron la concentración de la tierra en pocas manos y el empeoramiento
de las condiciones del campesinado, que perdió el acceso a tierras comunales y se enfrentó a
formas precarias de arriendo. Al no existir una industrialización intensa, la migración a las
ciudades fue lenta, generando un gran número de campesinos sin tierra ni empleo estable. La
dependencia del campesinado respecto a la oligarquía terrateniente generó redes clientelares
que reforzaron su vulnerabilidad económica. Las rentas elevadas, los bajos salarios y el
analfabetismo acentuaron su situación de miseria.
El proletariado
El desarrollo industrial creó una nueva clase obrera que se expandió a finales del siglo XIX.
Muchos trabajadores emigraron del campo a las ciudades para trabajar en fábricas textiles,
siderúrgicas o en el sector servicios. Las condiciones laborales eran duras: ingresos bajos, largas
jornadas, escasa seguridad y la necesidad de que mujeres y niños trabajaran por salarios aún más
reducidos. La falta de acceso a la educación perpetuó el analfabetismo, y la ausencia de
protección social dejaba a los trabajadores desamparados ante la enfermedad o el accidente.
El «ángel del hogar>>>
Durante el siglo XIX se difundió un modelo femenino ideal basado en la mujer burguesa, centrada
en el hogar y en el cuidado de la familia, caracterizada por la virtud, la obediencia y la pureza.
Este modelo, sin embargo, excluía a la mayoría de las mujeres, ya que aproximadamente el 90%
de las campesinas y obreras trabajaban fuera del hogar.
La cultura y las pautas de sociabilidad
Los cambios políticos y económicos transformaron también la vida cultural y social. Se
generalizaron nuevas pautas de consumo, espacios de ocio y formas de sociabilidad.
La educación
El pensamiento liberal defendía la educación como herramienta de progreso. Desde 1814 se
intentó legislar al respecto, y la Ley Moyano de 1857 estructuró un sistema centralizado y
gratuito dividido en tres niveles: primaria, secundaria y universidad. Sin embargo, los recursos
públicos fueron escasos y se centraron en la enseñanza superior, lo que permitió la proliferación
de instituciones educativas privadas y obreras. Aunque el analfabetismo disminuyó, en 1900 más
de la mitad de la población seguía sin saber leer ni escribir.
La difusión cultural
Instituciones como el Museo del Prado o el Museo Arqueológico Nacional se abrieron al público,
mientras que los ateneos, tanto liberales como obreros, impulsaron el acceso a la cultura. La
prensa jugó un papel fundamental en la educación de las masas, gracias a las leyes de imprenta
que permitieron la proliferación de periódicos, novelas por entregas y ensayos.
Los espacios de sociabilidad, ocio y consumo
Cafés y salones fueron centros de encuentro para las élites culturales y políticas, mientras que
las tabernas reunían a los trabajadores. El teatro, la música y los toros eran las formas de ocio
más populares, aunque también comenzaron a practicarse deportes como la esgrima, el tenis o
el ciclismo. El fútbol, introducido por los ingleses, empezó a difundirse en zonas mineras. A
finales del siglo, surgieron los primeros grandes almacenes, como El Siglo, fundado en Barcelona
en 1881.
El movimiento obrero
La organización del trabajo fabril y las precarias condiciones laborales dieron origen al
movimiento obrero, que cobró fuerza en la segunda mitad del siglo XIX. Inspirado por el
marxismo y el anarquismo, el movimiento se estructuró a través de sindicatos, partidos y
organizaciones internacionales. Las protestas obreras iniciales, como el ludismo, dieron paso a
formas más organizadas, como las Sociedades de Socorro Mutuo, asociaciones que ofrecían
ayuda frente a enfermedades, despidos o fallecimientos.
Los primeros movimientos de protesta
Las primeras huelgas se organizaron con el apoyo de cajas de resistencia. En 1855 tuvo lugar la
primera huelga general en España, en protesta contra las selfactinas. Aunque se lograron mejoras
salariales y de jornada, la represión posterior fue dura.
