Derecho al Derecho de acceso al Derecho a la Derecho a la espacio público transporte público comunicación igualdad y a la no discriminación A espacios amables deben acceder para la vida poder recorrer Acceso, calidad y seguridad, el transporte público les debe brindar Con el mundo se deben comunicar para el conocimiento poder encontrar Protección y participación con igualdad, principios que velan por su dignidad Derecho a la Derecho al identificación trabajo educación Derecho a la Derecho a la La ciudadanía les permite ejercer la plenitud de derechos que tiene todo ser Trabajo digno deben disfrutar y con su esfuerzo poder aportar La educación les permite participar y su potencial poder desarrollar Servicios de salud deben recibir y, así, en bienestar gozar su vivir salud DERECHOS, DEBERES Y MECANISMOS DE ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y VÍCTIMAS DE MINAS ANTIPERSONAL -MAP-, MUNICIONES SIN EXPLOTAR -MUSE- Y ARTEFACTOS EXPLOSIVOS IMPROVISADOS -AEI-. “ FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ESPECIALMENTE VÍCTIMAS DE ACCIDENTES CON MINAS ANTIPERSONAL”. Cartilla Institucional COMITÉ DIRECTIVO CONJUNTO CRÉDITOS PRESENTACIÓN INTRODUCCIÓN MENSAJE DE LA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN –-JICADEL DICHO AL HECHO, POR NUESTROS DERECHOS DERECHO AL ESPACIO PÚBLICO DERECHO AL TRANSPORTE PÚBLICO DERECHO A LA COMUNICACIÓN DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN DERECHO A LA IDENTIFICACIÓN DERECHO AL TRABAJO DERECHO A LA EDUCACIÓN DERECHO A LA SALUD Haga click sobre el tema que desea consultar. MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS BIBLIOGRAFÍA ANEXOS: NORMOGRAMA ACTUALIZADO DE DISCAPACIDAD 2010 Y VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA Retorne al menú desde cualquier página con el botón ubicado en la parte superior de cada página. DIRECTORIO INSTITUCIONAL NACIONAL GLOSARIO DE SIGLAS FORMULARIOS PARA RECOBROS AL FOSYGA Menú 00 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Desde cualquier página utilice las pestañas laterales para cambiar de tema. Regresar al menú Agencia de Cooperación Internacional del Japón JICA Señor Kyo Takahashi Experto en Rehabilitación Integral, Asesor Jefe Hospital Universitario de San Vicente Fundación Diana María Molina Montoya Jefe Departamento de Medicina Física y Rehabilitación Señora Masako Kurokawa Asesora Técnica, Participación Comunitaria / Salud Pública Diana Natalia Londoño Vélez Jefe Cooperación y Donaciones Señor Hiroaki Itabashi Coordinador Administrativo Hospital Universitario del Valle Belkys Angulo Brión Subdirectora Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal Soraida Delgado Sierra Asesora, Asistencia Integral a Víctimas Directora Proyecto Fundación IDEAL Rodolfo Millán Muñoz Director Ejecutivo El Comité de Rehabilitación Carlos Quintero Valencia Subdirector de Desarrollo Técnico Ministerio de la Protección Social Rocío Gutiérrez Méndez Asesora Técnica Proyecto Dirección General de Promoción Social Blanca Cecilia Cano Restrepo Líder de Investigación Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia Natalia Montoya Palacio Profesional Universitario Programa Discapacidad Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca Mercedes Paredes B. Coordinadora Centro Regulador de Urgencias y Coordinador de Emergencias en Salud - CRUE - VALLE Álvaro José Morales Vela Profesional Universitario Centro Regulador de Urgencias y Coordinador de Emergencias en Salud - CRUE - VALLE Comité directivo conjunto del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 00 Regresar al menú Elaborado por: Revisado por: Ministerio de la Protección Social Rocío Gutiérrez Méndez Asesora Técnica Proyecto Dirección General de Promoción Social Equipo técnico y directivo del proyecto Yenny Maritza Alvarado Rojas Grupo Discapacidad Dirección General de Promoción Social Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal Soraida Delgado Sierra Asesora, Asistencia Integral a Víctimas Directora Proyecto Créditos 00 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Diseño y Diagramación: info@incubodc.com Regresar al menú Este manual fue diseñado, producido, editado y publicado con el apoyo económico de la ©Agencia de Cooperación Internacional del Japón –JICA–, en el marco del proyecto de cooperación técnica “Fortalecimiento del sistema de rehabilitación integral para personas con discapacidad, especialmente víctimas de accidentes con minas antipersonal”, por lo que se prohíbe su venta. Su distribución es gratuita. La reproducción y publicación deberá tener la autorización del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal de la Vicepresidencia de la Republica y/o el Ministerio de la Protección Social. Créditos del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 00 Regresar al menú Colombia hoy enfrenta el reto de consolidar una política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario, a partir de un diálogo social, con las comunidades, organizaciones de derechos humanos y en general con la sociedad civil que tiene el firme propósito de buscar soluciones que acaben con la violencia social que ha sufrido durante décadas el País. La presentación de esta Ley refleja de manera inequívoca la voluntad política del Gobierno Nacional por otorgar una mayor prioridad a las víctimas y por sancionar a los victimarios. Solo de esta forma podremos avanzar hacia un camino de perdón y reconciliación con perspectivas de paz. Como sociedad, tenemos unas coincidencias, la búsqueda de la paz y la reconciliación. Como Gobierno, tenemos imperativos: la promoción y protección de los derechos humanos, la búsqueda de la prosperidad con equidad y con respeto por el medio ambiente, el rechazo a la ilegalidad y a la violencia en todas sus formas y expresiones, lo mismo que la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada. Cabe señalar que dicha iniciativa se encuentra en el marco de la preocupación del Gobierno Nacional por incluir criterios diferenciales en la atención a las víctimas de la violencia. De hecho, las iniciativas para la promoción de los Derechos Humanos lideradas desde la Vicepresidencia contemplan enfoques diferenciales en materia de género, discapacidad y atención a comunidades afectadas como afrocolombianos y pueblos indígenas. Es propósito del Estado garantizar la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas, la reconciliación y la paz. En este sentido las acciones lideradas desde el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, buscan articularse con el proyecto que el Gobierno Colombiano ha presentado en septiembre de 2010 para reparar a las personas que han sido víctimas de la violencia en nuestro país y restituir la tierra a aquellas personas que hayan sido despojadas violentamente de la misma. En dicho contexto, la publicación de esta cartilla de deberes, derechos y mecanismos de acceso de personas con discapacidad, y en especial víctimas de Minas Antipersonal, representa un instrumento invaluable para hacer pedagogía en las comunidades y víctimas sobre los instrumentos que tienen a alcance para hacer valer sus derechos en materia de Asistencia Integral; y, a las IPS y Autoridades locales, un referente claro para asumir las responsabilidades que las leyes y la constitución les establece. Presentación del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 00 Regresar al menú Uno de nuestros deberes como coordinadores de la Política Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario es propender por la continua difusión de los derechos de las víctimas, razón por la cual esta iniciativa deberá ser replicada conforme al avance de la normativa nacional. A partir de la aprobación de la Ley de víctimas y restitución de tierras, se tiene proyectado realizar una inversión importante durante los próximos 10 años. En este sentido, es de especial importancia el apoyo brindado por el Gobierno y el pueblo del Japón, a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) quien ha acompañado sostenidamente durante las últimas administraciones el fortalecimiento de las capacidades del Estado colombiano para garantizar la plena rehabilitación en inclusión socioeconómica de las víctimas de minas antipersonal. A ellos, un especial Presentación 00 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS agradecimiento, y el firme compromiso de hacer posibles las condiciones para generar la sostenibilidad del proyecto de cooperación en materia de Fortalecimiento al Sistema de Rehabilitación Integral para personas en situación de discapacidad, especialmente víctimas de accidentes con Minas Antipersonal –MAP-, Municiones sin Explotar –MUSE- y Artefactos Explosivos Improvisados –AEI-. Angelino Garzón Vicepresidente de la República Regresar al menú El Estado ha diseñado una serie de instrumentos legales que le permitan garantizar el goce efectivo de derechos de las víctimas de la violencia y las personas con discapacidad 1 , entre los que se encuentran las víctimas de las minas antipersonal. Dichas leyes se encuentran en concordancia con el plan nacional de desarrollo “Prosperidad para Todos 2010 – 2014”, con el que se pretende “garantizar la atención y reparación integral de las víctimas de minas antipersonal” (Plan Nacional de Desarrollo. 2010, p. 25). La contaminación de las tierras con Minas Antipersonal por parte de los grupos armados al margen de la Ley (GAML), se hace sin un patrón definido lo que convierte estos artefactos en armas que obstaculizan el desarrollo de las comunidades, y que afectan física y sicológicamente a sus miembros. Lo complejo de esta situación se manifiesta en el alto número de víctimas registradas en el país. Así, según reportes del Land Mine Monitor de 2010 2 , para 2009 Colombia fue el segundo país con mayor número de nuevas víctimas en el mundo, solo superado por Afganistán. Así 11 Entre los instrumentos legales se destacan la Ley 1346 de 2009 por medio de la cual se aprueba la "Convención Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad", la Ley 361 de 1997 Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación, la Ley 418 de 1997 donde se consagran los instrumentos para la búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia. (Título II Atención a víctimas) y el Decreto 3990 de 2007 que reglamenta la Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes del Tránsito del Fondo de Solidaridad y Garantía mismo, según cifras del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA) en 2010, a pesar de la reducción del 46% en el número de víctimas comparado con el año anterior, se registraron un total de 399 víctimas lo que da cuenta del elevado nivel de afectación del país. El señor Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, ha venido liderando las estrategias tendientes a garantizar el efectivo cumplimiento de la legislación relacionada con el tema. De esta forma, ha impulsado las estrategias que permitan orientar a las víctimas y a sus familias, y a las comunidades en riesgo, en el efectivo goce de sus derechos. En el marco del proyecto de cooperación técnica “Fortalecimiento del sistema de rehabilitación integral para personas con discapacidad, especialmente víctimas de accidentes con minas antipersonal”, han realizado una estrategia de información, educación y comunicación en derechos y deberes (FOSYGA), y establece las condiciones de operación del aseguramiento de los riesgos derivados de daños corporales causados a las personas en evento terroristas, entre otras. 22 Véase el informe del Land Mine Monitor 2010 en http://www.themonitor.org/index.php/publications/display?url=lm/2010/es/Casualties_and_Victi m_Assistance.html Introducción del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 00 Regresar al menú para personas con discapacidad y víctimas de Minas Antipersonal –MAP-, Municiones sin Explotar –MUSE- y Artefactos Explosivos Improvisados –AEI-, “del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS”. Como parte de esta estrategia, se ha diseñado la presente cartilla institucional, con la cual se espera dar a conocer los derechos, deberes y mecanismos para que personas con discapacidad, especialmente las victimas de Minas Antipersonal –MAP-, Municiones sin Explotar –MUSE- y Artefactos Explosivos Improvisados –AEI-, accedan a los servicios que estipula la ley. Esta cartilla pretende facilitar el acceso a la información sobre los derechos, deberes y mecanismos de acceso de las víctimas de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados y espera convertirse en un mecanismo que ayude a garantizar el goce efectivo de sus derechos. La misma, se encuentra dirigida a los actores institucionales 3 , con 33 Se encuentra dirigida a los profesionales, autoridades, dirigentes de entidades como Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) focalizadas, puestos de salud, programa aéreo de salud, centro regulador de urgencias y emergencias, instancias intersectoriales, ligas de usuarios, veedurías, comités municipales y departamentales de discapacidad, comités de Derechos Humanos, comités de Acción Integral contra Minas Antipersonal, sector educativo y autoridades locales entre otras. Introducción 00 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS los que se espera que el conocimiento sobre los derechos y deberes de las víctimas de minas se multiplique en las comunidades afectadas. Daniel Ávila Camacho Director del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal -PAICMA- Regresar al menú Como Representante Residente de la oficina de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón –JICA- en Colombia, es muy grato publicar esta Guía “del dicho al hecho POR NUESTROS DERECHOS”, la cual es uno de los resultados del proyecto de cooperación técnica “Fortalecimiento del Sistema de Rehabilitación Integral para Personas con Discapacidad, especialmente Víctimas de Accidentes con Minas Antipersonal” que JICA esta apoyando en su ejecución al Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal PAICMA y al Ministerio de la Protección Social. La Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA es la entidad del Gobierno Japonés encargada de implementar la Ayuda Oficial al Desarrollo AOD, que otorga Japón a los países en vías de desarrollo. En Colombia, JICA se encuentra establecida desde el año de 1980, previa suscripción del Convenio Referente a Cooperación Técnica celebrado entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Japón. En el año 2010, celebramos 30 años de nuestra asistencia técnica en diferentes áreas y a un universo variado de instituciones en Colombia. Actualmente, nuestro Plan de Implementación de la cooperación de JICA a Colombia consensuado y concertado con el Gobierno Colombiano, esta conformado por tres “Áreas Prioritarias” que en su orden son: 1. Construcción de Paz 2. Crecimiento Econó- mico Sostenible 3. Medio Ambiente y Prevención de Desastres. Especialmente en el área de Construcción de Paz, iniciamos en el año 2008 el “Programa de Apoyo a las Victimas del Conflicto, Convivencia y Reconciliación” con vigencia hasta año 2013. En el marco de este programa, estamos ejecutando varios proyectos cuyos beneficiarios son las victimas de la violencia específicamente la población en situación de desplazamiento, familias y comunidades receptoras de desmovilizados y victimas de minas antipersonal, dividido en subprogramas. El proyecto antes mencionado, y por el cual publicamos esta Guía, es uno de los proyectos ejecutados dentro del subprograma Acción Integral contra Minas. El objetivo del proyecto es fortalecer el sistema de rehabilitación integral, que involucra todas las actividades, mecanismos, procedimientos y actuaciones desde el momento de incidente hasta la salida de proceso de rehabilitación. Con esta Guía estamos cumpliendo con el resultado 3 del proyecto “Los actores involucrados, en los municipios focalizados, conocen los derechos, deberes y mecanismos para que la población en situación de discapacidad, (especialmente las victimas de Minas Antipersonal –MAP-, Municiones sin Explotar –MUSE- y Artefactos Explosivos Improvisados –AEI-) accedan a los servicios que estipula la ley”. Convirtiéndose en una más de las herramientas del material educativo utilizado por los multiplicadores y Mensaje de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón –-JICAdel dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 00 Regresar al menú trabajadores sociales de las entidades prestadoras de servicios en los municipios objeto del proyecto para socializar y visibilizar los derechos, deberes y mecanismos para el acceso a los servicios hospitalarios, en una palabra colaborar con el goce efectivo de los derechos de esta población vulnerable. Espero que esta modesta guía sirva para mejorar la calidad de vida de los y las colombinos (as) con discapacidad, específicamente las víctimas de minas antipersonales y colaborar en la atención de las instituciones responsables de la prestación de los servicios y en atender con calidad, eficiencia, eficacia y oportunidad a esta población. Finalmente quiero expresar mi gran reconocimiento, agradecimiento y paciencia a los funcionarios y empleados de las entidades ejecutoras del proyecto: PAICMA, Ministerio de la Protección Social, Secretarias de Salud de los departamentos del Valle del Cauca y Antioquia, Hospital Universitario de San Vicente Fundación, Hospital Universitario de Valle, Fundación Ideal y Comité de Rehabilitación. Con este pequeño apoyo, el pueblo japonés confía estar contribuyendo a la construcción de una paz duradera y estable en Colombia. KIYOSHI YOSHIMOTO Representante Residente Agencia de Cooperación Internacional del Japón -JICA-. Mensaje de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón –-JICA- 00 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Regresar al menú del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Estrategia de información, educación y comunicación en derechos, deberes y mecanismos de acceso para personas con discapacidad y víctimas de Minas Antipersonal –MAP-, Municiones sin Explotar –MUSE- y Artefactos Explosivos Improvisados –AEI-. Los derechos de las personas con discapacidad son un hecho; conozcamos estos derechos para asesorarlos y facilitarles su acceso a ellos. Conservemos esta valiosa herramienta, consultémosla y hagamos uso de ella. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, en su artículo 2, “Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación…”. Por lo tanto, la generación de espacios y mecanismos para hacer efectivos estos fines esenciales es una responsabilidad compartida entre las personas con discapacidad, las instituciones públicas, privadas y nosotros, como profesionales de la salud y servidores públicos. De este modo nos convertimos en facilitadores para que las personas con discapacidad y las víctimas de Minas Antipersonal –MAP-, Municiones sin Explotar –MUSE- y Artefactos Explosivos Improvisados –AEI-, accedan a sus derechos (teniendo en cuenta que no existen derechos especiales para las personas con discapacidad sino que se deben modificar los entornos sociales y culturales para que se les facilite la participación en sociedad de forma activa y equitativa). La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), precisa: “Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, les impiden su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas”. Esto significa que la discapacidad no está centrada únicamente en las personas que la poseen, sino que se relaciona también con las barreras del medio ambiente que dificultan su participación en igualdad de condiciones con los demás, en todas las esferas de la vida. Por lo anterior, se considera una necesidad que las personas con discapacidad y sus familias, las instituciones, y la sociedad en general, conozcan los principios y mecanismos para garantizar el acceso a estos derechos prioritarios: 1. 2. 3. 4. 5. Derecho al espacio público. Derecho al transporte público. Derecho a la comunicación. Derecho a la igualdad y a la no discriminación. Derecho a la identificación. del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 00 Regresar al menú 6. Derecho al trabajo. 7. Derecho a la educación. 8. Derecho a la salud. Antes de explicar a fondo estos ocho (8) derechos, es necesario que tengamos claro en qué consiste el derecho a la accesibilidad, definido como el grado en que todos podemos utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de nuestras capacidades técnicas, cognitivas o físicas, y que además nos permite obtener todos nuestros derechos en igualdad de oportunidades al resto de la población sin importar la edad, el sexo, la pertenencia étnica y nuestras condiciones físicas, psíquicas y sensoriales. Así, todas las personas tenemos derecho a participar en la sociedad y en diversas actividades cotidianas, al igual que a hacer uso y disfrutar libremente de todos los servicios que ofrece la comunidad , eliminando las barreras que dificultan el goce pleno de nuestros derechos. Esto incluye no sólo el acceso físico a los lugares sino también a la comunicación y a la información, a tecnologías como Internet, y a una vida económica social estable y sostenible. Teniendo claro en qué consiste el derecho básico a la accesibilidad, conozcamos los ocho (8) derechos prioritarios al igual que los deberes y mecanismos para garantizar acceso en igualdad de las PcD . Todos los cuales corresponden a los intereses propios del desarrollo del proyecto de “Fortalecimiento del sistema de rehabilitación integral para personas con discapacidad, especialmente víctimas de accidentes con Minas Antipersonal –MAP-, Municiones sin Explotar –MUSE- y Artefactos Explosivos Improvisados –AEI-”. 00 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Regresar al menú Derechos, Deberes y Mecanismos de Acceso Regresar al menú A espacios amables deben acceder para la vida poder recorrer Derecho al espacio público 1 Derechos 2 Mecanismos Regresar al menú PcD tienen derecho a “Las disfrutar del espacio público. Dicho espacio debe adaptarse a las PcD y no estas al espacio”. Las PcD tienen derecho a disfrutar del espacio público, entendido éste como: Los inmuebles, edificaciones o espacios abiertos naturales a los cuales tienen acceso todos los habitantes del territorio nacional para su uso y disfrute, según el artículo 2 del Decreto 1504 de 1998. Los bienes de uso público que pueden utilizar todos los habitantes del territorio nacional, según el artículo 3 del Decreto 1504 de 1998. Las construcciones arquitectónicas, espacios abiertos y naturales de propiedad privada de uso público, según el artículo 3 del Decreto 1504 de 1998. 1 Derechos 00 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Regresar al menú ¿Con qué mecanismos deben contar para el derecho al ESPACIO PÚBLICO poder disfrutar? Al menos a un servicio sanitario accesible a su condición en las edificaciones de uso público, según el Decreto 1538 de 2005, artículo 9, literal C, numeral 7, que reglamenta la Ley 361 de 1997. parqueaderos, equipamientos, bordillos, agarraderas, etc., según NTC 4140, 4143, 4145, 4201, 4249. Estas Normas Técnicas Colombianas están consideradas en el parágrafo del literal d del artículo 9 del Decreto 1538 de 2005. El adecuado uso de las bahías de estacionamiento para las personas con movilidad reducida, según la Ley 1287 de 2009. Adecuada señalización sonora, táctil y visual de los espacios, que incluyan lenguajes para cada discapacidad. Adecuadas condiciones de acceso en edificaciones, en lo relativo a rampas fijas, ascensores, pasillos o corredores, 2 Mecanismos del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 19 Regresar al menú Derecho de acceso al Acceso, calidad y seguridad, el transporte público les debe brindar transporte público 1 Derechos 2 Mecanismos 3 Deberes Regresar al menú PcD tienen derecho a “Las movilizarse a través del transporte público de su elección, en buenas condiciones de acceso, comodidad, calidad y seguridad”. También tienen derecho a: Ser informados sobre los medios de transporte que están a su disposición y cómo acceder a ellos. Que existan políticas para fomentar su uso masivo, con equipamiento apropiado de acuerdo con sus necesidades. Que se realicen modificaciones en el espacio público para facilitar la movilidad y el acceso a diferentes espacios de acuerdo con su discapacidad (ya sea física, mental, intelectual o sensorial). Contar con un trato diferencial, amable y respetuoso por parte del personal de las empresas de transporte, bien sean públicas o privadas. 1 Derechos 00 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Regresar al menú ¿Con qué mecanismos deben contar para el derecho al TRANSPORTE PÚBLICO poder disfrutar? Mecanismos determinados mediante el Decreto 1660 de 2003: Posibilidad de transportar perros guía, sillas de ruedas o cualquier otra ayuda técnica sin costo alguno. En el transporte público de más de 25 sillas, dos de ellas deben estar reservadas especialmente para PcD, localizadas lo más cerca posible a las puertas de salida, con cinturones de seguridad y debidamente señalizadas. Parqueaderos en sitios especiales y marcados para personas con discapacidad. Prioridad en los asientos de los buses de transporte público. Contar con mecanismos de información y señalización visual, sonora y/o táctil, que garanticen el acceso a la información en los terminales de trasporte (aéreo, terrestre, marítimo o fluvial). Vías de acceso fácil, cómodas y seguras, de acuerdo con su discapacidad (física, mental, intelectual o sensorial). 2 Mecanismos del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 23 Regresar al menú ¿Qué deberes deben cumplir para el derecho al TRANSPORTE PÚBLICO poder recibir? Hacer uso adecuado de los medios de transporte, instalaciones en las terminales, estaciones de transporte y de las adaptaciones que se realicen para su comodidad. Brindar trato respetuoso a las personas que les orientan, a los trabajadores dispuestos en terminales de transporte, así como a los conductores de los diferentes medios de transporte. 3 Deberes 24 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Regresar al menú Con el mundo se deben comunicar para el conocimiento poder encontrar. Derecho a la comunicación 1 Derechos 2 Mecanismos 3 Deberes Regresar al menú PcD tienen derecho a la “Las comunicación como una acción básica del ser humano y de las sociedades, pudiendo hacer libre uso de ella sin importar su discapacidad”. También tienen derecho a: Opinar y expresarse espontáneamente, sin ser molestados a causa de sus opiniones. Investigar, acceder a la información, opinar libremente, producir información y difundirla: mediante lenguaje Braille, lenguaje de señas, medios electrónicos, u otros medios de comunicación que se encuentren disponibles. Solicitar y recibir información pública de forma fácil, accesible y gratuita. Participar en los diferentes medios alternativos de comunicación pública. 1 Derechos 00 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Regresar al menú ¿Qué mecanismos debemos garantizar para que el derecho a la COMUNICACIÓN puedan disfrutar? Nuevas tecnologías de información y comunicación desarrolladas por el Estado, como: Capacitación necesaria para el uso de tecnologías accesibles. Acceso a bibliotecas públicas, entidades de educación básica, media y superior, Cajas de Compensación Familiar y Casas de la Cultura en diferentes regiones del país que han adaptado tecnologías para personas con discapacidad visual. Acceso a la información y a la comunicación a través del servicio público de televisión para personas con discapacidad auditiva. Acceso a la información y a la comunicación a través del uso de tecnologías especializadas, en bibliotecas públicas, especialmente diseñadas para personas con sordoceguera. Acceso a la información y a la comunicación a través del uso del servicio telefónico del Centro de Relevo del proyecto “Telefonía Accesible” -( www.centroderelevo.gov.co). 2 Mecanismos del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 27 Regresar al menú ¿Qué deberes deben cumplir para el derecho a la COMUNICACIÓN poder acceder? Deben hacer uso adecuado de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para lograr su participación en sociedad en igualdad de oportunidades. Deben asistir a las jornadas de capacitación que se realizan periódicamente a través de los proyectos sociales del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 3 Deberes 28 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Regresar al menú Protección y participación con igualdad, principios que velan por su dignidad Derecho a la igualdad y a la no discriminación 1 Derechos 2 Mecanismos 3 Deberes Regresar al menú PcD tienen derecho a gozar “Las en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y de las libertades en los aspectos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo”. También tienen derecho a: Ser reconocidos como iguales ante la ley, a tener protección legal, y a beneficiarse de la Ley en igualdad de condiciones y sin discriminaciones. Que se prohíba toda discriminación por motivos de discapacidad y se garantice la protección legal y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo. Ser tratados en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la vida y evitar todas las formas de discriminación por causa de la discapacidad. 1 Derechos 00 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Regresar al menú ¿Qué mecanismos debemos garantizar para que el derecho a la IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN puedan disfrutar? Detectar y eliminar barreras físicas de acceso a espacios públicos y privados. Detectar y eliminar barreras de acceso administrativas a servicios de salud, educativos, culturales, sociales y recreativos. Facilitar y garantizar a las PcD espacios de participación ciudadana, social y política que comprendan y reconozcan sus capacidades. Garantizar oportunidades laborales en igualdad de condiciones o mediante acciones afirmativas para facilitar la participación de las personas con discapacidad. Propiciar la plena integración de las PcD en la sociedad, a través de acciones por parte del Estado, que cumplan con los objetivos de la legislación nacional e internacional, mediante la adopción de medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar progresivamente la discriminación contra las personas con discapacidad. Propiciar y garantizar el acceso de las PcD a las nuevas tecnologías de la comunicación. Facilitar información oportuna y clara sobre la oferta institucional de programas y servicios dirigidos a las personas con discapacidad. 2 Mecanismos del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 31 Regresar al menú ¿Qué deberes deben cumplir para que el derecho a la IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN puedan recibir? Hacer uso adecuado de los espacios de participación, exponer respetuosamente sus necesidades, conocimientos y propuestas, así como estar atentos a las de los demás. Hacer uso adecuado de los recursos y servicios a los cuales tienen acceso. No discriminar a otros por sus características físicas, de pertenencia étnica u otra situación o condición que los rodee. 3 Deberes 32 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Regresar al menú La ciudadanía les permite ejercer la plenitud de derechos que tiene todo ser Derecho a la identificación 1 Derechos 2 Mecanismos 3 Deberes Regresar al menú PcD tienen derecho a un “Las nombre, una nacionalidad, una ¿Qué pasos deben seguir para que el derecho a la IDENTIFICACIÓN puedan recibir? identidad, practicar su propia lengua, tener rasgos propios y pertenecer a un grupo étnico, cultural o social”. Solicitar su documento de identidad, si no cuentan con el. También tienen derecho a: Ser identificadas como ciudadanas. Derecho a elegir, a través del voto, a los gobernantes o a ser elegidos para cargos públicos. 1 Derechos 00 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Hacer ciudadanos a sus hijos, registrándolos civilmente. Luego solicitar la tarjeta de identidad, y a los 18 años tramitando la cédula de ciudadanía. Cambiar los documentos de identidad, a medida que crezcan sus hijos, es decir, el Registro Civil por la Tarjeta de Identidad y a los 18 años tramitar la Cédula de Ciudadanía. Estar inscritos en el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, que se diligencia a través de las Secretarías de Salud y/o de Desarrollo Social en los municipios del país. Regresar al menú Estar inscritos en el listado censal junto con su grupo familiar, si pertenecen a un pueblo indígena. Estar inscritos en el registro del Programa Presidencial de Atención Integral contra Minas Antipersonal –PAICMA– como víctimas de Minas Antipersonal –MAP-, Municiones sin Explotar –MUSE- y Artefactos Explosivos Improvisados –AEI-, lo que les garantiza acceder a los derechos establecidos por la ley. Estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud y contar con el carné de afiliación, en el cual debe estar registrada su discapacidad y el grado de limitación que poseen, de acuerdo con el Decreto 1660 de 2003. 