¿ Colapso parcial o presencia diferenciada del Estado en Colombia?: una mirada desde la historia
¿COLAPSO PARCIAL O PRESENCIA
DIFERENCIADA DEL ESTADO EN
COLOMBIA?: UNA MIRADA DESDE
LA HISTORIA
Fernán E. González1
recibido 09/16/003, aprobado 10/06/003
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Fernán González
El texto argumenta que la viabilidad de la democracia puede abordarse a
partir de tres enfoques. A partir de los dos primeros, el modelo ideal occidental de la democracia y la idealización del pasado como período de armonía y orden, un Estado como el colombiano se consideraría como fallido. Al contrario, el tercer modelo, referido a un proceso paulatino de
construcción del Estado, apuntaría a la reformulación diaria del Estado en
Colombia. A través de un recorrido histórico por el proceso de democratización en Colombia, el autor se propone refutar la tesis del colapso del
Estado colombiano.
Palabras Claves: debilidad estatal, Estado en construcción, violencia,
clientelismo, populismo, modernización parcial, narcotráfico
The text argues that the problem of democratic viability can be approached through three perspectives. The first two, the Western ideal
model of democracy and the idealization of the past as a period of harmony and order, lead to interpretations of the Colombian state as failed
or collapsed. On the contrary, the third perspective, which refers to a
gradual process of state-building, suggests that the Colombian state is reformulated on a daily basis. The author examines the democratization
process in Colombia in order to refute the failed state thesis.
Keywords: state weakness, state-building, violence, clientelism, populism,
partial modernization, drug trafficking
Introducción
E
n este trabajo examinaré las condiciones de
viabilidad o sostenibilidad de la democracia en la América
Latina contemporánea, donde la crisis
coyuntural de varios países ha llevado a
preguntarse sobre la posibilidad de su
eventual colapso o fracaso. En el caso
colombiano, los desafíos que grupos
armados de diferente signo ideológico
plantean al monopolio estatal de la
fuerza y la justicia; así como los intentos fallidos o parcialmente neutralizados de recuperar la legitimidad de las
instituciones representativas, han sido a
veces interpretados como signos de
una total bancarrota de la democracia
en el país.
A esta mirada apocalíptica han
contribuido el fracaso de las negocia-
1 Historiador y científico político. Investigados del CINEP.
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¿ Colapso parcial o presencia diferenciada del Estado en Colombia?: una mirada desde la historia
ciones del anterior gobierno con la gue- con una notable estabilidad política y
rrilla de las FARC (Fuerzas Armadas macroeconómica, junto con la fortaleRevolucionarias de Colombia), la pene- za de algunas instituciones. En ese
tración de recursos derivados de los marco, Colombia podría definirse
cultivos de uso ilícito en la sociedad, como una democracia electoral bastaneconomía y política; la enorme canti- te consolidada, que cuenta con una
dad de población desplazada por causa larga historia de elecciones y con un sudel conflicto
fragio cada vez
armado; la
menos restrinEl problema de la viabilidad de la
grave crisis
gido a pesar de
democracia y de su eventual cohumanitaria
las escasas molapso o fracaso en Colombia
evidenciada
vilizaciones
puede afrontarse desde tres punen violaciociudadanas, el
tos de vista: desde un modelo
nes a los
alto nivel de
ideal;
desde
una
visión
idealizada
Derechos
abstención, y
del pasado armónico y desde un
Humanos y
del corte clienproceso paulatino y conflictivo de
al Derecho
telista que ha
caracterizado
construcción del Estado.
la adhesión a
los partidos
Internacional Humanitario; y la expan- políticos durantes el siglo XIX y buena
sión del conflicto armado a las nacio- parte del XX. Cabe agregar que, esta
nes fronterizas como Venezuela, caracterización excluye de antemano la
Ecuador y Panamá. Esta mirada deses- aplicación de esquemas tomados de las
timulante ha llegado incluso a plantear transiciones de las dictaduras antipopula posible secesión del país entre un listas o antipopulares a regímenes más
norte controlado por los grupos para- democráticos en el Cono Sur.
Esta paradoja obliga a consimilitares de derecha (“Castaño-landia”), un sur en manos de las guerrillas derar que el problema de la viabilidad
de las FARC (FARC-landia) y un centro de la democracia y de su eventual cocontrolado por el Estado central lapso o fracaso en Colombia puede
(Pizarro y Bejarano, 2003). Esta mirada afrontarse desde tres puntos de vista: a.
apocalíptica de buena parte de la socie- Desde un modelo ideal y abstracto de
dad influyó no poco en la acogida de democracia, generalmente bastante idelas propuestas de recuperación de la au- alizado, tomado de la experiencia de los
toridad estatal y lucha contra la corrup- Estados nacionales consolidados de
ción del actual presidente, Álvaro Uribe Occidente que se pone a prueba en
nuestros subdesarrollados sistemas y
Vélez.
Sin embargo, esta visión caóti- países; b. Desde una visión idealizada
ca de la realidad colombiana contrasta de un pasado donde reinaba la armonía
126
Fernán González
y el orden, una mítica edad de oro donde
los valores cívicos y cristianos eran respetados, la ley era observada y las instituciones estatales tenían pleno control
de la sociedad, desde la cual el presente
se ve como decadencia o caída, pérdida del
monopolio estatal de la fuerza; . c. Desde un
proceso paulatino y conflictivo de
construcción de las instituciones del
Estado, que poco a poco va integrando
las diferentes regiones del territorio nacional y articulando sus respectivas poblaciones al conjunto de la vida nacional, que implica también la gradual
construcción del monopolio estatal de
la coerción legítima.
Si se adopta las dos primeras
perspectivas, se hablará de “Estado fallido” o “colapsado”, pero si se adopta
el tercer enfoque, hablaríamos de “un
Estado en construcción”, con una explícita referencia a los procesos de poblamiento del territorio, de organización de las sociedades en las respectivas
regiones y de articulación de territorios
y poblaciones al Estado Nación colombiano.
Orden y violencia: la paradoja colombiana
En ese sentido, algunos analistas como Francisco Leal Buitrago
(1995) han venido señalando la paradoja existente entre la coexistencia de la
estabilidad política y económica casi sin
parangón en América Latina, con la
persistencia de una violencia política y
social también casi sin antecedentes en
el subcontinente. Este contraste se expresa en la paradoja de orden y violen-
cia acuñada por Daniel Pecaut (1987)
en el título de una de sus obras principales, o en la de “legitimidad y violencia”de Marco Palacios (1995). Así
como para otros autores, como
Eduardo Posada-Carbó (2003) sería
precisamente la resistencia de las instituciones colombianos lo que hay que
explicar, no su colapso.
Sin embargo, Leal es de la opinión de que la estabilidad macroeconómica e institucional no debería identificarse con el beneficio de los más ricos,
como ha ocurrido hasta hoy: la pacificación del país no es posible sin mejorar las condiciones de los más pobres.
En otro trabajo, este autor señala que
este contraste refleja la existencia de un
Estado políticamente débil, que ha
dado ventajas para el enriquecimiento
fácil y cuya estabilidad institucional no
ha logrado canalizar la convulsión social, estos factores han propiciado la
ausencia de medios efectivos de control
social y oposición política democrática
(Leal, 1996: 22).
Prueba de la estabilidad política al igual que de la continuidad civilista es que las dictaduras militares han
sido excepcionales a lo largo de la historia de Colombia. Son sólo dos casos,
ambas de corta duración: el gobierno
del general José María Melo, quien después de su golpe militar en 1854, no alcanzó a durar un año; y el del general
Gustavo Rojas Pinilla, que no completó los cuatro años. Conviene también
tener en cuenta que en los dos casos,
los golpes de Estado se enmarcaron
dentro de las tensiones internas y divi-
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¿ Colapso parcial o presencia diferenciada del Estado en Colombia?: una mirada desde la historia
siones de los partidos tradicionales y
fueron finalmente neutralizados por la
coalición de los dirigentes históricos de
esos partidos, que impusieron un gobierno de coalición entre ellos.