El marxismo y el anarquismo
El marxismo, formulado por Karl Marx y Friedrich Engels, denunció la explotación de los obreros
por parte de la burguesía y propuso la abolición de la propiedad privada mediante la intervención
del Estado para alcanzar una sociedad sin clases. Por su parte, el anarquismo defendió la libertad
individual y la supresión del Estado y de la propiedad privada.
Las revueltas campesinas
Durante el siglo XIX fueron frecuentes, sobre todo en zonas de latifundio como Andalucía. Las
causas principales fueron el empobrecimiento tras las desamortizaciones, la desigual
distribución de la tierra y las malas condiciones laborales. En 1861, el levantamiento de Loja,
liderado por Rafael Pérez del Álamo, fue especialmente violento. A comienzos del siglo XX se
produjeron huelgas rurales destacadas, como las de El Coronil en 1901 y Jerez en 1902.
La participación en el movimiento obrero internacional
Durante el Sexenio Democrático, el movimiento obrero español se vinculó con la Asociación
Internacional de Trabajadores (AIT), fundada en Londres en 1864. El anarquista Giuseppe Fanelli
difundió en España sus ideas, influyendo en figuras como Anselmo Lorenzo. En 1870 se fundó la
Federación Regional Española, que pronto se dividió entre anarquistas y marxistas, siendo estos
últimos expulsados en 1872. La AIT se disolvió en 1876. En 1889 se fundó la Segunda Internacional,
que impulsó símbolos del movimiento obrero como el himno de La Internacional y el Día del
Trabajador.
En España, este movimiento favoreció el desarrollo del asociacionismo, sindicatos y partidos
obreros, logrando mejoras salariales, reducción de la jornada, derecho de huelga y participación
política.
El desarrollo institucional del movimiento obrero
Con la Restauración, en 1874, se prohibieron las asociaciones internacionales. En 1881, el
anarquismo fundó la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE), que ganó fuerza
entre obreros catalanes e industriales. Dividida entre pacifistas y partidarios de la acción
violenta, esta última corriente protagonizó atentados como el del Teatro del Liceo o el asesinato
de Cánovas en 1897. La represión posterior llevó a los sectores moderados a fundar la CNT en el
siglo XX.
El marxismo, tras la expulsión de la AIT, organizó la Nueva Federación Madrileña en 1872. De ella
surgiría en 1879 el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), impulsado por Pablo Iglesias Posse,
y en 1888, su sindicato afín, la Unión General de Trabajadores (UGT).
7.2. Las desamortizaciones. La España rural del siglo XIX.
Industrialización, comercio y comunicaciones.
Los gobiernos del Estado liberal impulsaron una serie de reformas con el propósito de
transformar el sistema de explotación de la tierra, consolidar la propiedad privada y liberalizar la
economía agraria con vistas a mejorar su productividad. Sin embargo, estos cambios no fueron
suficientes para alcanzar los objetivos propuestos.
2.1 Las desamortizaciones
La desamortización consistió en la incautación de bienes, en su mayoría tierras, por parte del
Estado, con compensación a los propietarios, para su posterior venta en subasta pública. Aunque
hubo antecedentes en el siglo XVIII, principalmente con bienes de los jesuitas, casas de
beneficencia, obras pías y patronatos, fue en el siglo XIX cuando se desarrollaron los dos grandes
procesos desamortizadores. El primero, iniciado por Mendizábal en 1836 y finalizado en 1844, y el
segundo, impulsado por Madoz durante el bienio progresista y prolongado posteriormente.
Estos procesos tenían como finalidad incrementar los ingresos del Estado, eliminar el sistema de
propiedad heredado del Antiguo Régimen y permitir que nuevos sectores sociales accedieran a la
tierra para fomentar una agricultura más productiva y moderna. Para ello, se abolieron los
señoríos y se desamortizaron los bienes de la Iglesia y de los municipios.
Sin embargo, la mayor parte de las tierras desamortizadas fue adquirida por grandes
propietarios, altos funcionarios del nuevo Estado, comerciantes, militares o administradores.