1 Derechos del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 35 Regresar al menú ¿Qué mecanismos debemos garantizar para que el derecho a LA IDENTIFICACIÓN puedan disfrutar? Los menores de edad con discapacidad pueden ser registrados civilmente en cualquier momento, sin importar la edad. Para esto los adultos deberán: Dirigirse a la Oficina para la Atención al Discapacitado de la Registraduría Nacional del Estado Civil –OPADI–, donde los atenderán de manera especial y cómoda, facilitando y agilizando los trámites. Este servicio se presta a nivel nacional. En la OPADI pueden realizar los siguientes trámites: 1. Expedición de la tarjeta de identidad para los niños y niñas entre 7 y 13 años, y la renovación de este documento para los adolescentes entre 14 y 17 años de edad. 2. Trámite de cédulas de ciudadanía por primera vez. 3. Renovaciones, duplicados y rectificaciones. 2 Mecanismos 36 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Al día siguiente de la cedulación se hace entrega de la contraseña certificada. Debe aclararse que la contraseña sirve para cualquier tipo de trámite, excepto votar, y que al cabo de un mes, aproximadamente, se les entregará la cédula definitiva que pueden reclamar en el sitio donde la tramitaron. En el caso de que la discapacidad les impida el desplazamiento para adelantar el trámite, la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la Oficina para la Atención del Discapacitado, trasladará un funcionario para que realice los trámites en el lugar donde se encuentren las personas, sin ningún costo. Regresar al menú Para realizar este trámite, debemos informar sobre los siguientes requisitos: 1. No se necesita cita previa. Sin embargo, es posible llamar con anterioridad para solicitar información adicional y/o asesoría legal y psicológica, en caso de que las PcD la requieran. Igualmente, las PcD deben estar atentas a las brigadas de documentación que realiza la Registraduría Nacional del Registro Civil en todos los municipios del país en lugares como hogares de protección e instituciones de asistencia social para personas mayores, niños abandonados y demás instituciones o entidades que congregan a personas con discapacidad. 2. Para el trámite las personas deben presentarse con dos testigos mayores y con el acudiente. 3. Requisitos para solicitar la cédula de ciudadanía: Dos fotos 4 x 5 cm. en color, fondo blanco. Si la persona tiene el cabello muy claro, la foto debe ser con fondo azul claro, en casos especiales se le toma la foto en la misma oficina. Saber el RH y grupo sanguíneo. Fotocopia del Registro Civil (legible y sin enmendaduras), o de la Tarjeta de Identidad. Este servicio no tiene ningún costo. 2 Mecanismos del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 37 Regresar al menú ¿Qué deberes deben cumplir para el derecho a la IDENTIFICACIÓN poder recibir? Realizar el trámite de identificación de sus hijos y el propio, de acuerdo con su edad. Tener un documento de identidad y actualizarlo de acuerdo con los cambios de edad (NUIP, tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía). Aplicar al Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, que en los diferentes municipios de Colombia se diligencia a través de las Secretarías de Salud y/o de Desarrollo Social. Proteger y cuidar sus documentos de identificación, entendiendo que son de uso personal e intransferible. 3 Deberes 38 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Regresar al menú Trabajo digno deben disfrutar y con su esfuerzo poder aportar Derecho al trabajo 1 Derechos 2 Mecanismos 3 Deberes Regresar al menú PcD tienen derecho a un “Las trabajo libremente elegido o Recibir por parte del Estado y de los empleadores formación profesional y técnica para el desarrollo de su trabajo. aceptado en un mercado y entorno laboral abierto, accesible, que les permita participar en la sociedad”. Ser ubicados laboralmente, en edad de trabajar, en una actividad acorde con sus capacidades y contar con los apoyos técnicos requeridos para el cabal desempeño de las funciones asignadas. Esto implica la protección de sus derechos laborales en igualdad de condiciones con las demás personas; la prohibición de ser rechazados laboralmente por motivos de su discapacidad, así como la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio, la servidumbre y/o la esclavitud. También tienen derecho a: Derechos determinados en la Constitución Política de 1991 en su artículo 54. 1 Derechos 00 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Si en un concurso para acceder a un cargo público hay un empate entre una persona con discapacidad y una persona sin discapacidad, se preferirá a la persona con discapacidad. Si una asociación o empresa constituida por personas con discapacidad ofrece bienes y servicios, las entidades estatales deberán preferir en sus contratos a estas entidades; lo mismo se aplicará al manejo de los conmutadores telefónicos de las entidades estatales. Recibir el salario correspondiente a la labor establecida. Por ninguna razón el salario será inferior al salario mínimo legal vigente y se deberán recibir los mismos beneficios laborales que los demás trabajadores. Regresar al menú ¿Qué mecanismos debemos garantizar para que el derecho al TRABAJO puedan disfrutar? Para hacer efectivo este derecho, las PcD cuentan con el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–, que actualmente ofrece: b. Bolsa de empleo: A través del Servicio Nacional de Empleo –SNE- podrán acceder a las oportunidades laborales que más se ajusten a sus condiciones. a. Programas de formación: SENA incluyente: A través de los 115 Centros de Formación del país, las PcD podrán acceder a los diferentes programas de formación con los siguientes beneficios: A través del Servicio Nacional de Empleo – SNE- pueden acceder a información para aplicar a las vacantes de las que informan los empresarios; se puede acceder gratuitamente a través del sitio web del SENA: (www.sena.edu.co) y en (www.colombianostrabajando.sena.edu.co). Igualmente, es posible hacerlo acercándose a las instalaciones del SENA más cercanas a sus residencias. Certificación de competencias laborales e intermediación laboral. Valoración de sus potencialidades. Orientación profesional donde se relacionan sus capacidades con la demanda laboral existente. Servicio Público de Empleo. c. Crédito y Fomento: A través de estas entidades y servicios pueden acceder al capital para crear su propia empresa. 2 Mecanismos del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 41 Regresar al menú Fondo Emprender: financia sus proyectos empresariales si pertenecen a alguno de estos grupos: aprendices, practicantes universitarios (de último año de la carrera profesional), o profesionales si han pasado más de dos años de haber recibido su PRIMER título profesional. Banca de Oportunidades: les brinda la oportunidad de acceder a crédito y a los demás servicios financieros como familias de menores ingresos, micro, pequeñas, medianas empresas, y como emprendedores. Red de la Banca de Oportunidades: les ofrece, como población desatendida, crédito y otros servicios financieros. Para obtener mayor información sobre cómo acceder a estos programas y sus requisitos pueden comunicarse gratuitamente: Línea Nacional 01 8000 96 30 40 2 Mecanismos 42 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS ¿A qué otros beneficios tienen acceso a través de la vinculación al trabajo? La vinculación laboral brinda la posibilidad de acceder al derecho a la pensión. Con frecuencia las PcD no acceden a los derechos y beneficios que otorgan las Leyes 100 de 1993, 797 y 860 de 2003, que son: a. Pensión de invalidez por riesgo común: Beneficios determinados en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003 y el Decreto 692 de 1994, artículo 2. Tienen derecho a esta pensión las personas con discapacidad causada por cualquier origen (enfermedad o accidente) no provocado intencionalmente, habiendo perdido el 50% o más de su capacidad laboral. Requisitos: Presentar invalidez causada por enfermedad y previamente haber cotizado cincuenta (50) semanas en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de la misma. Regresar al menú Si las PcD son menores de 20 años de edad, deben acreditar haber cotizado 26 semanas en el año inmediatamente anterior al hecho causante de la invalidez. En caso de que hayan cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá haber cotizado 25 semanas en los últimos 3 años. b. Pensiones especiales: Haber cotizado en forma continua o discontinua 1000 o más semanas al Sistema General de Seguridad Social. PENSIÓN ESPECIAL PARA LAS MADRES O PADRES: Tienen derecho a esta pensión como trabajadores con hijo o hijos con discapacidad dependientes económicamente. Requisitos: Requisitos determinados en el parágrafo 4 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ POR INVALIDEZ: Se exceptúan de los requisitos establecidos en los numerales 1 y 2 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. La pensión se puede conceder a cualquier edad si las personas han cotizado al Sistema General de Seguridad Social el mínimo de semanas exigido en el régimen de Prima Media para acceder a la pensión de vejez. Tienen derecho a esta pensión las personas que padezcan una deficiencia física, psíquica o sensorial del 50% o más de su capacidad, mayores de 55 años de edad. Si el hijo es calificado inválido física o mentalmente, y si depende económicamente de los padres. Este tipo de pensión para el padre solamente aplica en el caso de ausencia definitiva de la madre. Requisitos: Determinados en la Ley 100 de 1993. 2 Mecanismos del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 43 Regresar al menú PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES: Beneficios determinados en el literal c del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modifica el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, relativo a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Tienen derecho a esta pensión los sobrevivientes (beneficiarios) de la persona con discapacidad. Requisitos como beneficiarios: Hijos menores de 18 años. Hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, que se encuentren estudiando (no laborando), dependientes económicamente de las PcD en el momento de su fallecimiento, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno. Los hijos con discapacidad que dependan económicamente, es decir, que no tengan ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. 2 Mecanismos 44 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Regresar al menú ¿Qué deberes deben cumplir para el derecho al TRABAJO poder recibir? Hacer uso de todas sus capacidades y habilidades en el ejercicio de las labores designadas en el trabajo. Brindar un trato respetuoso a sus superiores y compañeros. Usar adecuadamente las herramientas e instrumentos de trabajo, cualquiera que sea su naturaleza. Cumplir con los reglamentos internos de trabajo establecidos por el empleador. Realizar los pagos a salud, pensión y riesgos profesionales, si son trabajadores independientes. 3 Deberes del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 45 Regresar al menú La educación les permite participar y su potencial poder desarrollar Derecho a la educación 1 Derechos 2 Mecanismos 3 Deberes Regresar al menú las PcD tienen derecho a “Todas una educación independiente de su edad y en igualdad de oportunidades para desarrollar su potencial humano y garantizar su participación en la sociedad”. También tienen derecho a: Acceder a todos los niveles de enseñanza a lo largo de la vida, de acuerdo con sus necesidades específicas. Recibir apoyo personalizado. Comunicarse a través de formas alternativas y aumentativas de comunicación. Recibir la asesoría de maestros capacitados y sensibilizados respecto a su discapacidad. Contar con los recursos didácticos y pedagógicos necesarios para atender sus necesidades educativas especiales y el desarrollo de didácticas flexibles que favorezcan su participación educativa, según el Decreto 366 de 2009. 1 Derechos 00 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Regresar al menú ¿Qué mecanismos debemos garantizar para que el derecho a la EDUCACIÓN puedan disfrutar? Para acceder a este derecho cada entidad territorial, a través de un representante, debe evaluar la discapacidad de cada persona y proponer los ajustes que la escuela debe hacer para brindarles la educación necesaria, según Resolución 2565 de 2003. Las Secretarías de Educación distritales o municipales están obligadas a asignar a las PcD, la institución encargada de garantizarles lograr la educación que les permita participar en sociedad y alcanzar buenos resultados. Las instituciones deben promover las buenas relaciones entre la comunidad estudiantil, con el fin de lograr la aceptación, el apoyo y la solidaridad hacia las PcD. Las instituciones deberán generar cambios en los métodos de evaluación, dependiendo de la discapacidad: lengua de señas o Braille. Las instituciones deberán generar cambios que garanticen el acceso de las PcD a sus instalaciones, a los servicios sanitarios y a las aulas de clase. Acción Social debe brindar la orientación y enlace con el sector educativo al sobreviviente o a sus hijos, hijas y menores con discapacidad bajo su cuidado, víctimas de Minas Antipersonal –MAP-, Municiones sin Explotar –MUSEy Artefactos Explosivos Improvisados –AEI-. 2 Mecanismos del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 49 Regresar al menú ¿Qué deberes deben cumplir para el derecho a la EDUCACIÓN poder recibir? Dar un trato respetuoso a sus compañeros de clase, así como a docentes y demás personas de la comunidad educativa. Realizar un uso adecuado de los elementos dispuestos por la institución para su enseñanza. un cupo en dichas instituciones, siendo eximidas del pago de la matrícula y la pensión. Este beneficio es obligatorio para las instituciones educativas públicas y opcional para las privadas. Dicha certificación educativa debe renovarse cada año. Cumplir con los reglamentos internos de la institución educativa. Documentación requerida en caso de víctimas de Minas Antipersonal –MAP-, Municiones sin Explotar –MUSE- y Artefactos Explosivos Improvisados –AEI-: Estar inscritos en el proceso ordinario de matrícula establecido en la entidad territorial. Certificación original del alcalde o personero (acreditación de condición de víctima). Registrar su Necesidad Educativa Especial –NEE– o la de sus hijos en la ficha de inscripción a la institución educativa. Si la víctima es mayor de edad, fotocopia de la cédula de ciudadanía. Las víctimas de Minas Antipersonal –MAP-, Municiones sin Explotar –MUSE- y Artefactos Explosivos Improvisados –AEI- y su(s) hijo(as) tienen derecho a acceder a educación gratuita en instituciones educativas públicas. Para tal fin, deben solicitar a Acción Social una certificación educativa que les permita pedir 3 Deberes 50 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Registro civil de nacimiento de los hijos(as) de la víctima. Carta dirigida a Acción Social indicando el municipio y departamento donde está ubicada la institución educativa pública, el nombre de la institución, el nombre del rector o director de la misma y el grado escolar al que la víctima y/o sus hijos(as) va(n) a ingresar. Regresar al menú Servicios de salud deben recibir y, así, en bienestar gozar su vivir Derecho a la salud 1 Derechos 2 Mecanismos 3 Deberes 4 salud Protección de los derechos Regresar al menú PcD tienen derecho a estar “Las afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud –SGSSS–, recibir servicios en salud física y mental de acuerdo con su discapacidad, sin discriminación, en igualdad de condiciones que los demás, y en instituciones cercanas a su lugar de residencia”. También tienen derecho a: Gozar de un buen estado de salud física y mental. Recibir los servicios de urgencias en las instituciones de salud, públicas y privadas. Ser asegurados a través de una Empresa Prestadora de Servicios de Salud –EPS– y a que ésta les garantice un plan obligatorio de salud POS a través de una red de servicios de salud. Ser beneficiario de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, atención, habilitación y rehabilitación, en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS. Conocer la red de instituciones a través de la cual recibirán los servicios de salud. 1 Derechos 00 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Regresar al menú Contar con programas de salud sexual y reproductiva, control prenatal y de atención de VIH/SIDA. Pronta detección y atención, tratamiento de enfermedades, y rehabilitación integral de su discapacidad. Prevención de nuevas discapacidades a través de atención médica eficiente, de calidad y oportuna. Pronta detección y atención de casos de violencia intrafamiliar, violencia o abuso sexual. La libre asociación para la defensa de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. Participar activamente en las asociaciones de usuarios de las Empresas Sociales del Estado y de las EPS. Alcanzar y mantener un óptimo nivel de autonomía y movilidad a través de los procesos de rehabilitación integral. Un entorno que les procure bienestar e independencia para desarrollar sus capacidades de manera digna e integral. 