Esta permanencia del control
bipartidista de la vida política durante
siglo y medio y la consiguiente ausencia
de gobiernos populistas no descarta el
surgimiento de algunos movimientos
de ese corte en dos momentos históricos diferentes, con algunas relaciones
con el bipartidismo, como el gaitanismo en los años cuarenta (Pecaut,
1994:505-510) y el anapismo en el
Frente Nacional, que nunca lograron
acceder al poder. Y tampoco descarta la
capacidad de integración e inclusión
que mantienen los partidos tradicionales por medio de sus diferentes facciones y disidencias, como es el caso del
MRL (Movimiento Revolucionario
Liberal), que recogía a los liberales renuentes a aceptar el sistema de gobierno compartido del Frente Nacional, y
la ANAPO (Alianza Nacional Popular),
del general Rojas Pinilla, que en sus inicios recogía los conservadores opuestos a la alianza con el enemigo liberal y
a los sectores modernizantes del conservatismo (Ayala, 1996).
Por esta capacidad de integración y cooptación, el fracaso de estos
movimientos populistas para acceder al
bloqueo no se produce en Colombia
como en otros países latinoamericanos,
por la intervención de unas fuerzas armadas, apoyadas por unos gremios empresariales alarmados ante el ascenso
de las masas populares en la vida políti-
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ca o la amenaza de reformas radicales,
sino por el funcionamiento del sistema
político bipartidista, con su mezcla de
política tradicional y moderna y su legitimación electoral de corte clientelista.
Populismo ausente e inclusión
clientelista
Para algunos autores como
Marco Palacios es precisamente la ausencia o el fracaso de amplios movimientos populistas la causa de la violencia crónica al lado de la estabilidad
institucional y la explicación de la persistencia de poderes tradicionales con
capacidad de bloquear sistemáticamente los intentos reformistas y modernizantes. En cambio, en otros países de
América Latina, el surgimiento y el
auge de movimientos populistas de envergadura obligaron a la ampliación de
la ciudadanía y a ciertas transformaciones del Estado (Palacios, 2001).
En cambio, otros como Daniel
Pecaut (2000), opinan que la inexistencia del populismo se debe precisamente a la precariedad del Estado, al modelo privatizado de economía y la inserción clientelista de la población en la
división creada por la subcultura bipartidista, que impidió la consolidación de
una identidad nacional. En una línea similar a Pecaut, pero más referida a las
relaciones entre ejecutivo y legislativo,
Ronald Archer y Matthew Sobert
Shugart (2002) han señalado que la incapacidad del sistema político colombiano para generar mayorías estables
hizo difícil la búsqueda de soluciones
Fernán González
para los profundos problemas sociales
de Colombia, sobre todo la violencia
rural y urbana.
Así, es claro que en Colombia
no se dan algunas de las condiciones
sociales donde surgen los movimientos
populistas de otros países hispanoamericanos, ya que nunca experimentó
grandes booms exportadores que hicieran crecer los recursos fiscales del
Estado que lo convirtieran en un
Estado “rentista”, ni tampoco grandes
migraciones de trabajadores europeos
que en otros países del continente fueron la base de movimientos sindicales
de corte anarquista. En ese sentido, por
una parte, la debilidad del Estado fue el
resultado de la pobreza fiscal, que no
permitió la aparición de una amplia burocracia estatal ni consolidar un verdadero “Estado del bienestar”; pero, por
otra parte, tampoco se presentaron,
como el caso de otros países latinoamericanos una ampliación de las capas
medias urbanas, ni grandes presiones
de las masas populares, que obligaran a
ampliar la ciudadanía ni a incrementar
el gasto público (Pecaut, 1987:227230).
Por otra parte, autores como
Nicos Mouzelis (1994) han mostrado, a
partir de la comparación entre los casos
de Grecia, Argentina y Brasil que las
formas de inclusión populista de las
masas populares no son esencialmente
diferentes de los mecanismos clientelistas presentes en la vida política colombiana. Este autor parte del contraste
entre las maneras como son integradas
las masas populares en los sistemas po-
líticos en los países centrales y en los
periféricos. En los primeros, las clases
bajas y sus organizaciones lograron insertarse de modo más autónomo y
menos vertical, ya que pudieron aprovechar que la todavía restringida expansión del Estado permitía todavía la creación de una sociedad civil fuerte. En
cambio, en las sociedades periféri-cas la
expansión del Estado y el paso de los
“clubes de notables” a partidos políticos de masas tuvo lugar en un contexto donde las organizaciones sindicales y
populares eran débiles y el Estado tenía
suficiente fuerza para inhibir la formación de grupos autónomos de interés
(Mouzelis, 1994:466).
El clientelismo es una forma de desarrollo político que incorpora a las
clases medias y bajas en la arena
política alterando lo menos posible
el discurso y el estilo organizativo
del periodo oligárquico.
Existen diferencias fundamentales entre las dos formas de integración política: las redes verticales del
clientelismo constituyen una buena solución para los problemas creados por
la ampliación de la participación política en países periféricos y semiperiféricos cuando ésta se produce de manera
gradual. En cambio, el populismo representa otra manera, igualmente restrictiva y vertical, de responder al aumento de la participación política de las
masas populares cuando la irrupción de
129
¿ Colapso parcial o presencia diferenciada del Estado en Colombia?: una mirada desde la historia
ellas en la política es tan abrupta que
sobrepasa la capacidad de las redes
clientelistas para encauzarlas.
En ese sentido, los partidos
clientelistas de los regímenes postoligárquicos pueden ser vistos comuna
cierta forma de centralización y modernización que muestra mayor continuidad con la política tradicional en
comparación con los modos de inclusión populista, que implican una mayor
ruptura con el liderazgo tradicional: el
clientelismo es una forma de desarrollo
político que incorpora a las clases medias y bajas en la arena política alterando lo menos posible el discurso y el estilo organizativo del periodo oligárquico. En la estructura clientelista burocrática no hay una ruptura radical con
el sistema de notablato oligárquico,
pues los nuevos jefes quiebran el dominio oligárquico pero transformando las
redes existentes de patronazgo en su
propio beneficio, mientras que los jefes
surgidos en la movilización populista
consolidan su nuevo poder con un estilo diferente de liderazgo, que deja de
lado los grupos de intermediarios y
crea una organización administrativa de
relación más directa entre gobernantes
y gobernados. Sin embargo, algunos
autores plantean que no hay una ruptura tan total entre el clientelismo y el populismo, sino que puede haber una
combinación entre ambos (Arg üeyo,
2001:227-231).
Esta cierta relación de continuidad entre clientelismo, populismo y
ciudadanía es corroborada de alguna
manera por estudios de carácter histó-
130
rico y antropológico. En ese sentido,
puede ser útil recordar las reflexiones
que Francisco-Xavier Guerra (1982) y
Fernando Escalante (1993) que han elaborado sobre los efectos que produce
la superposición de formas e instituciones políticas, tomadas de la experiencia
de países donde se ha consolidado el
dominio directo del Estado sobre la
población, sobre Hispanoamérica y especialmente sobre México, que es el
ámbito de sus análisis. En ese sentido,
Guerra sostiene la necesidad política del gamonalismo o cacicazgo electoral como intermediario preciso entre sociedad tradicional y
Estado moderno (Guerra, 1982). Al respecto, Escalante critica los enfoques
que suponen una radical incompatibilidad entre formas clientelistas y formas
ciudadanas de actividad política y predicen una ineluctable evolución lineal
entre las primeras y las segundas. Según
este autor, estas concepciones se basan
en la consideración simplista de que el
poder del Estado viene aumentando
siempre a costa del poder de todas las
demás instituciones sociales: esta concepción hace percibir la permanencia
del clientelismo como una malformación congénita y una desviación del
proceso histórico de las tendencias
hacia la individualización y estatalización de la política, que “simula, jurídicamente, un espacio social homogéneo,
hecho de individuos”.
En su crítica, Escalante señala
que estos procesos no agotan el campo
de la política por dos hechos: en primer
lugar, lo social sólo existe en formas de
conexión colectiva, pues ninguna socie-
Fernán González
dad, por individualista y moderna que
sea, está totalmente “atomizada”, ni es
el resultado mecánico de la suma de individuos aislados, sino que está siempre
basada en comunidades, asociaciones y
redes previamente existentes, aunque
ellas no estén sancionadas legalmente.