Muchos de estos nuevos dueños compraron con fines especulativos, buscando prestigio o
beneficios rápidos, sin interés por mejorar la explotación agrícola. Además, la inestabilidad
política y los conflictos armados de la primera mitad del siglo XIX dificultaron que estas
inversiones resultaran rentables o seguras.
Las consecuencias de las desamortizaciones
Aunque las desamortizaciones generaron ingresos para la Hacienda y alteraron la estructura de
la propiedad agraria, no cumplieron con el objetivo liberal de crear una clase media de pequeños
propietarios. El campesinado, que no pudo competir en las subastas, quedó excluido del acceso a
la propiedad, mientras que los antiguos señoríos se convirtieron en grandes fincas privadas. Los
campesinos, que antes tenían ciertos derechos sobre las tierras a cambio de rentas señoriales,
pasaron a ser arrendatarios o jornaleros, sin protección y más dependientes que nunca.
La desamortización de los bienes eclesiásticos alteró las relaciones entre Iglesia y Estado. El
clero perdió su base patrimonial, y el Estado asumió su manutención, otorgándole a cambio un
papel más activo en el ámbito educativo. Por otro lado, la venta de tierras municipales privó a los
campesinos del uso de los bienes comunales, lo que agudizó aún más su situación de pobreza y
exclusión.
Las transformaciones agrarias
Pese a los límites de las desamortizaciones, durante el siglo XIX se produjo un aumento
moderado de la producción agrícola. Este crecimiento se debió a la ampliación de la superficie
cultivada, que favoreció la comercialización de productos agrarios, y a la expansión de cultivos
como la vid (que se convirtió en producto de exportación), el maíz y la patata. También
contribuyeron las mejoras técnicas en riego y fertilización, así como el uso intensivo de mano de
obra, lo que permitió elevar los rendimientos en algunos casos.
A pesar de estos avances, la productividad del campo español seguía siendo baja. A finales del
siglo, alrededor del 70 % de la población activa seguía dedicada a la agricultura, una proporción
muy superior a la de los países del centro y norte de Europa. Este retraso se explica por varios
factores: las limitaciones físicas del terreno, como el relieve y la aridez, y el desigual reparto de la
tierra, que dificultó la mecanización y la adopción de métodos más modernos.
La estructura agraria estaba marcada por dos grandes grupos. Por un lado, una masa de
campesinos sin tierra o con parcelas demasiado pequeñas para producir excedentes o ahorrar.
Por otro, una minoría de grandes propietarios, los latifundistas, que empleaban a jornaleros y
campesinos sin tierra en condiciones precarias. Estos trabajadores eran contratados en
campañas estacionales, y en el resto del año, ante la abundancia de mano de obra, se fijaban
salarios muy bajos. Ni los pequeños campesinos ni los latifundistas realizaron inversiones
significativas en la modernización agraria hasta finales del siglo XIX.
2.2. La industrialización
La industrialización en España comenzó en el siglo XIX con un notable retraso respecto al Reino
Unido y al norte de Europa. Este desfase se debió a diversos factores: la escasa demanda interna
provocada por los bajos ingresos de la población, la falta de iniciativa inversora por parte de la
burguesía, la inestabilidad política y la ausencia de una tecnología propia desarrollada.
Los focos industriales
Los gobiernos liberales promovieron políticas destinadas a fomentar la producción y
comercialización industrial. En 1834 se suprimió el sistema gremial, lo que permitió la libertad de
producción y el avance en la mecanización. La Ley de Minas de 1868 marcó un punto de inflexión
al facilitar la explotación a gran escala de los recursos minerales, especialmente del carbón,
esencial para el funcionamiento de las máquinas de vapor y para el desarrollo de la industria
siderúrgica.
Cataluña se convirtió en el principal centro de la industria textil del algodón. La abundancia de
capitales, en parte procedentes de empresarios que regresaron tras la pérdida del imperio
colonial americano, favoreció la inversión en maquinaria moderna. Para 1861, los telares
mecánicos ya eran predominantes, lo que permitió reducir costes y acortar los tiempos de
producción. La protección arancelaria y el reemplazo de la lana por el algodón como tejido
habitual impulsaron aún más su crecimiento. Prueba de ello fue el aumento de las importaciones
de algodón en rama, que se multiplicaron por diez entre 1834 y 1876.