1 Derechos del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 53 Regresar al menú ¿Qué mecanismos debemos garantizar para que el derecho a la SALUD puedan disfrutar? Existen cuatro (4) mecanismos a través de los cuales pueden acceder a los beneficios del derecho a la salud, desde el Sistema General de Seguridad Social: 1. Afiliación al Régimen Contributivo. 2. Afiliación al Régimen Subsidiado. 3. Atención directa en hospitales - Empresas Sociales del Estado cuando no están afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4. Eventos especiales cubiertos por el Fondo de Solidaridad y Garantía a través de la Subcuenta para Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito –ECAT–. 2 Mecanismos 54 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 1. Afiliación al Régimen Contributivo. ¿Qué es el Régimen Contributivo? Es el mecanismo mediante el cual las personas que tienen un empleo o la capacidad de pago se afilian individualmente o con su grupo familiar al Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de una Empresa Promotora de Salud –EPS–. ¿Quiénes tienen derecho de pertenecer al Régimen Contributivo? Todos los trabajadores (con contrato laboral o trabajadores independientes) y sus grupos familiares como beneficiarios, si cumplen con las siguientes condiciones: Familiares en primer grado de consanguinidad: cónyuge, compañero o compañera permanente, y los hijos e hijas menores de 18 años. Regresar al menú En algunos casos especiales pueden afiliar a sus hijos mayores de 18 años (hasta los 25 años), si están estudiando o si tienen una discapacidad permanente; a sus padres y familiares hasta en tercer grado de consanguinidad, si dependen económicamente de ellos. ¿Qué servicios en salud deben recibir las PcD a través del Plan Obligatorio de Servicios –POS–, en el Régimen Contributivo? A través del Plan Obligatorio de Servicios –POS–, las PcD reciben servicios de promoción de la salud, prevención de enfermedades y recuperación de la salud, desde la medicina preventiva hasta tratamientos avanzados de alta complejidad, así: Salud para la infancia, con control de crecimiento y desarrollo. Consulta: medicina general y especializada (se incluye optometría y psicología). Diagnóstico: laboratorio clínico, radiología, ecografías, medicina nuclear, resonancia electromagnética y escanografía. Medicamentos: incluidos en el listado del POS. Rehabilitación funcional: incluye consulta, valoración y seguimiento por fisiatría, terapia física, respiratoria, ocupacional, del lenguaje, y equipo interdisciplinario, entre otros procedimientos requeridos para la habilitación y rehabilitación. Hospitalización. Planificación familiar. Tratamientos quirúrgicos en servicios de baja, mediana y alta complejidad. Vacunación definida en el Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Odontología. Con excepción de ortodoncia, periodoncia y prótesis. Maternidad: atención integral a la mujer durante el embarazo, parto, posparto, lactancia y al recién nacido atención gratuita durante el primer año de vida. 2 Mecanismos del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 55 Regresar al menú 2. Afiliación al Régimen Subsidiado. ¿Qué es el Régimen Subsidiado? Es el mecanismo mediante el cual las personas con menos ingresos y sin capacidad de pago pueden tener acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado. ¿Quiénes tienen derecho a pertenecer al Régimen Subsidiado? Las personas clasificadas en los niveles 1 y 2 del SISBEN. En este caso pueden acceder a través de un subsidio total, sin costo, al conjunto básico de servicios de atención en salud del Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado POS-S. Si son residentes en el área urbana y están clasificadas en los niveles 2 y 3 del SISBEN, pueden acceder a través de un subsidio parcial, pagando una mínima cantidad. El subsidio significa que como beneficiarios solo asumen una mínima parte del costo del servicio. El resto es cubierto por el Estado. La afiliación al Régimen Subsidiado es individual; por ello se debe buscar que todos los miembros de la familia sean afiliados. ¿Qué servicios en salud reciben a través del Plan Obligatorio de Servicios del Régimen Subsidiado? Acciones de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación. Maternidad: atención integral a la mujer durante el embarazo, parto, posparto, lactancia y atención gratuita al recién nacido durante el primer año de vida. Consulta: medicina general y especializada. En diagnóstico: laboratorio clínico y radiología básicos. Urgencias y hospitalización de menor complejidad. Suministros de medicamentos esenciales y de material quirúrgico, yesos y vendas. Odontología: con excepción de ortodoncia, periodoncia y prótesis. 2 Mecanismos 56 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Regresar al menú Atención a problemas visuales para menores de 18 años y mayores de 60 años. Todas las acciones de rehabilitación funcional para menores de 18 años en igualdad de condiciones al Régimen Contributivo. Atención para enfermedades como cáncer, VIH/SIDA, enfermedades del corazón, renales, del sistema nervioso central, cirugías de cráneo y de columna, y la unidad de cuidados intensivos, entre los más importantes. Para mayores de 18 años la rehabilitación funcional del sistema neuromuscular y esquelético por enfermedad general. ¿Cuáles son los servicios adicionales del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado a los que tienen derecho las personas con discapacidad? Y a todos los demás servicios incluidos en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado POS-S definidos en los Acuerdos 008 de 2009 y 011 de 2010 de la CRES. Atención de quemaduras de distinto grado y complejidad. ¿Quiénes están exentos de copagos en los servicios ofrecidos por el POS? La PcD obtiene atención gratuita, exenta de copagos, si pertenece además a estos grupos de población: Reemplazo articular de cadera y rodilla. Atención inicial de urgencias. Niños durante el primer año de vida. Acciones de recuperación de la salud de forma ambulatoria de primer nivel, y algunas de segundo y tercer nivel. Atención hospitalaria de segundo y tercer nivel de atención en algunos eventos de atención especializada. Población con clasificación 1 en la encuesta SISBEN (cualquier edad). O si pertenece a poblaciones identificadas en Listados Censales u otros registros de poblaciones especiales, siempre 2 Mecanismos del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 57 Regresar al menú y cuando presenten condiciones similares a las del nivel 1 del SISBEN, tales como: Población infantil abandonada, mayor de un año. Personas mayores en hogares de protección e instituciones de asistencia social. Población rural migratoria. Población gitana o rom. Población desmovilizada (una vez identificada mediante la encuesta del SISBEN en el nivel 1 como núcleo familiar). Igualmente, si pertenecen al nivel 1 y 2 de SISBEN, y al mismo tiempo a alguno de estos grupos poblacionales: Población en situación de indigencia. ¿Cómo conocen los servicios y la red de IPS contratada por su EPS-S? En el momento de la afiliación, su EPS-S debe informarle a través de la Carta de Derechos del Afiliado y del Paciente: Plan de beneficios: identificación, en forma agrupada, de las actividades, procedimientos, intervenciones, insumos y medicamentos incluidos en el plan de beneficios, de acuerdo con el régimen al cual están afiliadas las personas. Servicios de demanda inducida. Exclusiones y limitaciones del plan de beneficios. Derechos de los pacientes, periodos de carencia, pagos moderadores, mecanismos de acceso a servicios, transporte y estadía, condiciones para la verificación de derechos. Servicios administrativos de contacto, libre elección, participación social, solución de conflictos, inspección, vigilancia y control. Red de servicios: cuál es la red de servicios contratada para la prestación de servicios del POS en cada municipio, para lo cual se le debe informar cuáles son las instituciones de: Población en situación de desplazamiento. Población indígena. Menores de edad. 2 Mecanismos 58 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Baja complejidad – nivel de atención I: urgencias, servicios de consulta externa, programas de promoción y educación en salud, y de prevención y protección específica, acciones de recuperación de menor complejidad, hospitalización. Regresar al menú Mediana complejidad – nivel de atención II: urgencias, servicios especializados, hospitalización de menor o mayor complejidad, y atención especializada para algunos eventos o enfermedades. ¿Cuáles son los servicios de salud a los que tienen derecho como participantes vinculados? Acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Alta complejidad – nivel de atención III y IV: urgencias y servicios especializados, hospitalización de mayor complejidad, y atención especializada. Diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en diferentes niveles de complejidad. Suministro de medicamentos. 3. Atención directa en hospitales. Atención directa en hospitales – Empresas Sociales del Estado cuando no están afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Si por motivos de incapacidad de pago las PcD no se encuentran afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, mientras logran ser afiliadas al Régimen Subsidiado tienen derecho a acceder a servicios de atención en salud prestados por la red pública, hospitales públicos o Empresas Sociales del Estado –ESE–, así como por instituciones privadas contratadas por el departamento, distrito o municipio en el cual habitan. Atención inicial en el servicio de urgencias, en cualquier lugar del país. Atención por enfermedades de alto costo. Para más información pueden contactarse con el sistema de salud a través del sitio web www.pos.gov.co. 2 Mecanismos del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 59 Regresar al menú 4. Eventos especiales. ¿Qué es el FOSYGA y la Subcuenta ECAT? El Fondo de Solidaridad y Garantía –FOSYGA– es una cuenta adscrita al Ministerio de la Protección Social, cuyos recursos se destinan a la inversión en salud a través de varias subcuentas, siendo una de ellas la Subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito –ECAT–. La Subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito –ECAT– tiene por objeto garantizar la atención integral en salud a las víctimas de accidentes de tránsito, acciones terroristas ocasionadas por bombas o artefactos explosivos, y catástrofes naturales y otros eventos aprobados por la entidad del gobierno encargada. ¿Quiénes tienen derecho a los beneficios de la Subcuenta ECAT? Las personas que han sufrido daños en su integridad física y emocional como consecuencia de: Accidentes de tránsito. Eventos terroristas: Aquellos producidos con bombas o artefactos explosivos. 2 Mecanismos 60 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Catástrofes de origen natural: sismos, maremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra, inundaciones. Otros eventos que, aprobados por la entidad de gobierno a cargo, tengan origen natural o sean provocados por el hombre en forma accidental o voluntaria, y que afectan en forma masiva e indiscriminada a la población, como el desplazamiento forzado. ¿Cuáles son los servicios adicionales que en salud reciben las PcD a través del FOSYGA, la Subcuenta ECAT y Acción Social, como víctimas de Minas Antipersonal –MAP-, Municiones sin Explotar –MUSE- y Artefactos Explosivos Improvisados –AEI-? ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA / SUBSIDIO DE TRANSPORTE La IPS o un particular que les haya prestado el servicio (terrestre, fluvial u otro) de evacuación, según sea el caso, tramita ante el FOSYGA el subsidio de transporte hasta por diez (10) salarios mínimos diarios legales vigentes, correspondientes al año en que ocurrió el accidente. Plazo: 6 meses. Regresar al menú ATENCIÓN DE URGENCIA HOSPITALARIA Todas las instituciones hospitalarias públicas o privadas en el territorio nacional deben prestar atención a las víctimas de Minas Antipersonal –MAP-, Municiones sin Explotar –MUSE- y Artefactos Explosivos Improvisados –AEI- de forma inmediata y gratuita, sin exigir ninguna condición previa para la admisión. Y corresponde a la institución que realizó la atención recobrar el dinero ante el FOSYGA. Las víctimas de Minas Antipersonal –MAP-, Municiones sin Explotar –MUSE- y Artefactos Explosivos Improvisados –AEI- que NO hayan adquirido una incapacidad permanente como consecuencia del accidente, tienen derecho a una asistencia humanitaria por heridas leves. El Estado, mediante Acción Social, reconoce 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto. La reclamación ante Acción Social debe ser efectuada por la víctima durante el año posterior a la fecha del accidente. REHABILITACIÓN MÉDICA, FÍSICA Y PSICOLÓGICA La atención en salud incluye hospitalización, cirugía, material medicoquirúrgico, honorarios médicos, transfusiones, laboratorios, y ayudas diagnósticas. En instituciones especializadas deben prestar todas las terapias para la rehabilitación y adaptación de órtesis y prótesis de tal forma que las PcD, víctimas de Minas Antipersonal –MAP-, Municiones sin Explotar –MUSE- y Artefactos Explosivos Improvisados –AEI-, logren una vida más independiente. Todo esto en forma gratuita hasta por un año o seis meses, según criterio médico. INDEMNIZACIÓN POR DISCAPACIDAD PERMANENTE Las PcD sobrevivientes, o sus familias, en caso de que sean menores de edad, tramitan la indemnización ante el FOSYGA dentro de los seis (6) meses siguientes al accidente. El monto de la indemnización lo determina el porcentaje de discapacidad certificado por la Junta Departamental de Calificación de Invalidez. Se reconoce un valor máximo de hasta 180 Salarios Mínimo Diario Legal Vigente –SMDLV–. ASISTENCIA HUMANITARIA POR INCAPACIDAD PERMANENTE Las PcD sobrevivientes, o sus familias, en caso de ser menores de edad, tramitan la ayuda humanitaria ante Acción Social dentro del año posterior al accidente. Las víctimas de Minas Antipersonal –MAP-, Municiones sin Explotar –MUSE- y Artefactos Explosivos Improvisados –AEI- tienen derecho a recibir una asistencia humanitaria por incapacidad permanente. El Estado, mediante Acción 2 Mecanismos del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 61 Regresar al menú Social, reconoce hasta 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto. SUBSIDIO POR GASTOS FUNERARIOS Este subsidio será tramitado por la familia de la víctima ante el FOSYGA; el monto entregado será hasta por un valor máximo de 150 salarios mínimos diarios legales vigentes, correspondientes al año en que ocurrió el accidente. Plazo de 6 meses. Plazo: 6 meses. INDEMNIZACIÓN POR MUERTE Los familiares de las víctimas de Minas Antipersonal –MAP-, Municiones sin Explotar –MUSE- y Artefactos Explosivos Improvisados –AEI- que murieron a raíz del accidente tienen derecho a recibir una indemnización por muerte. El Estado, mediante FOSYGA, reconoce 600 salarios mínimos diarios legales vigentes por este concepto. La reclamación ante FOSYGA debe ser efectuada durante los 6 meses posteriores al accidente. 2 Mecanismos 62 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS ASISTENCIA HUMANITARIA POR MUERTE Esta ayuda será tramitado por la familia de la víctima ante Acción Social por un valor de cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales. Plazo: 1 Año. Regresar al menú ¿Qué deberes deben cumplir para el derecho a la SALUD a través del Régimen Subsidiado poder recibir? En caso de no estar afiliados, las PcD deben estar atentas en cada uno de sus municipios a las siguientes actividades para la afiliación: Primera Etapa a. Conformación del listado nacional de elegibles con la población no asegurada de los niveles 1, 2 y 3 del SISBÉN. b. Asignación homogénea. c. Divulgación de información. Segunda etapa (6 meses) a. Afiliación transitoria. b. Búsqueda activa por parte de las aseguradoras. c. Búsqueda pasiva a través de la identificación por parte de los prestadores de servicios de salud. d. Suscripción del formulario por parte de las PcD como usuarias, y del asegurador. e. Carga y validación en la Base de Datos Única de Afiliación –BDUA–. f. Autorización de financiamiento. g. Adquisición de afiliado transitorio. Tercera etapa (3 meses) a. Afiliación ordinaria – tres meses. b. Libre elección a los tres meses siguientes por las PcD como usuarias. c. Suscripción del formulario por parte de las PcD como usuarias, y el asegurador. d. Carga en BDUA para afiliación definitiva. ¿Qué deberes se deben cumplir para los beneficios por eventos especiales poder recibir? ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA / SUBSIDIO DE TRANSPORTE: Documentación requerida Formulario FURTRAN firmado (sin enmendaduras). Certificación original del alcalde o personero (acreditación de condición de víctima). Encuentre el formulario en el bolsillo que se encuentra al final de la cartilla. 3 Deberes del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 63 Regresar al menú Declaración juramentada ante notaría de no afiliación de la víctima a un Fondo de Pensiones Obligatorias ni a una Administradora de Riesgos Profesionales -ARP-. Original del acta de levantamiento de cadáver (epicrisis) en caso de muerte en la entidad hospitalaria. Fotocopia ampliada y nítida de documento de identidad de la víctima y de quien reclama (beneficiario), con firma y huella de índice derecho. Fotocopia del documento de identidad de la víctima. Fotocopia de la historia clínica (epicrisis) de la víctima. Recorte de prensa donde se registre el hecho (opcional). Documentación adicional cuando la víctima es menor de edad Registro civil de nacimiento de la víctima. Fotocopia de los documentos de identidad de los padres. Factura original del servicio de transporte, con sello de “PAGADO”. Expedida a nombre de la persona que realiza el cobro. Debe cumplir con los requisitos exigidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-. Certificado original de entidad bancaria a nombre del beneficiario. Debe incluir nombre del titular, número de cuenta y tipo de cuenta. ATENCIÓN DE URGENCIA HOSPITALARIA: Documentación requerida Certificación original del alcalde o personero (acreditación de condición de víctima). 3 Deberes 64 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS INDEMNIZACIÓN POR DISCAPACIDAD PERMANENTE Documentación Requerida Formulario FURPEN firmado (sin enmendaduras). Fotocopia ampliada y nítida del documento de identidad de quien reclama, con firma y huella del dedo índice derecho. Encuentre el formulario en el bolsillo que se encuentra al final de la cartilla. Regresar al menú Certificación original del Alcalde o Personero (acreditación de condición de víctima). Prueba de la condición de representante legal del menor, cuando quien reclama no es uno de los padres. Certificación de atención médica (epicrisis) o fotocopia autenticada de la historia clínica con sello de la entidad de salud. ASISTENCIA HUMANITARIA POR INCAPACIDAD PERMANENTE Documentación Requerida Certificación original del alcalde o personero (acreditación de condición de víctima). Declaración juramentada ante Notaría de no afiliación de la víctima a un Fondo de Pensiones Obligatorias ni a una Administradora de Riesgos Profesionales (ARP). Certificación original del concepto de la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Certificado original de entidad bancaria a nombre del beneficiario. Debe incluir nombre del titular, número de cuenta y tipo de cuenta. Documentación adicional cuando la víctima es menor: Registro civil de nacimiento del menor que fue víctima. Poder otorgado por uno de los padres para el cobro de la indemnización (sólo reclama uno de los padres como beneficiario). Fotocopia del documento de identidad de la víctima. Fotocopia de la historia clínica (epicrisis) de la víctima. Incapacidad definitiva expedida por el Instituto de Medicina Legal o por la Empresa Promotora de Salud. Recorte de prensa donde se registre el hecho (opcional). Documentación adicional cuando la víctima es menor: Registro civil de nacimiento de la víctima. Fotocopia de los documentos de identidad de los padres. 3 Deberes del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 65 Regresar al menú SUBSIDIO POR GASTOS FUNERARIOS Documentación Requerida Formulario FURPEN firmado (sin enmendaduras). Certificación original del alcalde o personero (acreditación de condición de víctima). Declaración juramentada ante notaría de no afiliación de la víctima a un Fondo de Pensiones Obligatorias ni a una Administradora de Riesgos Profesionales (ARP). funerarios para la víctima), con firma y huella de índice derecho. Factura original del servicio de transporte, con sello de “PAGADO”, expedida a nombre de la persona que realiza el cobro. Debe cumplir con los requisitos exigidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). INDEMNIZACIÓN POR MUERTE Documentación requerida Formulario FURPEN firmado (sin enmendaduras). Original del acta de registro civil de defunción. Original del acta de levantamiento de cadáver (epicrisis) en caso de muerte en entidad hospitalaria. Fotocopia ampliada y nítida del documento de identidad de la víctima y de quien reclama (beneficiario), con firma y huella del dedo índice derecho. Fotocopia ampliada y nítida del documento de identidad de la víctima. Certificación original e individual del alcalde o personero (acreditación de condición de víctima). Fotocopia ampliada y nítida del documento de identidad de quien reclama (la persona que solicitó los servicios Encuentre el formulario en el bolsillo que se encuentra al final de la cartilla. 3 Deberes 66 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Encuentre el formulario en el bolsillo que se encuentra al final de la cartilla. Regresar al menú Certificación de atención médica (epicrisis) o fotocopia autenticada de la historia clínica con sello de la entidad de salud, en caso de muerte en ella. Original del acta de levantamiento del cadáver, en caso de muerte en el lugar del accidente. Dos declaraciones juramentadas ante notaría, hechas por personas ajenas a la familia de la víctima, que hagan constar el número total de hijos (si los hay), el tiempo de convivencia de la víctima con la persona que reclama, el estado civil de la víctima al momento de su muerte, y que no existen otras personas (por ejemplo padres o hijos), con mayor o igual derecho a reclamar. Original del acta de registro civil de defunción. Declaración juramentada de no afiliación de la víctima a un Fondo de Pensiones Obligatorias ni a una Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) (no aplica para víctimas menores de edad). Certificado original de entidad bancaria a nombre del beneficiario. Debe incluir nombre del titular, número de cuenta y tipo de cuenta. Documentación adicional para reclamaciones por muerte de cónyuge o compañero(a) permanente Fotocopia autenticada del registro civil de matrimonio (no fax), o dos declaraciones juramentadas ante notaría originales donde conste la relación de convivencia con la víctima. Poder otorgado por los hijos mayores de edad (si los hay), que autorice al cónyuge a cobrar. Documentación adicional para reclamaciones por muerte de: Hijos(as) menores de edad Hijos(as) mayores de edad sin hijos(as) Original o copia autenticada del registro civil de nacimiento de la víctima. Poder otorgado al beneficiario por su cónyuge en el que lo autorice a efectuar el cobro pleno de la indemnización. Si el cónyuge ya murió, se debe anexar su registro civil de defunción. Copia autenticada del registro civil de nacimiento de los hijos (si los hay), para acreditar el parentesco. 3 Deberes del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 67 Regresar al menú Dos declaraciones juramentadas ante notaría, hechas por personas ajenas a la familia de la víctima, que hagan constar que la víctima no tenía hijos, su estado civil al momento de su muerte y que no existen otras personas con mayor o igual derecho a reclamar aparte de sus padres. Documentación adicional para reclamaciones por muerte de padre o madre Original o copia autenticada del registro civil de nacimiento del beneficiario. Dos declaraciones juramentadas ante notaría, hechas por personas ajenas a la familia de la víctima, que hagan constar el número total de hijos de la víctima, el nombre de la persona con quien convivía, la duración de esta convivencia y el estado civil de la víctima al momento de su muerte. Copia auténtica del registro de defunción de los padres o autorización escrita del padre o madre sobreviviente para la reclamación. Poder otorgado al beneficiario por parte de los otros hijos (hermanos), para cobrar la indemnización plena. 3 Deberes 68 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Documentación adicional para reclamaciones por muerte de hermano(a) soltera(a) y sin hijos(as) Original o copia autenticada del registro civil de nacimiento de la víctima y del beneficiario. Si los padres de la víctima viven, autorización de los padres al reclamante (beneficiario) para efectuar el cobro. Si los padres de la víctima ya murieron, original o copia autenticada del registro civil de su defunción. Dos declaraciones juramentadas ante notaría, hechas por personas ajenas a la familia de la víctima, que hagan constar que la víctima era soltera y que no existen otras personas con mayor derecho a reclamar. Poder de los hermanos y hermanas del reclamante (beneficiario), autorizando a este último a cobrar la indemnización plena. ASISTENCIA HUMANITARIA POR MUERTE Documentación Requerida Certificación original del alcalde o personero (acreditación de condición de víctima). Regresar al menú Fotocopia del documento de identidad de la víctima. Registro civil de defunción de la víctima. Si la persona murió en el lugar del accidente, acta del levantamiento del cadáver. Si la persona murió en la entidad de salud, fotocopia de la historia clínica. Afirmación de únicos beneficiarios con presentación ante notario público (declaración juramentada). Dos declaraciones extrajuicio hechas por personas ajenas a la familia de la víctima, que hagan constar que la víctima era soltera. Fotocopia autenticada de la cédula de ciudadanía de los padres. Si alguno ya murió, registro civil de defunción. Documentación adicional cuando la víctima es soltera y con hijos Registro civil de nacimiento de los hijos, que haga constar el nombre de los padres. Recorte de prensa donde se registre el hecho (opcional). Documentación adicional cuando la víctima es menor de edad Registro civil de nacimiento de la víctima. Fotocopia autenticada de la cédula de ciudadanía de los hijos mayores de edad. Fotocopia de los documentos de identidad de los padres. Dos declaraciones extrajuicio hechas por personas ajenas a la familia de la víctima, que hagan constar que la víctima era soltera. Documentación adicional cuando la víctima es soltera y sin hijos Registro civil de nacimiento de la víctima, que haga constar el nombre de los padres. Documentación adicional cuando la víctima es casada y con hijos Registro civil de nacimiento de los hijos que haga constar el nombre de los padres. 3 Deberes del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 69 Regresar al menú Fotocopia autenticada de la cédula de ciudadanía de los hijos mayores de edad. Registro civil de nacimiento de la víctima que haga constar los nombres de sus padres. En caso de hijos menores de edad, fotocopia de la cédula de ciudadanía del padre o madre sobreviviente. Fotocopia del documento de identidad de los padres. Fotocopia autenticada del registro civil de matrimonio. Fotocopia autenticada de la cédula de ciudadanía del cónyuge. Dos declaraciones extrajuicio hechas por personas ajenas a la familia de la víctima, que hagan constar que la víctima estaba casada al momento de su muerte. Documentación adicional en caso que la víctima se encontrara en unión marital de hecho con hijos Si los hijos son mayores de edad, fotocopia autenticada de la cédula de ciudadanía. Si los hijos son menores de edad, fotocopia de la cédula de ciudadanía del padre sobreviviente. Documentación adicional cuando la víctima es casada y sin hijos Fotocopia autenticada del registro civil de matrimonio. Dos declaraciones extrajuicio hechas por dos personas ajenas a la familia de la víctima, que haga constar el nombre de las personas con quien la víctima convivía, la duración de esta convivencia, el número de hijos y sus nombres. Fotocopia autenticada de la cédula de ciudadanía del cónyuge. Fotocopia autenticada de la cédula de ciudadanía del compañero(a) permanente. Dos declaraciones extrajuicio hechas por personas ajenas a la familia de la víctima, que hagan constar que la víctima estaba casada al momento de su muerte. Registro civil de nacimiento de la víctima, que haga constar el nombre de los padres. 3 Deberes 70 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Regresar al menú ¡IMPORTANTE! Tenga en cuenta: Los trámites ante FOSYGA y Acción Social requieren la certificación de la condición de víctima. La certificación de la condición de víctima del terrorismo puede ser expedida por una de las siguientes autoridades: "el alcalde del respectivo municipio o distrito, la Personería Municipal o Distrital o quien haga sus veces, en su ausencia, las autoridades correspondientes de la Policía Nacional o del Ejército o, en últimas, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Dirección General Unidad Administrativa Especial para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia" (Decreto 3990 de 2007, artículo 4). La asistencia humanitaria y las indemnizaciones se entregan una sola vez y son reclamadas directamente por la víctima o sus familiares, según el caso. No es necesario contratar servicios de abogados ni de intermediarios. Siempre debe tenerse presente: Para facilitar el acceso de las víctimas de Minas Antipersonal –MAP-, Municiones sin Explotar –MUSE- y Artefactos Explosivos Improvisados –AEI- a sus derechos es recomendable tener en cuenta los siguientes puntos: El personero o el alcalde expiden la certificación que acredita la condición de víctima de Minas Antipersonal –MAP-, Municiones sin Explotar –MUSE- y Artefactos Explosivos Improvisados –AEI-. Este documento es clave para el acceso a los derechos de las víctimas. Se recomienda solicitar seis (6) originales y conservar siempre uno de ellos. El registro oficial de las víctimas de Minas Antipersonal –MAP-, Municiones sin Explotar –MUSE- y Artefactos Explosivos Improvisados –AEIestá a cargo del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA). El registro de víctimas facilita al PAICMA hacer seguimiento y monitoreo del acceso de las víctimas de Minas Antipersonal –MAP-, Municiones sin Explotar –MUSE- y Artefactos Explosivos Improvisados –AEI- a sus derechos. El artículo 13 de la Ley 759 de 2002 señala que “las autoridades administrativas de los Entes Territoriales y los personeros municipales tienen el deber de informar [al PAICMA] sobre cualquier accidente o incidente de minas del que tengan conocimiento”. Se recomienda a las víctimas solicitar siempre copia de la historia clínica en los centros de salud, hospitales y/o centros de rehabilitación donde sean atendidas. Esta copia debe tener el sello de la institución de salud. La actual legislación no contempla la financiación de los costos de alojamiento, transporte y alimentación de las 3 Deberes del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 71 Regresar al menú víctimas y de sus acompañantes durante el proceso de rehabilitación. Algunas organizaciones no gubernamentales y organizaciones humanitarias implementan programas dirigidos a cubrir estas necesidades en ciertas zonas del país. La documentación exigida por Acción Social debe ser enviada a alguna de las Unidades Territoriales de esa institución. En estas Unidades encontrará información adicional sobre la asistencia humanitaria disponible para las víctimas de Minas Antipersonal –MAP-, Municiones sin Explotar –MUSE- y Artefactos Explosivos Improvisados –AEI-. 3 Deberes 72 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Regresar al menú ¿Quién vigila y controla la correcta prestación de los servicios de salud? La vigilancia y el control de la correcta prestación de los servicios de salud corresponden a la Superintendencia Nacional de Salud y a las Secretarias de Salud Departamentales, Distritales y Municipales. A los departamentos les corresponde gestionar la prestación de los servicios de salud, de manera oportuna, eficiente y con calidad, a toda la población pobre en lo concerniente a lo no cubierto con subsidios a la demanda, y que resida en su jurisdicción; deben hacerlo mediante instituciones prestadoras de servicios de salud públicas o privadas. Así mismo, los departamentos deben organizar, dirigir, coordinar y administrar la red de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas en su territorio. Sin embargo, además de estos órganos de control, las PcD, como ciudadanas, pueden y deben velar por que los recursos en salud sean administrados transparente y eficientemente por alcaldes y gobernadores, conforme a las necesidades de la población y a los parámetros básicos de calidad en la prestación de los servicios. ¿Con qué mecanismos pueden contar para la protección de sus derechos como personas con discapacidad? Pueden contar, a nivel de salud, con los siguientes mecanismos de participación individual y colectiva: 1. Asociaciones de usuarios en el Sistema General de Seguridad Social en Salud: Son agrupaciones de afiliados del régimen contributivo y subsidiado del SGSSS que tienen derecho a recibir servicios que promuevan su salud, y a utilizar los servicios de salud de acuerdo con su sistema de afiliación; ellos velarán por la calidad del servicio y la defensa de todos los usuarios. Se constituyen con un número plural de usuarios, de los convocados a la Asamblea de Constitución por la respectiva institución, y podrán obtener su reconocimiento como tales por la autoridad competente de acuerdo con las normas legales vigentes. Las alianzas garantizarán el ingreso permanente de los diferentes usuarios. 