Y, en segundo lugar, el necesario papel
de intermediación que juega la clase
política tradicional entre la sociedad y
el Estado es indispensable para que
operen los mecanismos del Estado: “la
representación, la administración y la
toma de decisiones” (Escalante, 1993).
Por lo tanto, para el análisis del
caso colombiano, es importante considerar la manera como Escalante describe los problemas que se presentan
cuando una clase política entra en decadencia y se muestra incapaz de mantener el orden, administrar los conflictos
y “reducir la complejidad de la vida social”. Entonces su incapacidad hace ver
más escandalosos los arreglos, los políticos resultan ser no solo inescrupulosos sino también inútiles y se produce
una reiterada demanda social por la legalidad, la mayor presencia del Estado
y nuevas formas de representación política por fuera de los partidos, exterior
al sistema político. Los casos que utiliza este autor para ejemplificar estas
tendencias son el Perú de Fujimori y la
Italia de Berlusconi, pero menciona
también a “otros liderazgos de tipo bonapartista de “hombres nuevos” llegados para barrer la corrupción de una
clase política caduca”. Hoy tendría que
nombrar a Hugo Chávez y Lucio
Gutiérrez, junto con Antanas Mockus y
Álvaro Uribe Vélez.
Crisis de representación política y
cambios en la percepción del conflicto armado
La anterior descripción de
Fernando Escalante parece dibujar la
manera como buena parte de la opinión pública percibía la situación de la
crisis política y de la violencia cuando
se producía la ruptura de las conversaciones de paz entre las FARC y el gobierno Pastrana. La coyuntura de entonces se caracterizaba en primer lugar,
por una profunda polarización y fragmentación del país en torno al proceso
de paz, especialmente a la existencia de
una zona desmilitarizada. Y en segundo
lugar, por una igualmente profunda crisis de representación política de la sociedad, que tiende a percibir como ilegítimos a los partidos tradicionales y a
descalificar la actividad política tradicional como esencialmente corrupta.
El escepticismo creciente de la
opinión pública frente a las posibilidades del proceso de paz con las FARC se
conjugó con el rechazo moralista de las
prácticas tradicionales de la política
para producir los resultados electorales
que vimos en los pasados comicios.
Esta coyuntura desembocó en el triunfo electoral de Álvaro Uribe Vélez,
cuya votación principal se concentró en
las zonas más integradas a la economía
del país, especialmente en las grandes
ciudades, recogiendo el descontento de
varios sectores de la opinión pública
131
¿ Colapso parcial o presencia diferenciada del Estado en Colombia?: una mirada desde la historia
frente a la manera como se había venido negociando con la guerrilla, lo
mismo que su desconfianza frente a
candidatos asociados con el estilo tradicional de actividad política (Pecaut,
2003).
Esta polarización en torno al
conflicto significó un cambio importante en las costumbres políticas del
país, ya que el apoyo mayoritario a Álvaro Uribe Vélez y a los parlamentarios
que habrían expresado su apoyo por la
“línea dura” que él impulsaba rompió
las lealtades tradicionales a los partidos
y a sus jefes locales y regionales, que se
vieron obligados a sumarse a Uribe, incluso en contra de sus preferencias personales y lealtades previas a otros candidatos. En ese sentido, la novedad de
las elecciones del año pasado fue la superación de la tendencia histórica de la
mayoría de la población colombiana a
alinearse con sus jefes tradicionales, regionales y locales, normalmente adscritos a los partidos tradicionales2. Sin
embargo, esta tendencia fue contrastada por una votación importante por
políticos independientes de los partidos tradicionales (más de un millón de
votos), más cercanos a la salida negociada del conflicto.
La tendencia antipolítica y la
ruptura de las lealtades tradicionales se
mostraba también en el creciente descrédito de los congresistas y políticos
profesionales. No deja de ser preocu-
pante el alarmante grado de impopularidad del Congreso, cuyo papel aparece
como carente de importancia para la
mayoría de la población colombiana.
En una encuesta de entonces, el 49%
opinaba que el actual Congreso le aporta poco al país mientras que el 28%
cree que no le aporta nada, y solo el 9%
sostiene que le aporta mucho (Semana,
marzo 2002). Bajo el gobierno de
Uribe, parecía mejorar un tanto la tendencia: según la encuesta Invamer
Gallup (El Tiempo, 2003ª), del 23 de
julio, el Congreso obtenía un 39% a
favor y un 44%. Pero, para la encuesta
realizada por Napoleón Franco (El
Tiempo, 2003b), pocos días después, la
tendencia se mantenía: la aprobación
del Congreso era sólo del 21% pero la
desaprobación también descendía al
44%; el partido liberal recibía un 34%
de aprobación contra un 39% de desaprobación, mientras el partido conservador caía a un 22% de favorabilidad y
un 48% de desfavorabilidad.
Estos índices contrastan enormemente con el 78% a favor y 21% en
contra que otorga al presidente Uribe la
encuesta de Franco, y el 64% de aprobación y el 26% de desaprobación que
le da la de Invamer Gallup. Sólo su gestión económica es descalificada (48% a
favor y 45% en contra). Por lo tanto, es
muy clara la tendencia al optimismo en
la percepción de la situación. Al lado de
este rechazo a la clase política tradicio-
2 Tanto el candidato conservador a la presidencia, Juan Camilo Restrepo, como el candidato liberal
al Congreso, Juan Martín Caicedo Ferrer, confesaron que varios jefes habían manifestado que ellos
eran personalmente seguidores suyos, pero que sus electores ya habían decidido apoyar a Uribe Vélez.
132
Fernán González
nal, este virtual unanimismo en torno a nes parlamentarias y presidenciales se
la figura del presidente Uribe, y a su vez vieron polarizadas por las posiciones
a su ministra de defensa y el comandan- contradictorias frente a los diálogos
te de las fuerzas militares aparece liga- del gobierno Pastrana con las FARC y
do también a un cambio de la percep- muy especialmente frente a la zona desción de la población colombiana sobre militarizada. Incluso, el mismo fracaso
el conflicto armado. En los años sesen- de estas negociaciones evidenció una
ta y setenta, el conflicto armado y la ac- falta de consenso de la opinión pública
tividad guecolombiana sobre la
rrillera eran
Los
abusos
de
la
guerrilla
han
llevapercibidos
naturaleza
do al apoyo casi unánime de la popor el grueso
y el origen
de la opinión
del conblación a la propuesta del presidenpública como
flicto arte Uribe de recuperación de la autoalgo que ocumado, que
ridad del Estado.
rría lejos de
es percibilas ciudades,
do de maen zonas de colonización campesina nera diferenciada por los diferentes
periférica, que no afectaba su vida co- sectores de la sociedad (Palacios, 2001).
tidiana ni la economía nacional.
Este endurecimiento de la opiRecientemente, la violencia ha logrado nión pública en torno a las negociacioafectar a la economía, ataca la infraes- nes con la guerrilla y la zona de despetructura vial y petrolera, irrumpe en la je se veía fortalecido por los conti-nuos
vida política mediante los secuestros de abusos que la guerrilla cometía en la
parlamentarios y políticos, cobra im- zona de despeje y en las regiones aledapuestos, secuestra en las carreteras no ñas, al lado de la manera ligera e improsolo a los más ricos sino a personas de visada como el gobierno Pastrana masectores medios y populares y realiza nejó el proceso del diálogo. Esta imacciones terroristas en las ciudades provisación se hizo evidente en la maprincipales.
nera como otorgó a las FARC la zona
Por otra parte, la opinión pú- desmilitarizada, sin condiciones previas
blica urbana y los medios masivos de ni controles y como dejó toda la iniciacomunicación no perciben los trasfon- tiva de la discusión de las reformas sodos social, económico y político del ciales y económicas de la agenda conconflicto armado, pues éstos tienen venida en manos de este grupo guerrique ver más con los problemas del llero. Por eso, opinaba Hernando
mundo agrario y campesino, donde son Gómez Buendía (2002) que “la ruptureclutados los miembros de las guerr- ra” del proceso de paz evidenciaba un
llas, de los paramilitares y del ejército malentendido fundamental” entre las
nacional. Por eso, las pasadas eleccio- partes: las FARC pensaban que las re-
133
¿ Colapso parcial o presencia diferenciada del Estado en Colombia?: una mirada desde la historia
formas sociales eran la condición previa para la suspensión de hostilidades,
mientras que la opinión pública insistía
en que mientras las FARC continuara
su accionar violento, no había nada que
negociar.