En Andalucía se desarrolló en una primera etapa una industria siderúrgica basada en el carbón
vegetal, con centros en Málaga, Huelva y Sevilla, aunque esta entró en decadencia por sus altos
costes de producción. También destacó la industria textil, especialmente en Málaga, y el
crecimiento de la minería, modernizada e intensificada por empresas extranjeras.
Durante el tercer cuarto del siglo, Asturias se consolidó como el principal núcleo siderúrgico del
país, gracias a la abundancia de carbón mineral en su territorio. Por su parte, en el País Vasco, la
llegada en 1876 del carbón de coque procedente de Gales, más económico y con mayor poder
calorífico que el asturiano, impulsó la industria siderúrgica basada en el hierro vasco, muy
demandado a nivel europeo. Esto propició la construcción de los Altos Hornos de Vizcaya y la
creación de los astilleros Euskalduna, vinculados al desarrollo de la industria naval.
A lo largo del territorio español también surgieron otras actividades industriales como las
químicas, metalúrgicas, agroalimentarias y manufactureras. Sin embargo, el desarrollo del
conjunto del sector se vio limitado por la debilidad del mercado nacional, ya que una gran parte
de la población carecía de capacidad de consumo y ahorro suficiente para sostener una industria
moderna.
2.3. La organización del trabajo y las condiciones laborales
La industrialización trajo consigo la consolidación del trabajo asalariado y la introducción de
maquinaria en los procesos productivos. En el modelo fabril, los trabajadores se concentraban en
grandes instalaciones donde cumplían largas jornadas bajo una estricta regulación horaria y un
ritmo constante de trabajo.
El descontento generado por las duras condiciones laborales provocó las primeras formas de
protesta, como el movimiento ludita, que culpaba a las máquinas de la pérdida de empleos. En
1835, los luditas incendiaron la fábrica Bonaplata en Barcelona, equipada con maquinaria de
vapor. La represión fue inmediata y severa: el gobernador civil amenazó con arrestos y
expulsiones a quienes participaran en las protestas. Una vez sofocados estos primeros brotes de
resistencia, los empresarios consolidaron un régimen laboral basado en una disciplina férrea,
criterios de rentabilidad y eficiencia, control absoluto sobre las contrataciones y salarios
extremadamente bajos.
Durante las primeras etapas del proceso industrial, la calidad de vida de los trabajadores se
deterioró considerablemente, y en muchos casos esta situación se prolongó hasta finales del
siglo XIX. La Comisión de Reformas Sociales, a finales de la centuria, puso de manifiesto las
pésimas condiciones higiénicas, como las observadas en la fábrica de tabacos de Valencia, las
jornadas laborales excesivas y las enfermedades derivadas de ellas.
Los sueldos insuficientes obligaban a toda la familia a contribuir al sustento, lo que propició la
incorporación masiva de mujeres y niños al trabajo fabril. El empleo femenino se concentró en
sectores como el textil y el alimentario, aunque bajo una evidente discriminación salarial: las
mujeres percibían remuneraciones muy inferiores a las de los hombres por realizar el mismo
trabajo.
Por su parte, el trabajo infantil era habitual en fábricas y minas. Niños y niñas comenzaban a
trabajar desde los seis o siete años en centros industriales como Alcoy, Cataluña, Granada,
Antequera o Valencia. En el sector minero, la incorporación laboral se producía entre los nueve y
los once años, mientras que en regiones menos industrializadas empezaban entre los diez y los
doce. Las jornadas podían alcanzar hasta catorce horas y los salarios eran ínfimos. Estas
condiciones insalubres y extenuantes llevaron a muchos menores a enfermar gravemente o
incluso a morir.
2.4. Comunicación y comercio.
Durante el siglo XIX, el comercio en España se vio lastrado por una industrialización lenta, una
demanda interna muy limitada debido a la baja capacidad adquisitiva de la población y una red de
transportes poco desarrollada.