4 Protección de los derechos del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 73 Regresar al menú Se conforman a nivel de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y en las Empresas Promotoras de Salud de Régimen Contributivo y Subsidiado, para vigilar la prestación, calidad y oportunidad de los servicios de salud, la defensa de los derechos, y para velar por el cumplimiento de los deberes de los usuarios. f. Velar por el cumplimiento de los deberes de los usuarios. g. Atender las quejas que los usuarios presenten sobre las deficiencias de los servicios y vigilar que se tomen los correctivos necesarios. h. Ejercer veedurías en las instituciones del sector. Funciones a. Asesorar a sus asociados en la libre elección de la Empresa Promotora de Salud y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. b. Mantener canales de comunicación con los afiliados que permitan conocer sus inquietudes y demandas. c. Proponer a las Juntas Directivas de los organismos o entidades de salud los días y horarios de atención al público de acuerdo con las necesidades de la comunidad. d. Vigilar la prestación, calidad y oportunidad de los servicios de salud. e. Promover la defensa de los derechos de los usuarios. i. Contribuir a la identificación de las necesidades y expectativas de los usuarios. j. Involucrarse en la búsqueda de soluciones a los problemas existentes. 2. Servicio de atención a la comunidad Las Secretarías Departamentales, Distritales y Municipales de Salud, organizan un Servicio de Atención a la Comunidad a través de las dependencias de participación social, para canalizar y resolver las peticiones e inquietudes en salud de los ciudadanos. Funciones: a. Velar por que las IPS, sean públicas, privadas o mixtas, 4 Protección de los derechos 74 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Regresar al menú establezcan los mecanismos de atención a sus usuarios y canalicen adecuadamente sus peticiones. b. Atender y canalizar las peticiones ciudadanas y comunitarias que se presenten en el tema de salud. c. Controlar la adecuada canalización y resolución de inquietudes y peticiones que realicen los ciudadanos en ejercicio de sus derechos y deberes ante las EPS. d. Exigir que las EPS e IPS entreguen información sistematizada periódicamente. e. Garantizar que las empresas promotoras de salud y las IPS tomen las medidas correctivas necesarias frente a la calidad de los servicios. f. Elaborar los consolidados de las inquietudes y demandas recibidas, indicando las instituciones y/o dependencias responsables de absolver dichas demandas y la solución que se les dio. 3. Veedurías Comunitarias en Salud El control social en salud podrá ser realizado a través de la veeduría en salud, que deberá ser ejercida a nivel ciudadano, institucional y comunitario, con el fin de vigilar la gestión pública, los resultados de la misma, la prestación de los servicios, y la gestión financiera de las entidades e instituciones que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, así: a. En lo ciudadano, a través del servicio de atención a la comunidad, que canalizará las veedurías de los ciudadanos ante las instancias competentes para el ejercicio de sus derechos constitucionales y legales. b. En lo comunitario, mediante el ejercicio de las funciones de los Comités de Participación Comunitaria. c. En lo institucional, mediante el ejercicio de las funciones de las Asociaciones de Usuarios, los Comités de Ética Médica, y la representación ante las Juntas Directivas de las IPS y EPS. d. En lo social, mediante la vigilancia de la gestión de los CTSSS y en los Consejos Territoriales de Planeación, los cuales tendrán la obligación de dar respuesta a los requerimientos de inspección y comprobación. La veeduría puede ser ejercida por los ciudadanos de manera particular o a través de cualquier tipo de asociación, gremio o entidad pública o privada del orden municipal, departamental o nacional. 4 Protección de los derechos del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 75 Regresar al menú Las veedurías ejercen vigilancia preventiva y posterior del proceso de gestión, haciendo recomendaciones escritas, oportunas, ante las entidades que ejecutan el programa, proyecto o contrato, y ante los organismos de control del Estado para mejorar la eficiencia institucional y la actuación de los funcionarios públicos. ¿Quiénes pueden presentar una queja? Con relación al servicio, todas las personas naturales o jurídicas, cuando consideren vulnerados cualquiera de los derechos adquiridos en materia de prestación de servicios de salud. Estas personas son: Los afiliados cotizantes. Instrumentos de la veeduría Podrán elevar derechos de petición ante las autoridades competentes. Cualquiera de sus beneficiarios. Los empleadores. Intervenir en audiencias públicas en los casos y términos contemplados en la ley. Denunciar ante las autoridades competentes las actuaciones, hechos y omisiones de los servidores públicos y de los particulares que ejerzan funciones públicas que constituyan delitos, contravenciones, irregularidades o faltas en materia de contratación estatal. Las autoridades gubernamentales. La Superintendencia Nacional de Salud. Los Grupos comunitarios. 4 Protección de los derechos 76 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Regresar al menú Mecanismos de protección de derechos Los mecanismos de protección ciudadana son los instrumentos creados para proteger una pérdida eventual o real de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia, que se ejercen mediante solicitud ante una autoridad judicial o administrativa. Estos mecanismos son: 1. Derecho de Petición Es el derecho que toda persona tiene para presentar solicitudes ante las autoridades o ante ciertos particulares, obteniendo de ellos una pronta solución a lo solicitado. Está consagrado en la Constitución Política de Colombia como fundamental; es decir que hace parte de los derechos de la persona humana y que su protección judicial inmediata puede lograrse mediante el ejercicio de la tutela. En Colombia tienen derecho a presentar peticiones todas las personas, sean nacionales o extranjeras, adultas o menores de edad, letradas o analfabetas. El derecho de petición lo pueden ejercer las PcD ante: Las autoridades. Los particulares que presten un servicio público o actúen o deban actuar en desarrollo de funciones públicas. El legislador podrá reglamentar el ejercicio del derecho de petición ante las organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Finalidad de presentar peticiones ante las autoridades. Las peticiones pueden presentarlas para los siguientes fines: Para que por motivos de interés general o particular se inicie, por parte de las autoridades, una actuación administrativa. Para que por motivos de interés general o particular las Derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política Colombiana: Vida, Igualdad, Personalidad Jurídica, Intimidad, Buen nombre, Honra, Petición, Circulación, Trabajo, Libertad, Debido proceso, Participación, Ejercicio y control del poder público, Libre desarrollo de la personalidad, Libertad de Cultos, Libertad de expresión, Libertad de escoger profesión y oficio, Libertad de enseñanza, Aprendizaje, Investigación y cátedra, Libertad de asociación, Libertad de asociación sindical. También los derechos de los niños consagrados en el artículo 44 de la constitución, entre los cuales se consagran: la vida, la integridad física, la salud, y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre, nacionalidad, tener una familia, y no ser separado de ella, el cuidado el amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión”. 4 Protección de los derechos del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 77 Regresar al menú autoridades permitan el acceso a la información sobre las acciones por ellas desarrolladas. Para que por motivos de interés general o particular las autoridades permitan conocer documentos no reservados u obtener copias de los mismos. Para que por motivos de interés general o particular se den, por parte de las autoridades, dictámenes o conceptos sobre asuntos de su competencia. Las peticiones escritas deberán contener, por lo menos: La designación de la autoridad a la que se dirige. Los nombres y apellidos completos del solicitante y del representante o apoderado, si es el caso, con indicación de los documentos de identidad y direcciones. El objeto de la petición. Las razones en que se apoya. La relación de documentos que se acompañan. La firma de la persona peticionaria, cuando fuere el caso. Tipos de peticiones: Quejas, cuando se pone en conocimiento de las autoridades conductas irregulares de empleados oficiales o particulares a quienes se ha atribuido o adjudicado la prestación de un servicio público. Reclamos, cuando se da a las autoridades noticia de la suspensión injustificada o de la prestación deficiente de un servicio público. Manifestaciones, cuando se hace llegar a las autoridades una opinión sobre una materia sometida a actuación administrativa. Peticiones de información, cuando se formulan a las autoridades para que estas: Den a conocer cómo han actuado en un caso concreto. Permitan el acceso a los documentos públicos que tienen en su poder. Expidan copia de documentos que reposan en una oficina pública. Consultas, cuando se presentan a las autoridades para que manifiesten su parecer sobre materias relacionadas con sus atribuciones. 4 Protección de los derechos 78 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Regresar al menú Términos que tienen las autoridades para dar respuesta a las peticiones Por regla general, los términos para dar respuesta a las peticiones son: Quince (15) días para contestar quejas, reclamos y manifestaciones. Diez (10) días para contestar peticiones de información. Treinta (30) días para contestar consultas. Los anteriores plazos son los máximos, pues todo servidor público tiene el deber de actuar frente a las peticiones con celeridad y eficiencia. Los solicitantes pueden desistir de las peticiones en forma expresa, cuando como peticionarios así lo manifiesten, y en forma tácita cuando, conforme a la ley, opere la presunción de desistimiento. No obstante, las autoridades de oficio podrán continuar con la actuación si la consideran necesaria para el interés público. El silencio administrativo, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es la falta de resolución o la resolución tardía, y constituye una forma de violación del derecho de petición. Cuando, por acción u omisión, de las autoridades o de los particulares que prestan un servicio público o actúan o deben actuar en desarrollo de funciones públicas, se vulnera o amenaza el derecho constitucional de petición, las personas afectadas pueden ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de su derecho. 2. Acción de Tutela Es un mecanismo creado en el artículo 86 de la Constitución de 1991, mediante el cual toda persona puede reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando éstos resulten vulnerados o amenazados ya sea por la autoridad pública o por particulares. No procede cuando existan otros medios de defensa judicial. Cómo proceder: a. Este trámite puede ser realizado directamente por cada Determinado en el Articulo 86 C.P. 4 Protección de los derechos del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 79 Regresar al menú persona y no requiere abogado. Las personas pueden acercarse a los jueces o tribunales que se encuentran en el municipio donde ocurren los hechos y presentar la acción de tutela; también en las Personerías, si desean asesoría permanente y gratuita. b. Puede presentarse verbalmente o por escrito, y lo básico a tener en cuenta es: Acción u omisión que viola el derecho fundamental. Derecho que se considera violado o amenazado. Nombre de la autoridad o entidad. Nombre y lugar de residencia del solicitante. No se requiere citar la norma Constitucional. c. El juez no podrá tardar más de diez (10) días en decidir sobre la solicitud. d. Dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación, el fallo puede ser impugnado por el demandante o por el demandado. e. El cumplimiento del fallo es obligatorio e inmediato. f. Si el demandado incumple la decisión del juez o no la ejecuta en el tiempo indicado, se puede acudir ante el mismo juez para presentar un incidente de desacato; o ante la Personería para continuar recibiendo asesoría. 3. Acciones Populares y de Grupo Las acciones populares tienen como finalidad prevenir y restaurar los derechos e intereses colectivos tales como el espacio, la seguridad, la salubridad pública y el ambiente, entre otros de la misma naturaleza. Este mecanismo es previsto en el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia. Pueden ser interpuestas por personas naturales o por una persona jurídica, organizaciones no gubernamentales, entidades públicas de control o personas en cargos que promuevan la protección de los derechos colectivos tales como el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los personeros, y los alcaldes o servidores públicos. El proceso para hacerlo comienza cuando se presentan situaciones que indican la amenaza o vulneración de un derecho o interés colectivo. A partir de allí deben seguirse los siguientes pasos: 4 Protección de los derechos 80 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Regresar al menú a. Identificar el responsable Se debe determinar la persona natural o jurídica o la autoridad pública contra la que se va a ejecutar la acción popular. En los casos en que se desconozca o no se tenga identificado al responsable, debe corresponder al juez especificarlo. b. Diligenciar el formato, teniendo especial cuidado con los siguientes datos: Derecho o interés colectivo amenazado. Hechos o actos que motivan la acción. Pretensiones. Persona natural o jurídica contra la que va la acción. Pruebas que sustenten el hecho. Nombre e identificación del ponente. Dirección del ponente para cualquier notificación. c. Instaurar la acción popular Como primera medida es necesario tener claro que al momento de instaurar la acción no se requiere la intermediación de un abogado para hacerlo, y en los casos en que sea exigido, se debe buscar la intermediación de la Defensoría del Pueblo. Para hacerlo se debe tener claridad a qué entidades recurrir según las personas contra las que se instaure la acción: En los casos en que las personas particulares sean señaladas como responsables, la acción debe presentarse ante los jueces civiles del circuito o el juez civil municipal o promiscuo municipal. Si por el contrario la acción se instaura contra entidades públicas o personas privadas con funciones públicas, se debe presentar a los jueces administrativos o en segunda instancia al Tribunal Administrativo del departamento que corresponda. d. Estar alerta del resultado. De ser favorable el resultado de la acción, se puede condenar al pago de los perjuicios a favor de quien tenga bajo su responsabilidad el bien protegido, así como una recompensa de 10 a 150 salarios mínimos para quien haya instaurado la acción popular. 4. Acción de cumplimiento Es un mecanismo judicial de protección de derechos y consiste en la facultad que tiene toda persona de acudir ante 4 Protección de los derechos del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 81 Regresar al menú el juez administrativo para solicitarle que ordene, a la autoridad pública o al particular en ejercicio de funciones públicas renuente, el cumplimiento de un deber contenido en una norma con fuerza material de ley, o en un acto administrativo cuya función le corresponde. Su propósito es la protección del orden jurídico existente y hacer efectiva la ejecución de las leyes y de los actos administrativos. Es importante tener en cuenta que esta acción no procede en los siguientes casos: 4. Cuando se persigue la indemnización de perjuicios producidos por el incumplimiento de una norma con fuerza material de ley o acto administrativo. 