Estos malentendidos de la población y los abusos de la guerrilla han
llevado al apoyo casi unánime de la población a la propuesta del presidente
Uribe de recuperación de la autoridad
del Estado y a las medidas tomadas en
su gobierno en esa dirección, como el
mayor control de las principales vías terrestres, el fortalecimiento de las
Fuerzas Armadas, la mayor presencia
del ejército y policía en el territorio, la
creación de las zonas de rehabilitación
en regiones conflictivas, etc. Incluso, el
aumento de acciones terroristas como
la bomba de El Nogal y los fracasos
militares como el que ocasionó la
muerte del gobernador de Antioquia,
Guillermo Gaviria, y su asesor, el ex
ministro Echeverri, terminaron aumentando su popularidad al refrendar la necesidad de una política de “mano
dura” contra la guerrilla (Pecaut,
2003:91-92).
¿ Colapso parcial o precariedad del
Estado?
La situación de escalamiento y
expansión de la violencia y el descrédito de los partidos políticos y del
Congreso han sido leídos por algunos
como una reedición de la categoría de
“colapso parcial del Estado”, acuñada
por Paul Oquist (1978) para describir la
situación creada por la Violencia de los
134
años cincuenta. Como índices de esta
situación, Eduardo Pizarro Leongómez
y Ana María Bejarano (2003) toma las
altas tasas de homicidio, la ineficiencia
y corrupción de la policía, la consiguiente expansión de la seguridad privada, la expansión difusa de la actividad
de guerrilleros y paramilitares, la erosión del sistema de justicia con altos índices de impunidad, el aumento de
armas en manos civiles y la falta de presencia de las instituciones estatales en
algunas regiones del país, como las de
colonización.
Para Paul Oquist (1978:47),
uno de los clásicos analistas de la
Violencia de los años cincuenta, dicho
colapso se manifestaba en la “crisis e
inoperancia de las instituciones establecidas, la pérdida de legitimidad del
Estado, la apelación del mismo a prácticas terroristas (...), la ausencia física
del Estado en grandes regiones del país
y las contradicciones dentro del aparato armado del mismo”. El enfoque de
Oquist (1978) centra el problema en las
relaciones entre aparatos del Estado y
sociedades regionales. En ese mismo
estilo de relación, Daniel Pecaut (2001)
prefiere hablar de “precariedad del
Estado” en el contexto de su polémica
con algunos autores que explican la
violencia reciente como una respuesta a
las limitaciones, implícitas o no, que el
régimen bipartidista del Frente
Nacional imponía a la vida política colombiana. Sin negar esas obvias restricciones, este autor recordaba el carácter
de pacto pacificador y civilizador que
tuvo este régimen, subrayando sus re-
Fernán González
sultados innegables y mostrando cómo
no ahogó del todo la competencia política. Según Pecaut el visualizar como
cerrado el Frente nacional significa
una oposición a tener en cuenta lo que
él considera “el factor central de la historia colombiana”: “la precariedad del
Estado nación... que sirve de contexto a la recurrencia de la violencia” (Pecaut, 2001.
27-34).
Para Pecaut, algunos rasgos de
esta precariedad son reconocidos por
los analistas: todos admiten que el
Estado no ejerce su autoridad en vastas
regiones del país, como las de colonización reciente, lo que deja el campo
abierto al “uso privado de la fuerza” y a
instituciones sustitutivas como las organizaciones guerrilleras. Pero la falta
de autoridad estatal en esas zonas es
solo un aspecto de la precariedad del
Estado Nación, que reside fundamentalmente en su incapacidad para consolidar su influencia en la sociedad. Esta
incapacidad, sostiene este autor, obedece a que las simbologías de los intervencionismos económico y social no
encontraron en Colombia condiciones
para su desarrollo: ni el sector exportador cafetero ni la naciente industria tuvieron que recurrir al Estado para aliviar sus problemas en la depresión de
los años treinta. Tampoco el intervencionismo social se puso al servicio de la
consolidación del Estado sino que fue
un instrumento del partido liberal para
consolidarse dentro del electorado urbano, ya que, según él, la identificación
con los partidos tradicionales como
subculturas contradictorias y mutua-
mente excluyentes no daba lugar para
“una imagen unificada de la Nación, ni
para un Estado independiente de los
partidos” (Pecaut, 2001:35).
Sobre estas bases, la sociedad
colombiana avanzó en el siglo XX, sin
que las estructuras y la concepción del
Estado hayan sido profundamente alteradas. Sin embargo, matiza Pecaut, esta
precariedad tuvo algunas ventajas, pues
contribuyó a la continuidad de la democracia al privar de un eventual apoyo
a intervenciones militares o a tendencias autoritarias de sectores civiles y
hacer difícil el desarrollo de populismos económicos y políticos. Pero impidió también cualquier modernización
significativa del Estado que era necesaria para la regulación de la vida económica y social, alimentó el clientelismo y
permitió que aflorara una violencia
multifacética, que expresa la incapacidad del Estado para detentar el monopolio de la coerción legítima (Pecaut,
2001:35-36).
Hacia la presencia diferenciada del
Estado
A nuestro modo de ver, tanto
el llamado “colapso parcial” como la
designada “precariedad del Estado” expresan la manera diferenciada como
los aparatos del Estado hacen presencia
en las diferentes regiones del país y la
ma-nera disímil como las diversas regiones y sus poblaciones se han ido integrando a la vida nacional a través de
los partidos tradicionales tanto como
federaciones de redes de poder local y
135
¿ Colapso parcial o presencia diferenciada del Estado en Colombia?: una mirada desde la historia
regional,
distinta de la
Las dinámicas de violencia se encomo subque se destienden mejor si se abandona la
culturas poarrolla donde
imagen monolítica de nuestro molíticas. La dieste dominio
delo de Estado y se enfatizan las
ferenciación
del Estado
diferentes formas como el Estado
regional de
debe ser necolombiano
hace
presencia
en
las
la violencia,
gociado y arregiones y localidades.
señalada por
ticulado con
Oquist
y
las estructuRoldán (1978), y el estilo precario de ras de poder, y otra, muy diferente, es
presencia de las instituciones estatales la violencia que se produce donde no se
en la vida económica y social del país, han logrado consolidar los mecanismos
mediado por las redes bipartidistas de tradicionales de regulación social, o
poder, enfatizado por Pécaut, nos han donde estos mecanismos están hacienllevado a pensar que esta diferenciación do crisis.
regional de la violencia y de la consiEn esas regiones, no hay un
guiente respuesta del Estado implica actor claramente hegemónico sino una
también una diferenciación regional de lucha por el control territorial con prela presencia del Estado (González, dominios cambiantes según la coyuntuBolívar y Vásquez, 2003:218-232). Esta ra, que dejan a la población civil exdiferenciación se expresa en distintos puesta al cruce de fuegos y a los camtipos de relación con los “notables” de bios fluctuantes de “soberanías fluidas”
las sociedades locales y regionales, cuyo de uno u otro de los actores armados.
grado de poder determina hasta qué En estas regiones, los aparatos del
punto el dominio del Estado colombia- Estado se mueven como otro actor
no se aproxima a las categorías de do- local más, entremezclándose de manera
minación de tipo “directo” o “indirec- difusa con los poderes de hecho que se
to”, según la terminología de Charles están construyendo en ellas (González,
Tilly.