La construcción del ferrocarril
La llegada del ferrocarril supuso un avance clave en la mejora de las comunicaciones y en la
articulación del mercado interior. Sin embargo, su expansión fue inicialmente muy reducida por
la inestabilidad política, las guerras carlistas y las dificultades geográficas de la península. La
primera línea férrea española se construyó en Cuba, entre La Habana y Bejucal en 1837, y en la
península se inauguraron los trayectos Barcelona-Mataró en 1848 y Madrid-Aranjuez en 1851.
La Ley General de Ferrocarriles de 1855 impulsó la planificación de una red radial centrada en
Madrid, impuso un ancho de vía más amplio que el europeo, permitió la participación de capital
extranjero y eliminó los aranceles a los materiales de construcción. Durante los doce años
siguientes se construyeron más de 400 kilómetros anuales de vía férrea, gracias a una fuerte
movilización de inversiones, en su mayoría extranjeras.
La crisis económica de 1866 frenó en seco este crecimiento. La rentabilidad del transporte
ferroviario resultó mucho menor de lo esperado, lo que provocó el desplome del valor de las
acciones del sector. En 1873 se reanudaron las obras, aunque a un ritmo más lento, con una
media de 230 kilómetros anuales. Durante esta segunda etapa se impulsaron líneas transversales
como las que unieron Oviedo con Huelva y Zaragoza con Tarragona. Para 1896, la red ferroviaria
había adquirido una estructura similar a la actual en las vías convencionales. En términos de uso,
el número de viajeros pasó de 11,5 millones en 1871 a más de 34 millones en 1900.
El ferrocarril permitió una mayor movilidad de personas y mercancías, favoreció la integración
del mercado nacional y contribuyó a la estabilización de los precios de productos esenciales
como el trigo.
El comercio interior
Para facilitar el comercio interior se suprimieron numerosos impuestos y peajes sobre el tránsito
de productos. Sin embargo, el aumento del consumo no se consolidó hasta finales de siglo. La
escasa red de caminos y la inexistencia de ríos navegables limitaron gravemente el transporte
terrestre. La inversión pública en infraestructura no se activó con fuerza hasta bien entrado el
tercer cuarto del siglo, y al igual que el ferrocarril, la red viaria también adoptó un trazado radial,
generando amplias zonas sin conexión directa.
En este contexto, la venta minorista de productos agrícolas y manufacturados dependió en gran
medida de arrieros y carreteros, quienes transportaban mercancías en mulas a través de caminos
rurales. Su labor fue esencial para enlazar los mercados locales y regionales. Aunque la Cabaña
Real de Carreteros perdió sus privilegios en 1836, esta organización siguió funcionando hasta los
años 70 del siglo XIX.
El comercio exterior
El comercio exterior español se desarrolló con más intensidad a partir de la segunda mitad del
siglo XIX. Las principales importaciones fueron el algodón en rama y el carbón de coque,
mientras que las exportaciones se centraron en productos textiles, minerales y agrícolas. La
pérdida de las colonias americanas obligó a redirigir el comercio hacia otros destinos,
principalmente Francia y el Reino Unido.
La política comercial se vio condicionada por el debate entre librecambistas, que promovían el
libre comercio, y proteccionistas, que abogaban por medidas arancelarias para defender la
industria y agricultura nacional frente a la competencia extranjera.
La banca
El proceso de industrialización requirió una renovación del sistema financiero, que se consolidó
con la Ley de Bancos y Sociedades de Crédito de 1856. A partir de esta norma se fundaron nuevas
entidades privadas dedicadas a conceder créditos a corto y largo plazo.
En 1868, la adopción de la peseta como moneda única puso fin a la dispersión monetaria y facilitó
las transacciones comerciales. Al mismo tiempo, la banca estatal desempeñó un papel clave en la
financiación del déficit crónico de la Hacienda. El Banco de San Fernando, fundado en 1829, fue
transformado en el Banco de España en 1856, y en 1874 obtuvo el monopolio de emisión de
billetes en todo el país.