5. Cuando se presenta carencia de objeto, esto es, se ha dado cumplimiento a la norma demandada. 6. Cuando se ha iniciado la misma acción ante varios jueces unipersonales o colegiados. 7. Las demás que señalen la ley y la jurisprudencia. 1. Cuando se pretenden defender derechos que pueden garantizarse por medio de la acción de tutela. La presente acción se puede ejercer por regla general, en cualquier tiempo, por una sola vez. 2. Cuando existe otro mecanismo de defensa judicial para hacer efectivo el cumplimiento del acto administrativo, salvo que el incumplimiento ocasione un perjuicio grave e inminente para el accionante. 3. Cuando se trata de exigir el cumplimiento de normas que establecen gastos. 4 Protección de los derechos 82 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Regresar al menú Control ciudadano Mecanismos de protección de derechos Regresar al menú ¿Qué mecanismos de control ciudadano existen para que las personas con discapacidad puedan vigilar la Gestión Pública? Las personas con discapacidad, como ciudadanos, de manera individual o colectiva, pueden participar en la vigilancia de los actos de la administración pública desde la toma de decisiones en el proceso de planeación hasta el control de la ejecución de los recursos de inversión del Estado. Igualmente, la Ley 489 de diciembre de 1998 señala: "Todas las entidades y organismos de la administración pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello, podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública". Lo podrán realizar a través de: donde personas naturales o jurídicas, y las organizaciones sociales, se reúnen en un acto público para intercambiar información, explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre aspectos relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas a cargo de cada entidad, así como sobre el manejo de los recursos para cumplir con dichos programas. En este sentido, la audiencia pública cifra su utilidad en el espacio que abren las entidades para informar, explicar, justificar y consultar su gestión ante la sociedad civil, permitiendo el seguimiento y evaluación de sus compromisos, planes y programas. La audiencia pública es un mecanismo deliberante mas no decisorio, por lo tanto las conclusiones a las que llega no tienen fuerza vinculante para las entidades y organismos de la administración pública. Audiencias Públicas: Son un espacio de participación ciudadana propiciado por las entidades u organismos de la administración pública 1 Mecanismos del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 85 Regresar al menú Ejercicio del control social de la administración: Cuando los ciudadanos decidan constituir mecanismos de control social de la administración, en particular mediante la creación de veedurías ciudadanas, la administración estará obligada a brindar todo el apoyo requerido para el ejercicio de dicho control. Veeduría ciudadana: Es un mecanismo activo para el ejercicio de la vigilancia y el control de la función pública, que complementa otros mecanismos e instrumentos consagrados en la Constitución y las leyes como las acciones populares y la acción de tutela, entre otros. Las veedurías surgen de manera simple y espontánea; también pueden constituirse mediante la conformación de una asociación no gubernamental representativa de determinados intereses sociales, o pueden ser pactadas legal o contractualmente. El principio de democracia participativa no solo permea el ejercicio del poder público y social, sino que además penetra en ámbitos de la vida privada. En efecto, la participación en la vida política, cívica y comunitaria del país, es elevada al estatus de deber constitucional de la persona y del Estado. 1 Mecanismos 86 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Regresar al menú ¿Qué deberes deben cumplir las personas víctimas de MAP, MUSE y AEI, para acceder al goce efectivo de sus derechos? Explosivos Improvisados –AEI- expedida por una autoridad (alcalde y/o personero), y tener en cuenta solicitar varios originales según los trámites de reclamación y los servicios de atención a requerir. Informarse, tanto las víctimas como sus familias, sobre los derechos y deberes a los que tienen derecho por el evento. Informarse sobre la realización de trámites en los tiempos estipulados por cada institución (FOSYGA, Acción Social), para facilitar el acceso a los derechos. Solicitar asesoría a las autoridades del municipio, como el personero y el alcalde, sobre los formularios que debe diligenciar para el acceso a sus derechos. Facilitar los procesos de atención y rehabilitación asistiendo a las terapias y a las citas dadas. Solicitar ayuda ante las autoridades como la alcaldía y las personerías para el diligenciamiento y revisión de los documentos que serán anexados a los formularios. Informar al personal de salud tratante cuando se tengan inconvenientes en continuar con los tratamientos. Dejar copia de los formularios y de los documentos anexos a cada trámite y verificar el número de radicación de recibido de las solicitudes. Tener los documentos de identidad, así: Adultos: cédula de ciudadanía. Niños, niñas y adolescentes: registro civil o tarjeta de identidad. Hacer seguimiento al proceso, indagando por los trámites iniciados. Solicitar la certificación de víctima de Minas Antipersonal –MAP-, Municiones sin Explotar –MUSE- y Artefactos 1 Mecanismos del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 87 Regresar al menú Bibliografía Regresar al menú Naciones Unidas. Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Nueva York. Agosto de 2010. www.minproteccionsocial.gov.co, Link: Documentos y Publicaciones. http://www.un.org/spanish/disabilities/convention/convention.html NORMAS INTEGRALES DE PROTECCIÓN A LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA 2010. Consultado en: Denneguer Quinn. Derechos humanos y discapacidad. Naciones Unidas, 2002. www.minproteccionsocial.gov.co, Link: Documentos y Publicaciones. Palacios y Bariffi. Con base en el texto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. 2009. DISCAPACIDAD E INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL. Consultado en: www.minproteccionsocial.gov.co, Link: Documentos y Publicaciones. Cartilla preguntas mas frecuentes sistema general de pensiones: www.minproteccionsocial.gov.co, Link: Documentos y Publicaciones. Manual de Accesibilidad al Medio Físico y al Transporte 2000. Consultado en: www.minproteccionsocial.gov.co, Link: Documentos y Publicaciones. GUÍA INFORMATIVA DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO. Consultado en: www.minproteccionsocial.gov.co, Link: Documentos y Publicaciones. CARTILLA RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD. Consultado en: www.minproteccionsocial.gov.co, Link: Documentos y Publicaciones. DISCAPACIDAD E INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL EN COLOMBIA 2010. Consultado en: LEY 418 de 1997, prorrogada, modificada y adicionada por las Leyes 548 de 1999,782 de 2002 y 1106 de 2006 “Por medio de la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones”. Decreto 3990 de 17 de octubre de 2007 “Por medio del cual se reglamenta la subcuenta ECAT del FOSYGA”. Decreto 2973 de agosto 06 de 2010 “ Por el cual se fijan los criterios para la prestación de los servicios de rehabilitación física y mental a las víctimas de la violencia política y se dictan otras disposiciones”. Resolución 1915 de 28 de mayo de 2008 “Por la cual se adoptan los formularios para reclamar las indemnizaciones derivadas de los amparos de que trata el Decreto 3990 de 2007 y se dictan otras disposiciones. Adopción de los formularios. Para efecto de las reclamaciones de que trata el Decreto 3990 de 2007”. del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 91 Regresar al menú Asistencia Integral a Víctimas de Minas Antipersonal y Municiones sin Explotar, Guía de Referencia. Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal. IMPRESOL ediciones Ltda. 2010. OTRAS FUENTES: Reflexiones tomadas de los Encuentros Nación Territorio En Torno A La Discapacidad. Ministerio de la Protección Social MPS– Referentes de Discapacidad a nivel Nacional. Septiembre – Diciembre, 2009. Presentaciones Grupos de la Dirección General de Promoción Social del Ministerio de la Protección Social -MPS– . 2009 - 2010. Aportes Asesores y Grupo Discapacidad Dirección General de Promoción Social, del Ministerio de la Protección Social -MPS–. 2010. 92 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Regresar al menú Normograma actualizado de discapacidad 2010 y víctimas de la violencia política Regresar al menú Derecho internacional Norma Año Fundamento ONU 1948 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1971 Declaración de los Derechos de las Personas con retardo mental. 1975 Declaración de los Derechos de los impedidos. 1979 Declaración sobre las Personas sordo ciegas. 1982 Programa de acción mundial para las personas con discapacidad. 1991 Principios para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención en salud mental. 2000 Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. 2000 La Discapacidad, un asunto de Derechos Humanos: El Derecho a la equiparación de oportunidades y el respeto a la diversidad. 2001 Clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud CIF. Declaración de Caracas 2001 Los Estados miembros se comprometen a aunar esfuerzos para crear y actualizar el ordenamiento jurídico a favor de las personas con discapacidad. Declaración de Cartagena 2002 Sobre las Políticas Integrales para las Personas con Discapacidad en el área iberoamericana. Convención de las Personas con Discapacidad 2006 Se aprueba la Convención de las Personas con Discapacidad adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. Declaración de Panamá del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 95 Regresar al menú Constitución Política de Colombia artículos más relevantes Norma Año Fundamento Constitución Política de Colombia 1991 El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la Constitución Política de Colombia. 1991 “...El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Artículo 13 El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. Artículo 14 1991 Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 16 1991 Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Artículo 25 1991 Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Artículo 25 1991 El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Artículo 47 1991 “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”. Artículo 54 1991 “Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”. Artículo 68 1991 “…La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado”. 96 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Regresar al menú Marco legal Nacional Normas sobre accesibilidad física Norma Año Fundamento Ley 546 1999 Se dictan normas en materia de vivienda y se dispone la obligatoriedad de disponer del 1% para destinarlo a la población con discapacidad, con adaptaciones arquitectónicas especiales para esta población. Ley 1287 2009 Establece normas de accesibilidad como bahías de estacionamiento y medio físico señalando multas y sanciones por su incumplimiento. Decreto 1660 2003 Establece mecanismos de acceso a los medios masivos de transporte y señala otras disposiciones. Decreto 975 2004 Facilita el acceso a vivienda de la población con discapacidad en Colombia. Decreto 1538 2005 Establece condiciones básicas de accesibilidad al espacio público y a la vivienda. Resolución 4659 2008 Se adoptan medidas de accesibilidad a los sistemas de transporte público masivo municipal distrital y metropolitano de pasajeros. del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 97 Regresar al menú Marco legal Nacional Normas sobre comunicaciones, cultura y deporte Norma Año Fundamento COMUNICACIONES: Ley 324 1996 Por medio de la cual se crean algunas normas a favor de la población sorda aprobando el lenguaje de señas como el oficial de la comunidad sorda. COMUNICACIONES: Ley 355 1996 Relacionada con la Comisión Nacional de Televisión, y la subtitulación. COMUNICACIONES: Ley 488 1998 Normas en materia tributaria que excluyen en materia de impuestos elementos de rehabilitación personas del pago del IVA. CULTURA: Ley 397 1997 Por la cual se dictan normas sobre el patrimonio cultural y crea el Ministerio de Cultura, además señala que el Estado, al formular la política cultural, tendrá en cuenta y concederá especial tratamiento a las personas limitadas físicas, sensorial y psíquicamente. DEPORTE: Ley 181 1995 Sistema Nacional del Deporte: incluye beneficios para la práctica del deporte de personas con discapacidad. DEPORTE: Ley 582 2000 Establece el Sistema Deportivo Nacional de las Personas con Discapacidad y crea el Comité Paralímpico Colombiano y organiza por modalidad de discapacidad cada una de las federaciones deportivas. DEPORTE: Decreto 0641 2001 Se reglamenta la Ley 582 de 2000 sobre deporte asociado de personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales. DEPORTE: Resolución 0741 2005 Por el cual se reglamenta el programa “Apoyo al Deportista Paralímpico Colombiano”. 98 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Regresar al menú Marco legal Nacional Normas sobre integración social, bienestar, atención, igualdad Norma Año Fundamento Ley 361 1997 Por la cual se establecen mecanismos de integración de las personas con limitación, se dictan otras disposiciones y se reconoce a las personas sus derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales para su completa realización personal y su total integración social, y a las personas con limitaciones severas y profundas la asistencia y protección necesarias. Ley 909 2004 Regula el empleo público y la carrera administrativa, y en su artículo 52 protege a las personas con discapacidad. Ley 982 2005 Se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordociegas, y se dictan otras disposiciones. Ley 1098 2006 Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. Cuenta con un capítulo especial sobre la protección de los menores con discapacidad. Ley 1145 2007 Por medio de la cual se reglamenta el artículo 6 de la Ley 361 de 1997 organizando el Sistema Nacional de Discapacidad. Ley 1151 2007 Se aprueba el Plan de Desarrollo 2006-2010, el cual ordena atender de manera transversal las acciones de discapacidad, y así mismo ordenar: “Se dará continuidad al proceso de registro nacional de población en discapacidad en aras de optimizar la Nacional, Departamental, Distrital y Municipal en la inclusión de esta población”. Ley 1275 2009 Se establecen lineamientos de Política Pública Nacional para las personas que presentan enanismo y se dictan otras disposiciones. Ley 1346 2009 Por medio de la cual se aprueba la Convención de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas el 13 de Diciembre de 2006. Ley 1306 2009 Por la cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental y se establece el régimen de la representación de las personas con discapacidad mental absoluta. Decreto 524 2000 Derecho al pago del subsidio de la Caja de Compensación Familiar. Resoluciones 3942 / 0624/0624 2009 / 10 /10 Convocatoria para la elección de los representantes del Consejo Nacional de Discapacidad. del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 99 Regresar al menú Marco legal Nacional Normas sobre trabajo, pensiones y subsidios Norma Año Fundamento Ley 82 1989 Aprueba el convenio de la OIT respecto a la garantía de derechos laborales de la población con discapacidad en Colombia. Ley 361 1997 DE LA PREVENCION, LA EDUCACION Y LA REHABlLlTACION. Art. 22.- El Gobierno dentro de la política nacional de empleo adoptará las medidas pertinentes dirigidas a la creación y fomento de las fuentes de trabajo para las personas con limitación para lo cual utilizará todos los mecanismos adecuados. Art. 23.- El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA realizará acciones de promoción de sus cursos entre la población con limitación y permitirá el acceso en igualdad de condiciones de dicha población, previa valoración de sus potencialidades a los diferentes programas de formación. Art. 24.- Los particulares empleadores que vinculen laboralmente personas con limitación tendrán las siguientes garantías: A.