Bolívar y Vásquez, 2003:197-236). En
Por eso, las dinámicas de vio- sentido similar, Malcolm Deas (1995)
lencia se entienden mejor si se abando- hace caer en la cuenta de que la mayor
na la imagen monolítica de nuestro mo- parte de los hechos violentos se produdelo de Estado y se enfatizan las dife- cen en zonas donde el Estado carece
rentes formas como el Estado colom- del monopolio de la fuerza y la lucha de
biano hace presencia en las regiones y la insurgencia se concentra en la dispulocalidades, lo mismo que en los dife- ta con otros grupos por el control del
rentes tiempos en que esta presencia se territorio.
articula con los poderes que surgen en
Por otra parte, este concepto
ellas. Una será la violencia que confron- permite tanto visualizar la importancia
ta el dominio directo del Estado, muy del bipartidismo en la vida política co-
136
Fernán González
lombiana como entender las razones de
la permanencia del clientelismo: los
partidos liberal y conservador a lo largo
del siglo XIX y buena parte del XX
permitieron al Estado hacer algún tipo
de presencia en las regiones y crear
algún tipo de articulación de los grupos
locales y regionales de poder, con sus
respectivas clientelas, al conjunto de la
nación, junto con cierto sentido de pertenencia suprarregional más allá de las
identidades locales y regionales.
Es una integración, desde arriba, de las clases populares a la vida política nacional por la vía del patronazgo clientelista, que permite la legitimación electoral de los partidos y gobiernos, y se complementa en algunos
momentos con una integración menos
vertical, cuando se movilizan de manera menos subordinada a las clases
populares para respaldar los proyectos
modernizantes o desplazar al adversario del poder. Así, el clientelismo cumpliría la función de inclusión vertical y
subordinada de las masas populares a la
vida política nacional, sin amenazar la
estabilidad del régimen político, lo
mismo que de expresar las necesidades
e intereses particulares de grupos y regiones que pueden ser pasados por alto
por la mentalidad tecnocrática y burocrática de los funcionarios del poder
central.
Para entender mejor este
papel, conviene tener en cuenta las dinámicas del poblamiento del territorio
de la nación, ya que, como muestra
Ernest Gellner (1992:22), una de las
condiciones para configurar el control
de un poder central en un territorio es
la delimitación y fijación de la población en él. Además, hay que considerar
la manera paulatina como se consolidan los mecanismos internos de regulación social a los que se referían Oquist
y Roldán (1978) como elementos que
compensaban la falta de regulación estatal en los territorios integrados: estos
mecanismos se construyen a partir de
los procesos de estratificación, jerarquización y cohesión social, que son la
base de los poderes locales y regionales,
que se articulan entre sí mediante las
federaciones laxas de poder de los partidos tradicionales y sus correspondientes adscripciones clientelares, que permiten su funcionamiento como subculturas. Estas interdependencias entre elites regionales y locales, con sus respectivas clientelas, vehiculadas por los partidos liberal y conservador, permitieron
al país compensar de alguna manera la
fragmentación regional que ha mostrado Marco Palacios (2002:21-58).
A nuestro modo de ver, tanto
los procesos de poblamiento como los
de construcción de cohesión y regulación social tienen que ver con la manera particular como el país afrontó el
problema agrario y se reflejan especialmente en el estilo particular de formación del Estado y el papel fundamental
que juegan en él los partidos políticos
tradicionales, el liberalismo y el conservatismo (González,1997:21-70). No es
extraño entonces que los movimientos
guerrilleros y la producción de cultivos
de uso ilícito surjan en zonas de colonización campesina marginal, donde es
137
¿ Colapso parcial o presencia diferenciada del Estado en Colombia?: una mirada desde la historia
escasa la presencia de los aparatos del
Estado y donde no se han consolidado
todavía los mecanismos internos de regulación social que permiten a los partidos tradicionales establecer sus bases
regionales de poder. Ni que los movimientos guerrilleros de las guerras civiles del siglo XIX surjan en situaciones
semejantes y que la geografía de la violencia de los años cincuenta tienda a
coincidir con las zonas de colonización
aluvional y anárquica.
El papel del bipartidismo en
Colombia
En el caso de Colombia, los
partidos tradicionales han desempeñado, al menos durante el siglo XIX y la
primera mitad del XX, la función de
mediación entre el Estado y los grupos
dominantes de la sociedad como respuesta a la fragmentación del poder en
los niveles nacional, regional y local,
que caracteriza la historia independiente del país al desaparecer el poder unificador de la Corona española. Para entender las vicisitudes de estos partidos,
hay que combinar la mirada de los conflictos nacionales con la consideración
de los conflictos en las localidades y regiones. Este proceso supone, en primer
lugar, la existencia de grupos oligárquicos que compiten entre sí por el control político de su región o localidad,
donde se mezclan los intereses económicos con las rivalidades personales y
familiares, enfrentamientos intrafamiliares, choques generacionales, etc.,
combinada con la existencia de rivalida-
138
des intrarregionales e interregionales
por motivos de diversa índole, rivalidades económicas o conflictos de carácter político-administrativos. En segundo lugar, la existencia de intereses regionales y locales contrapuestos a los
intereses de largo plazo y de conjunto
de la nación en formación. Y en tercer
lugar, la existencia de varios proyectos
de unidad nacional, expresados casi
siempre por grupos de intelectuales y
burócratas, localizados generalmente
(pero no siempre) en la capital de la nación. De ahí la importancia de analizar
las relaciones que se establecen entre la
burocracia de la capital, las burocracias
regionales y las redes de parentesco o
interrelación entre las élites regionales y
locales. (González, 1997:26-28)
Este papel del bipartidismo
hace que la historia política colombiana
se mueva en dos niveles, el de la federación de grupos regionales y locales de
poder y el de los proyectos del orden
nacional. Los primeros se mueven en
una lógica política más tradicional, al
reflejar las jerarquías sociales y económicas ya existentes en las regiones y sus
relaciones de tipo clientelar con la población de las respectivas regiones y localidades. Mientras que los proyectos
de orden nacional se mueven en un
mundo político más moderno, basado
en adscripciones más voluntarias de los
pobladores, interesado en vincularse a
los mercados internacionales y al orden
político mundial. Esta relación entre
modernidad y tradición es compleja y
dinámica, ya que se ha venido modificando con los diferentes intentos de
Fernán González
modernización política y los cambios
de la sociedad en ese mismo sentido.
Así, las reformas de llamada
Revolución Liberal de mediados del
siglo XIX trataron de insertar al país
en el mercado mundial y de ponerlo al
día con respecto al mundo moderno, lo
mismo que secularizar la sociedad y
ampliar la ciudadanía, con una concepción leseferista de Estado. Sin embargo,
tal y como muestra Malcolm Deas
(1993:217-218), el Estado central no
tenía entonces suficientes recursos para
funcionar en ese estilo centralizado,
pues antes de los años veinte del siglo
pasado la pobreza fiscal del gobierno
hacía que no fueran muy fuertes los
nexos entre los gobierno central, departamental y local. Solo en los años
veinte se altera este equilibrio cuando
llegan buenos precios del café, petróleo
y banano, la indemnización por
Panamá y los grandes empréstitos extranjeros. Esto favoreció al gobierno
conservador de entonces al permitirle
fortalecer las cadenas del patronazgo
del Estado central, pero aún entonces
la pobreza generalizada de los municipios hacía que el aumento de los ingresos del Estado central siguiera siendo
insuficiente para satisfacer todas las necesidades.
Esta situación llevaba a concentrar los recursos en las regiones y
políticos leales al gobierno en un reparto de favores que imposibilitaba un manejo racional y planificado de los recursos y modificó el sentido de la actividad
política local, al convertir a los gamonales locales en intermediarios de los in-
tereses locales y regionales frente al gobierno central y permitir la construcción de “maquinarias electorales”, que
articulaban a los congresistas con el gobierno central y las administraciones
departamentales y municipales. Sin embargo, en este período se producen algunos intentos iniciales de modernización de la administración del Estado
colombiano, gracias a las recomendaciones de la Misión Kemmerer en
1923: se dio así una mayor presencia
del estado en la economía nacional por
medio de mayor gasto público, junto
con los primeros pasos para un nuevo
papel del Estado en el proceso de modernización del país.
Este proceso de modernización del Estado se profundizaría con la
llamada República Liberal de los años
treinta, después del colapso de los precios del café y los problemas de la
deuda externa, profundizados por la
crisis mundial de 1929. La reforma tributaria de 1935, que hacía parte de un
programa más amplio de estabilización
monetaria y fiscal y de una más ambiciosa reforma social, significó un notable aumento de los ingresos estatales.
Este aumento de ingresos permitió al
gobierno de entonces una presencia
más significativa en la sociedad colombiana, pero sin lograr una política muy
intervencionista para el desarrollo de la
economía, en parte debido a la resistencia de los sectores cafeteros e industriales, que no necesitaban el apoyo del
Estado (Ocampo, 1987).
Por otra parte, el manejo del
Estado seguía moviéndose dentro de la
139
¿ Colapso parcial o presencia diferenciada del Estado en Colombia?: una mirada desde la historia
lógica del manejo partidista tradicional: titutiva de la identidad colectiva”, en
el personal administrativo del Estado palabras de Daniel Pecaut.
se recluta según la adscripción al partiAdemás, los conflictos entre
do de gobierno y los altos cargos de la guerrillas liberales y comunistas contripolítica económica se llenan con diri- buyeron a la fragmentación del campegentes
provesinado. Por todo
nientes de los
esto, uno de los
Uno de los resultados más
gremios empreresultados más
notorios de la violencia fue
sariales, lo que
notorios de la
"un proceso sin precedentes
hace que los inteviolencia fue “un
de desorganización del camreses privados
proceso sin prepesinado", que queda ahora
sigan prevalecedentes de desatomizado y presionado a
ciendo dentro
organización del
migrar a las cabeceras
del propio gocampesinado”,
municipales.
bierno. Esta sique queda ahora
tuación es califiatomizado y precada por Daniel
sionado a migrar
Pecaut como verdadero “cogobierno” a las cabeceras municipales y ciudades
de los gremios y llega a Francisco Leal cercanas. Pero, paradójicamente, señala
a caracterizarla como “corporativismo Pecaut, otro de los resultados de la
en la sombra”, que se hará evidente en Violencia fue infundir mayor intensila postura común de los gremios em- dad a la pertenencia a los partidos trapresariales frente al intervencionismo dicionales porque la refe-rencia al enestatal, a pesar de sus fisuras internas frentamiento bipartidista se convirtió
(Leal, 1995:30).
en “la única posibilidad de dar sentido
a esta experiencia vivida por una geneAhora bien, en ese ambiente ración de colombianos” (Pecaut, 1987:
de polarización política y social, el esta- 565-566 y 571-573). En ese sentido,
llido de la Violencia de los años cin- tanto la Violencia como el Frente
cuenta produce una desarticulación del Nacional reforzaron la función de los
poder en los niveles nacional, regional y partidos tradicionales para encuadrar la
local: ella hace aflorar la fragmentación mayoría de la población nacional lo
de poder oculta bajo la articulación del mismo que su papel de marco de refebipartidismo ya que la lucha guerrillera rencia para las identidades colectivas de
liberal se desarrolla en el nivel local la mayoría de la población.
rural, con poca coordinación con el
mundo urbano y bastante desacuerdo Alcances y limitaciones del Frente
con la dirigencia liberal, aunque subsis- Nacional
En ese sentido, el Frente
ta la alusión a la pertenencia al partido
liberal como la única “referencia cons- Nacional constituyó la solución a un
140
Fernán González
problema básico de Colombia, la falta
de orden político, mediante un intento
importante de civilizar los enfrentamientos de los partidos. Se buscaba entonces un régimen para la convalecencia democrática, la deposición del dictador militar y el retorno a los gobiernos civiles mediante un filtro jurídico
institucional que moderara la competencia bipartidista de modo que no se
saliera de los cauces prefijados, pero
que mantuviera una total apertura para
la expresión de la lucha entre las facciones internas de los partidos. La limitación de la competencia bipartidista
buscaba la destrucción del sectarismo,
hasta entonces base de la adhesión popular a los partidos, que se compensaba ahora con la ampliación burocrática
y el acceso a los recursos estatales
como respuesta pragmática a las demandas de jefes locales y regionales
(Dávila, 2002:95) .
Sin embargo, el Frente Nacional no
contó con una clara comprensión de las
formas como se producía la violencia,
razón por la cual los planes de rehabilitación se vieron limitados. Según señala acertadamente Gonzalo Sánchez
(1988): estas limitaciones se reflejaron
en un recrudecimiento de los hechos
violentos durante el primer gobierno
del Frente Nacional y un surgimiento
de fenómenos de bandolerismo. En palabras de Sánchez, lo que quiso hacer e
hizo el pacto bipartidista fue “disociar
el conflicto bipartidista del conflicto
social y crear una artificial atmósfera de
paz en un contexto de profundas con-
tradicciones sociales surgidas a la sombra, bajo el estímulo, o al margen del
enfrentamiento bipartidista” (Sánchez
y Maertens, 1989). En esta misma línea
de análisis, Francisco Leal Buitrago
sostiene que lo que logró hacer el
Frente Nacional fue “desmilitarizar” el
conflicto político, lo que produjo formas de “bandolerismo social” por la
desconexión explícita que efectuó el bipartidismo frente a la violencia, lo que
dio paso a una nueva fase de hechos
violentos (1958-1965), que terminó en
1965 con el exterminio militar de casi
todos los caudillos. En esta nueva fase,
la violencia deja entonces de ser mediada por el bipartidismo, lo que elimina
ciertas formas para su control y canalización por parte del régimen (Leal,
1987).
A pesar de estas limitaciones,
el Frente Nacional representó un
nuevo intento de modernización del
Estado, pero su carácter de coalición
heteróclita de intereses parciales yuxtapuestos planteaba límites serios a esos
intentos. Este carácter impedía la consolidación de instituciones estatales de
carácter moderno, expresadas en normas objetivas e instituciones impersonales, basadas en una clara delimitación
entre lo público y lo privado. Esto colocaba al régimen bipartidista y al
Estado a medio camino entre la sociedad tradicional y moderna.
Esa coalición de tendencias
contradictorias hizo que la resistencia
de los poderes tradicionales lograra
obstaculizar las tímidas reformas políticas y sociales y obligara a las institucio-
141
¿ Colapso parcial o presencia diferenciada del Estado en Colombia?: una mirada desde la historia
nes modernas del Estado, de carácter
impersonal y burocrático, a una continua negociación con las estructuras de
poder previamente existentes en localidades y regiones. Esta situación presenta una doble cara: por un lado, reduce
las exigencias modernizantes del
Estado central pero, por otro, modera
también sus tendencias excesivamente
centralizantes y homogenizantes, que
generalmente expresan la mentalidad
de las élites tecnocráticas, poco conscientes de las diversidades regionales y
locales3. Por otra parte, este estilo de
modernización, centrado en lo económico y lo burocrático, produjo un efecto no deseado: un debilitamiento y un
relajamiento de las formas tradicionales
de cohesión social y política, que suplían la carencia de un Estado moderno,
pero sin lograr la creación de las formas modernas de cohesión social y política, que respondieran a la nueva situación. Todo lo cual acentuaba la fragmentación del poder y disminuía las
posibilidades de articulación entre las
diferentes instancias del poder, lo
mismo que entre las diferentes lógicas
del quehacer político.
Los problemas resultantes de
esta situación se hicieron evidentes en
una mirada de mediano plazo, a partir
de los años sesenta, cuando, como señalan Daniel Pecaut (1990) y Jorge
Orlando Melo (1990), los rápidos cambios de la sociedad pronto hicieron ob-
soletos los marcos institucionales y las
referencias culturales que el país poseía
para canalizar y dar sentido a los procesos sociales: la urbanización y metropolización rápidas de la población, producidas por la migración aluvional de los
campesinos hacia las ciudades, sobrepasaron la capacidad del Estado para
proporcionar servicios públicos adecuados a la población urbana creciente,
mientras que la industria nacional se
mostraba igualmente incapaz para absorber esta mano de obra en aumento.
En ese sentido, además, los
problemas sociales, tanto en las ciudades como en el campo, se configuraron
como un caldo de cultivo favorable
para las acciones violentas: en ese sentido, las limitaciones de la reforma
agraria oficial y la criminalización de la
protesta campesina acentuaron el divorcio entre movimientos sociales y
partidos políticos tradicionales. Al respecto Jonathan Hartlyn (1993:212) señala como características de la relación
del Frente Nacional con los movimientos sociales la no-creación de organizaciones populares que controlaran y canalizaran la movilización social por
medio de mecanismos corporativistas y
su consiguiente preferencia por una
política de desmovilización –“divide y
reinarás”- de las organizaciones autónomas de los sectores populares. Sólo
se presentaron dos intentos de establecer alguna vinculación institucional
3 En ese sentido, convendría recordar los hallazgos de Julián Pitt-Rivers, 1989, Un Pueblo de la Sierra:
Grazalema, Alianza editorial, Madrid, que muestra cómo la estructura local o caciquil de poder sirvió
para moderar las reformas centralizantes y autoritarias del régimen de Franco en España.