- A que sean preferidos en igualdad de condiciones en los procesos de licitación, adjudicación y celebración de contratos, sean estos públicos o privados si estos tienen en sus nominas por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley. B.- Prelación en el otorgamiento de créditos subvenciones de organismos estatales, siempre y cuando estos se orienten al desarrollo de planes y programas que impliquen la participación activa y permanente de personas con limitación. Ley 797 2003 Reforma La Ley 100 de 1993. Desarrolla el tema de pensiones especiales para madres de personas con discapacidad que hayan cotizado el monto de semanas mínimo necesario, no importa su edad; y a la persona con discapacidad calificada puede pensionarse con 55 años de edad. Decreto 3771 2007 Subsidios del fondo de solidaridad pensional para aporte a pensión. Decretos 1355, 2963 y 4942 2008/09 Desarrollan todo el tema de subsidios y programas VOLVER en ayudas técnicas a la población con discapacidad y los requisitos para ello. Resoluciones 03123, 03122 y 2065 2008 Contemplan el desarrollo de los subsidios del fondo de solidaridad pensional y otras disposiciones. Decreto 4937 2009 Bonos pensionales para personas con discapacidad. Acuerdo 008 SENA 2008 Por el cual se establece la forma de contabilizar los contratos de aprendizaje con aprendices que tengan discapacidad no inferior al 25%. 100 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Regresar al menú Marco legal Nacional Normas sobre educación Norma Año Fundamento Ley 115 1994 Prevé la educación para personas con limitaciones y con capacidades excepcionales planteando que la educación de estos grupos es un servicio público de obligación para el Estado. Plan Nacional 2006 Plan Decenal de Educación 2006-2015 dirigido a definir políticas y estrategias para lograr una educación de calidad hacia futuro incluida la población con discapacidad. Decreto 369 1994 Modifica la estructura y funciones del Instituto Nacional para Ciegos INCI. Decreto 2082 1996 Se establecen parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo a la población con necesidades educativas especiales. Decreto 1336 1997 Aprueba el acuerdo No. 960034 modificando la estructura y funciones del Instituto Nacional para Ciegos INCI. Decreto 2369 1997 Determina recomendaciones de atención a personas con limitación auditiva. 1997 Se refiere a aspectos como la educación e instituciones en programas de educación básica y media de adultos con limitaciones. Decreto 1509 1998 Reglamenta parcialmente el Decreto 369 de 1994 en referencia al Instituto Nacional para Ciegos INCI. Decreto 672 1998 Educación de niños sordos y lengua de señas como parte del derecho a su educación. Decreto 366 2009 Por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva. Resolución 2565 2003 Determina criterios básicos para la atención de personas con discapacidad y necesidades educativas especiales. Decreto 3011 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 101 Regresar al menú Marco legal Nacional Normas sobre salud Norma Año Fundamento Ley 100 1993 Sistema se Seguridad Social Integral. Tiene como objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener una calidad de vida acorde con la dignidad humana, brindando beneficios especiales a las personas con discapacidad. Ley 383 1997 Normas de lucha contra la evasión del contrabando determinando un porcentaje de recursos para desarrollas programas para el mejoramiento de las instituciones de salud mental y la atención a población con discapacidad. Ley 643 2001 Se fija el régimen rentístico propio de juegos de suerte y azar con un porcentaje de los recursos recaudados a la vinculación al régimen subsidiado a los discapacitados, limitados visuales y salud mental. Ley 789 2002 Los padres, los hermanos huérfanos de padres y los hijos “inválidos” causarán doble cuota del subsidio familiar. Ley 1122 2007 Por medio de la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se determina como objetivo la atención de los factores de riesgo y condiciones de vida saludables. Ley 1438 2011 Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones: Artículos relacionados con la atención y rehabilitación: 11,14,17 a 19, 63, 65, 66, 96, 140 y 141. Decreto 1889 1994 Sustitución pensional de personas con discapacidad. Decreto 806 1998 Afiliación al sistema de población con discapacidad. Decretos 2226 y 1152 1996 y 1999 Decreto 3039 2007 Por el cual se adopta el Plan Nacional de Salud Pública. Resolución 3165 1996 Adopta lineamientos de atención en salud para las personas con deficiencias, discapacidades y minusvalías. Resolución 0425 2008 Se define la elaboración seguimiento y desarrollo del Plan Nacional de Salud Pública. 102 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Se asigna al Ministerio de Salud la función relacionada con la dirección, orientación, vigilancia y ejecución de los planes y programas incluyendo a los minusválidos y discapacitados. Regresar al menú Marco legal Nacional Normas sobre salud (continuación) Norma Año Fundamento Acuerdo 415, CNSSS 2009 Por medio del cual se modifica la forma y condiciones de operación del Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. Artículo 9. Acuerdo 008, CRES 2009 Por el cual se aclaran y se actualizan integralmente los Planes Obligatorios de salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado Acuerdo 011, CRES 2010 Por el cual se da cumplimiento al Auto No 342 de 2009 de la Honorable Corte Constitucional. del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 103 Regresar al menú Marco legal Nacional Normas sobre atención a víctimas de la violencia política Norma Año Fundamento Ley 418 1997 Prorrogada, modificada y adicionada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006 (Por medio de la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones). Ley 1098 2006 “POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA”. Decreto 3990 17 octubre de 2007 “Por medio del cual se reglamenta la subcuenta ECAT del FOSYGA”. Decreto 2973 06 Agosto de 2010 “Por el cual se fijan los criterios para la prestación de los servicios de rehabilitación física y mental a las víctimas de la violencia política y se dictan otras disposiciones” Resolución 1915 28 de mayo de 2008 Por la cual se adoptan los formularios para reclamar las indemnizaciones derivadas de los amparos de que trata el Decreto 3990 de 2007 y se dictan otras disposiciones. Adopción de los formularios. Para efecto de las reclamaciones de que trata el Decreto 3990 de 2007. Formulario Único de Reclamación de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, en atención a los servicios prestados a víctimas de accidentes de tránsito y eventos terroristas o catastróficos (FURIPS). Formulario Único de Reclamación de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud con ocasión a los servicios prestados de rehabilitación y suministro de prótesis (FURPRO). Formulario Único de reclamación de indemnizaciones de las Personas Naturales Víctimas de Accidente de Tránsito y Eventos Terroristas o Catastróficos, o sus Beneficiarios para la Reclamación de Indemnizaciones por Gastos Funerarios o muerte de la Víctima. (FURPEN). Formulario Único de Reclamación de Gastos de Transporte y Movilización de Víctimas (FURTRAN). Formulario único de certificación para el censo de víctimas – Eventos terroristas o Catastróficos (FURCEN). 104 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Regresar al menú RUTA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE MINAS ANTIPERSONAL -MAP-, MUNICIONES SIN EXPLOTAR -MUSEY ARTEFACTOS EXPLOSIVOS IMPROVISADOS -AEI-. VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA / OBSERVATORIO DE MINAS ANTIPERSONAL - ASISTENCIA A VÍCTIMAS La persona sufre un accidente por MAP / MUSE Para todos los trámites ante el FOSYGA es necesario tener la certificación de la Alcaldía. Para todos los trámites ante ACCIÓN SOCIAL es necesario tener la certificación del Personero o del Alcalde Municipal. RESCATE Sobrevive NO SI I ¡IMPORTANTE! Tenga en cuenta que: Familia tramita gastos funerarios e indemnización por muerte. FOSYGA (Plazo para realizar el trámite: 6 meses). Familia tramita ayuda humanitaria por muerte. ACCIÓN SOCIAL PRIMEROS AUXILIOS (Plazo para realizar el trámite: 1 año). EVACUACIÓN Transporte: Ambulancia aérea, fluvial y terrestre / Particular MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL Hospital o particular tramita subsidio de transporte. FOSYGA (Plazo para realizar el trámite: 6 meses). ATENCIÓN EN URGENCIAS Centro de salud / Hospital Nivel I MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL II ATENCIÓN MÉDICA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA Hospital nivel I, II, III y atención especializada nivel IV MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL ¿Adquiere discapacidad? NO SI III Víctima tramita ayuda humanitaria por heridas leves sin incapacidad permanente. ACCIÓN SOCIAL (Plazo para realizar el trámite: 1 año). REHABILITACIÓN MÉDICA BÁSICA, FÍSICA Y PSICOLÓGICA Sobreviviente tramita ayuda humanitaria por incapacidad permanente. ACCIÓN SOCIAL Hospitales, centros de rehabilitación MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL (Plazo para realizar el trámite: 1 año). Sobreviviente tramita indemnización por incapacidad permanente. FOSYGA (Plazo para realizar el trámite: 6 meses). IV V ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA CONTINUADA MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL REINTEGRACIÓN PSICOSOCIAL ESCOLAR Y LABORAL Víctima tramita asistencia educativa anual. ACCIÓN SOCIAL MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL (ICBF) MINISTERIO DE EDUCACIÓN (SENA) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Acción Social Víctima tramita crédito solidario. ENTIDAD FINANCIERA OFICIAL DETERMINADA POR EL GOBIERNO NACIONAL La persona se reintegra (Plazo para realizar el trámite inicial: 1 año). Víctima tramita subsidio de vivienda CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (Requisitos según Caja de Compensación). Víctima tramita capacitación y formación laboral Centros de información para el empleo del SENA Convenciones I ATENCIÓN PREHOSPITALARIA IV ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA CONTINUADA II ATENCIÓN URGENCIAS y HOSPITALARIA V REINTEGRACIÓN PSICOSOCIAL ESCOLAR Y LABORAL III REHABILITACIÓN MÉDICA BÁSICA, FÍSICA Y PSICOLÓGICA Regresar al menú Marco legal Nacional Principales sentencias de la Corte Constitucional referentes al tema de discapacidad Norma Magistrado ponente Fundamento T-025 de 2004 Manuel José Cepeda Espinosa Declara la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la situación de la población desplazada debido a la falta de concordancia entre la gravedad de la afectación de los derechos reconocidos constitucionalmente y desarrollados por la ley, de un lado, y el volumen de recursos efectivamente destinado a asegurar el goce efectivo de tales derechos y la capacidad institucional para implementar los correspondientes mandatos constitucionales y legales, de otro lado. 2009 Por medio del Auto 006, ordena la protección de las personas desplazadas, con discapacidad, en el marco del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004. T-608 de 2007 Rodrigo Escobar Gil Atención especial a menores con discapacidad en el ordenamiento colombiano. T-760 de 2008 Manuel José Cepeda Espinosa Se ordenan acciones para proteger a la población con discapacidad, como la equiparación de los beneficios contenidos en el POS-C con el POS-S. T-1248 de 2008 Humberto Sierra Porto Protección especial a los menores con discapacidad, ordena a Acción Social continuar brindado subsidio a menores no incluidos en aula regular. C-293 de 2010 Nélson Pinilla Declara exequible el texto de Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 107 Regresar al menú Directorio Institucional Nacional Regresar al menú Directorio institucional nacional Institución Teléfono Fax Dirección Horario Web / e-mail PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL (1) 596 04 90 (1) 562 97 47 Cll 7 N° 6-54, of. 114, Bogotá Lunes a Viernes: 8 a.m. - 5 p.m. www.accioncontraminas.gov.co accioncontraminas@presidencia.gov.co MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Atención al Ciudadano (1) 330 50 00 Ext.3381/84 (1) 330 50 50 Cra 13 N° 32-76 Bogotá Lunes a Viernes: 8:15 a.m. - 4:15 p.m. www.miproteccionsocial.gov.co Carrera 7 N° 32-39, Bogotá Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. atencionalcliente@fidufosyga.com.co www.fosyga.gov.co Desde Bogotá Línea gratuita todo el país: (1) 5953525 018000-952525 FOSYGA 018000522450 (1) 605 87 77 Extensiones: 133 / 134 / 135 / 136 ACCIÓN SOCIAL 018000 95 11 00 (1) 595 44 10 (1) 284 4120 Calle 7 N° 6-54 Bogotá Lunes a Viernes de 8.30 a.m. a 12.30 m y de 2.00 p.m. a 5.45 p.m. www.accionsocial.gov.co MINISTERIO DE VIVIENDA AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL 01 8000 95 25 25 01 8000 91 50 60 01 8000 91 93 01 (1) 595 35 25 (1) 332 3434 / 332 340 Calle 37 N° 8-40 Bogotá Solicitudes escritas: Cr. 13 N° 37-38 Bogotá Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. correspondencia@minambiente.gov.co MINISTERIO DE TRANSPORTE Grupo de Atención al Ciudadano (1) 428 70 54 Conmutador: (1) 324 08 00 Ext: 1108 /1118 / 1119 (1) 324 08 00 Tr. 45 N° 47 - 14, Avenida el Dorado, CAN, Primer Piso Bogotá Sede Central Lunes a Viernes de 8:00 a.m. - 5:00 p.m. www.mintransporte.gov.co mintrans@mintransporte.gov.co quejasyreclamos@mintransporte.gov.co SENA 01 8000 91 0270 (1) 592 55 55 (1) 5461500 Calle 57 No. 8-69, Bogotá D.C Lunes a Viernes: 7:30 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. www.sena.edu.co spe@sena.edu.co MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 01 8000 91 01 22 (1) 222 02 06 (1) 222 28 00 (1) 222 49 53 Calle 43 N° 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá. www.mineducacion.gov.co Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. atencionciudadano@ mineducacion.gov.co del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 111 Regresar al menú Directorio institucional nacional Institución Teléfono Fax Dirección Horario Web / e-mail Bogotá (1) 220 28 80 Ext: 1159 / 1148 / 1173 (1) 315 00 86 / 220 08 91 Av. Calle 26 N° 51 – 50 CAN, Primer Piso Bogotá Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. www.registraduria.gov.co Medellín (4) 413 75 99 (4)2162727 / (4) 2163539 Cll. 44 A N°. 75 – 104 Sector de la América Medellín Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Cali (2)8826002 / 8826003 / 2826000 / 8826011 (2)882 60 08 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL – OPADI 112 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Regresar al menú Glosario de siglas Regresar al menú Glosario de siglas AEI Artefactos Explosivos Improvisados ARP Administradora de Riesgos Profesionales BDUA Base de Datos Única de Beneficiarios CIF Clasificación Internacional del Funcionamiento, Salud y Discapacidad CRES Comisión de Regulación en Salud CTSSS Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ECAT Subcuenta del FOSYGA orientada a la atención de las víctimas de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito EPS Empresas Promotoras de Salud EPS - S Empresas Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado EPS - C Empresas Promotoras de Salud del Régimen Contributivo ESE Empresa Social del Estado FOSYGA Fondo de Solidaridad y Garantía FURPEN Formulario Único de Reclamación de Indemnización por Accidentes de Tránsito y Eventos Catastróficos FURTRAN Formulario Único de Reclamación de Gastos de Transporte y Movilización de Víctimas ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar INCI Instituto Nacional para Ciegos INSOR Instituto Nacional para Sordos IPS Institución Prestadora de Servicios de Salud IVA Impuesto al Valor Agregado MAP Minas Antipersonal MUSE Munición sin Explotar NEE Necesidades Educativas Especiales NUIP Numero Único de Identificación Personal ONU Organización de Naciones Unidas del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS 115 Regresar al menú Glosario de siglas OPADI Oficina para la Atención al Discapacitado de la Registraduría Nacional del Estado Civil PAI Plan Ampliado de Inmunizaciones PAICMA Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersona PcD Personas con Discapacidad POS Plan Obligatorio de Salud POS C Plan Obligatorio de Salud del Régimen Contributivo POS S Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado SENA Servicio Nacional de Aprendizaje SGSSS Sistema General de Seguridad Social en Salud SISBEN Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales SMDLV Salario Mínimo Diario Legal Vigente VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana 116 del dicho al hecho, POR NUESTROS DERECHOS Regresar al menú Formularios para recobro al FOSYGA Vicepresidencia