142
Fernán González
entre los partidos tradicionales y grupos amplios de población, las Juntas de
Acción Comunal y la ANUC, cuyas
evoluciones posteriores confirmaron la
ambivalencia del régimen frente a la
movilización social y la debilidad de
los esfuerzos corporativistas del Estado
colombiano. Por eso, puede afirmarse
que bajo este régimen consocional se
da una cierta integración política del
sector popular, pero con una escasa
movilización de esos grupos por parte
de los partidos tradicionales (Archila,
2003).
Este divorcio entre movimientos sociales y partidos se agravó por la
presencia de movimientos de izquierda,
interesados en la radicalización del movimiento campesino y por la instrumentalización de algunos sectores de
los movimientos sociales (grupos sindicales, líderes estudiantiles, movimientos
barriales, cívicos y populares) por parte
de sectores partidarios de la opción armada. Esto influyó en el aumento de la
criminalización de la protesta social por
la lectura complotista de la movilización social, lo que produjo el cierre de
espacios sociales para una alternativa
de izquierda democrática, que hubiera
podido canalizar el descontento social
tanto de las masas populares del campo
y ciudad como de las crecientes capas
medias urbanas. No surge entonces un
movimiento político moderno capaz de
articular a los grupos descontentos con
el sistema bipartidista, que empezó a
proliferar, en los años sesenta, entre intelectuales, sectores medios urbanos y
capas populares. Todo lo cual hace que
muchos perciban el sistema político
como cerrado y como agotadas las vías
democráticas de reforma del Estado, lo
que condujo a algunos grupos radicalizados a la opción armada.
Sin embargo, el Frente
Nacional logró cierta modernización
del aparato del Estado y alguna despolitización y profesionalización de los
funcionarios estatales, pero la lógica de
la ampliación del empleo estatal, producida por la necesidad de mantener el
equilibrio burocrático entre los partidos, siguió siendo la contraprestación
de favores y el otorgamiento de prebendas, a las cuales tuvieron que adaptarse las nuevas instituciones.
Obviamente, esto generaba inmovilismo e impedía una buena gestión. Sin
embargo, la dinámica de planeación
económica y administrativa logró importantes avances, después de superar
algunos obstáculos por las negociaciones partidistas, gracias al apoyo de los
gremios empresariales y de la producción, partidarios de la despolitización
partidista del manejo global de la economía, reforzados por la AID y organismos internacionales de financiación
(Dávila, 2002:77-81).
En ese sentido, según Andrés
Dávila, que el Frente Nacional fue una
respuesta relativamente exitosa para los
problemas que pretendía solucionar,
pero su dinámica permitía entrever el
rasgo central de las críticas posteriores:
era una solución estrecha para problemas de gran magnitud, lo que condujo
a su agravamiento posterior. Sólo fue
pensada como “una solución pactada y
143
¿ Colapso parcial o presencia diferenciada del Estado en Colombia?: una mirada desde la historia
reformista de reinstauración de la democracia “ por medio de una aparentemente ”forma nueva de ejercer la política en Colombia por medio de la repartición y negociación antes que la
competencia”. Y nunca fue concebida
como instrumento de un profundo
cambio social sino como “un reformismo dirigido desde arriba en la perspectiva de mantener el control de las elites
sobre una sociedad en agudo proceso
de cambio”.
Este reformismo terminaría
luego “subordinado a la dinámica del
juego político y a los factores que en el
nuevo arreglo se consolidaban como
dominantes, específicamente los líderes
clientelistas de los niveles regionales”.
Por eso, “su “honda preocupación por
modernizar el Estado y la política de
acuerdo con un orden capitalista” resultaría neutralizada por “el pragmatismo politiquero”, aunque la conducción
tecnocrática de la economía lograría
aislar significativamente la vida económica de esos problemas. Y, adicionalmente, el pacto frentenacionalista logró
contener “cualquier amenaza de movilización social autónoma” a la vez que
permitía “el paulatino fortalecimiento
de sectores medios “subvencionados”
por las políticas estatales”, pero esta exclusión de la movilización social y el
privilegio a los viejos actores de la vida
política “impidió el reconocimiento y
acceso de nuevos sectores, varios de los
cuales se convirtieron en la punta de
lanza de los cuestionamientos a la legitimidad de una democracia que no per-
144
mitió la competencia interpartidista durante 16 años” (Dávila, 2002:95-97).
Efectos políticos de la modernización selectiva del Estado
El reformismo genera también
la racionalización de la administración
pública que a su vez produjo una consecuencia no deseada por la vida política: la creciente deslegitimación de la
clase política tradicional más aún al
mostrar una dislocación creciente entre
los políticos que se movían principalmente dentro del ámbito nacional del
poder y los que se movían primordialmente en los niveles regional y local, lo
mismo que una creciente separación
entre una lógica modernizante de largo
plazo y una tradicional de corto plazo,
al concentrar las reformas en la rama
ejecutiva. En este contexto, Ana María
Bejarano y Renata Segura (1996:52) han
señalado la paradoja de que la tendencia a la modernización del Estado terminó fortaleciendo la descalificación de
la política, que pretendía relegitimar. El
carácter selectivo y desigual de esa modernización produjo, como resultado
no deseado, “una creciente separación
entre la sociedad y la clase política”,
que tiende a ser percibida casi exclusivamente como “una realidad aparte,
“autorreferenciada” y “dedicada a su
autorreproducción”, al marginar a los
órganos representativos de la discusión
de la problemática económica y social.
Esta separación, ya señalada anteriormente por Pecaut como uno de los rasgos característicos de la evolución polí-
Fernán González
tica reciente, hará cada vez más ilegítima a la clase política a los ojos de la sociedad, lo que no hace sino aumentar la
crisis de representación política de la
sociedad
colombiana
(Pecaut,
1987:126).
Esta modernización selectiva
inducida por una mayor racionalización
de la administración público produjo
profundos enfrentamientos entre los
sectores tecnocráticos y los políticos
tradicionales Por otra parte, los avances
electorales de la ANAPO, que aprovechaba el descontento popular desatado
por el estilo tecnocrático, obligaron a
los gobiernos del bipartidismo, especialmente los de Misael Pastrana
Borrero y Julio César Turbay Ayala a
reactivar los manejos clientelistas en el
plano local y regional y a moderar un
tanto el enfoque tecnocrático. Años
más tarde, el Nuevo Liberalismo de
Luis Carlos Galán Sarmiento retomaría
el tema, produciendo una disidencia
dentro del partido liberal, que frustraría
el intento reeleccionista de Alfonso
López Michelsen y llevaría al triunfo
de Belisario Betancur en 1980.
Después de la presidencia de
Lleras Restrepo, sostienen Archer y
Shugart (2002), todos los presidentes,
unos más que otros, han intentado en
vano revivir de alguna manera los intentos de reforma política, que fueron
siempre obstruidos por el Congreso.
Esta obstrucción llevó a los presidentes
a tratar de implementar algunos de sus
aspectos pasando por encima del legislativo. Estos autores subrayan que los
análisis del presidencialismo colombia-
no pasan normalmente por alto los límites que la realidad política impone a
los teóricamente excesivos poderes que
la legislación, sobre todo a partir de la
reforma de 1968, le otorga nominalmente al presidente.
Esta situación conduce, según
Archer y Shugart (2002:126), a que el
Congreso colombiano no sea una arena
importante para la formulación de políticas nacionales o la representación de
los correspondientes grupos de interés.
Esto también tiene que ver con el sistema existente de partidos, que refleja intereses clientelistas e intercambio de favores de patronazgo y no una representación programática nacionalmente
orientada: la autonomía de los políticos
frente al liderazgo de su partido en el
Congreso hace que el ejecutivo carezca
del poder adecuado para limitar sus acciones particularistas (Archer y
Shugart, 2002:145-160).
Sin embargo, Gary Hoskin
(1990) ha sostenido en varias ocasiones
que los partidos tradicionales no han
sido los únicos responsables de la crisis
política que aqueja al país, ya que señala que los partidos no han hecho sino
representar fielmente “una extensión
de una estructura oligárquica del poder
que prevalece en la sociedad”, sostenida “por un sistema social altamente estratificado”, que ha logrado frustrar sistemáticamente los desafíos de los grupos disidentes gracias a la política de
cooptación de sus élites y el status marginal de la mayoría de la población. Por
eso, sería irreal que los partidos se apartaran significativamente de las prefe-
145
¿ Colapso parcial o presencia diferenciada del Estado en Colombia?: una mirada desde la historia
rencias políticas de los grupos dominantes en la sociedad, aunque se destacan los cambios políticos que la urbanización produjo en detrimento del clientelismo, más característico de las áreas
rurales, lo mismo que la dinámica más
moderna de las elecciones presidenciales (Hoskin, 1990:149-150), no obstante, conviene precisar que esta pérdida
de funcionalidad del clientelismo y de
la clase política tradicional no significa
su desaparición de la escena política, ya
que su importancia como intermediaria entre las regiones y la nación sigue
siendo grande.
Finalmente, cace anotar que el
resultado de todas estas transformaciones en el conjunto de la opinión pública del país fue la crisis de representación política que termina afectando
profundamente la legitimidad de las
instituciones estatales y de las formas
de mediación política de la sociedad
(Leal, 1988). La dificultad de los partidos tradicionales para modernizarse y
la no-aparición de nuevas organizaciones políticas más modernas y acordes al
momento histórico del país fue produciendo una creciente separación entre
política y sociedad, que dificulta todavía más la solución de los países que el
país afronta. Incluso, el señalamiento
continuo de los vicios y prácticas corruptas de la vida política, bastante justificadas por la realidad del país, tuvieron como consecuencia indeseada el
descrédito generalizado de lo político
como instrumento colectivo de construcción del orden social y como expresión articuladora de los diversos intereses e identidades de personas y grupos
146
sociales. Lo político terminó por identificarse con las prácticas de la clase política tradicional, cada vez más distante
de los intereses colectivos que dice representar.
Las transformaciones de corto
plazo
Esta situación se complica más
con la elección popular de alcaldes y
gobernadores, que desarticula el sistema tradicional de las “maquinarias” políticas por medio de las cuales los partidos tradicionales mediaban entre las localidades, las regiones y el Estado central. Esto profundiza aún más la crisis
de legitimidad de la clase política profesional, cuya actividad es cada vez más
vista como carente de sentido, porque
estos cambios no han sido compensados con reformas políticas que neutralicen la tendencia a la fragmentación a
las fuerzas políticas y que obliguen a los
partidos a democratizar su función
mediadora entre regiones, localidades y
Estado central. La inexistencia de estas
reformas termina por fortalecer el sistema clientelista y anarquizar aún más
la actividad política, como se hace evidente en la proliferación de listas para
las elecciones para el Congreso, los
concejos municipales y las asambleas
departamentales.
La conciencia de la crisis de legitimidad del régimen e instituciones
políticas condujo a la reforma constitucional de 1991, que reconoció la pluralidad del país en lo étnico, religioso, cultural y regional, procuró una relación
más equilibrada entre las ramas del
poder y trató de corregir los vicios que
Fernán González
consideraba más
la nueva normativiLa conciencia de la crisis
evidentes de la
dad, sostienen que
de legitimidad del régimen
vida política coel resultado fue
e instituciones políticas
lombiana. Pero
bastante decepciocondujo a la reforma
muchas de sus renante pues reducía
constitucional de 1991.
formas
fueron
los poderes del prefrustradas o limisidente, normaltadas por la legislación posterior y sus mente el impulsor de las reformas mointentos de moralizar la vida política se dernizantes, y fortalecía los del
vieron pronto neutralizados por la rea- Congreso, generalmente el mayor obslidad de la actividad política. En su aná- táculo a las reformas (Archer y
lisis del Congreso elegido inmediata- Shugart, 2002:160-171).
mente después de la Asamblea
Curiosamente, la circunscripConstituyente,
Elizabeth
Ungar ción nacional para el Congreso que
(1995:117.122) señala que su balance estos autores consideraban positiva por
de realizaciones no fue muy positivo o, disminuir la sobrerrepresentación de
por lo menos, que éstas distaron los sectores rurales, es hoy muy criticamucho de las expectativas que la nueva da por producir el resultado no deseaconstitución había generado en torno a do de una mayor fragmentación de los
la renovación de las prácticas políticas partidos y de la representación naciopor las cuales se criticaba a la institu- nal, al facilitar aún más la tendencia de
ción.
los políticos tradicionales y modernos,
En lo que respecta al equili- a la construcción de “microempresas
brio pretendido entre las ramas del electorales”, que impiden una acción
poder, convendría recordar los comen- coordinada de los partidos en el
tarios de Ronald Archer y Matthew Congreso. En ese sentido, Eduardo
Shugart (2002) sobre el hecho de que el Pizarro Leongómez (1996:212-217)
teóricamente excesivo poder que la muestra cómo se profundiza entonces
Constitución de 1886 era más imagina- la tendencia a la fragmentación y atorio que real, por estar compensado por mización de los partidos, evidenciadas
los poderes formales e informales de la en la profusión creciente de listas para
clase política, representada en el los cuerpos colegiados a partir de 1991.
Congreso. En ese sentido, afirman que
En la práctica, afirma Pizarro,
la nueva constitución de 1991 es toda- el objetivo de la circunscripción naciovía más irónica, porque impuso limita- nal para el Senado, promover liderazciones incluso mayores a la presidencia, gos nacionales que superaran el ámbito
a pesar de haber sido impulsada por el regional, terminó frustrado: incluso, es
ejecutivo y resistida siempre por el le- probable que se hayan debilitado los ligislativo. Por eso, estos autores, contra derazgos regionales sin que se hayan redel generalizado optimismo en torno a novado los liderazgos político-partidis-
147
¿ Colapso parcial o presencia diferenciada del Estado en Colombia?: una mirada desde la historia
tas de carácter nacional. Esto afecta,
según Pizarro, no solo a partidos tradicionales sino también a los partidos y
movimientos políticos de creación más
reciente, que tampoco logran canalizar
los intereses y problemas de los sectores que no se sentían expresados por
los partidos tradicionales. Los nueve
partidos o movimientos que se presentaron en la coyuntura electoral después
de 1991 habían casi desaparecido del
todo en el panorama electoral de 1994,
como
ejemplifica
la
Alianza
Democrática M-19. Hasta el momento,
sostiene este autor, se ha tratado más
de movimientos testimoniales y particularistas y no de verdaderos partidos o
movimientos del orden nacional. El resultado de esta situación, concluye
Pizarro, es que esta fragmentación y atomización extremas de todos los partidos y movimientos políticos, sin excepción, constituye una ocasión que favorece la penetración de los dineros calientes en las campañas electorales
(Pizarro, 1996: 217).
La crisis de la actual coyuntura
El recorrido histórico hecho
anteriormente muestra que la actual
crisis de representación que afecta a los
partidos, especialmente a los tradicionales, no es tan nueva sino que viene
gestándose en las últimas cuatro décadas: desde los años sesenta y setenta, se
hizo notoria la creciente incapacidad de
los partidos tradicionales para expresar
los rápidos y profundos cambios que
experimentaba la sociedad colombiana.
148
En ese sentido, estaríamos asistiendo a
la lenta y paulatina erosión de la capacidad de los partidos para representar
políticamente a la nación colombiana,
que representa la también lenta y gradual superación de un modelo de
Estado mediado por el bipartidismo,
sin que aparezcan nuevos modelos de
intermediación política organizada.
Esta erosión se hace evidente
en el divorcio entre movilización social
y política, señalado por Mauricio
Archila en un libro próximo a aparecer,
que evidencia los crecientes problemas
del Estado colombiano y de los partidos tradicionales para seguir incorporando e integrando las luchas sociales
de los grupos subalternos. Esta crisis
política tiene como otra cara de la moneda la emergencia de una amplia pero
dispersa movilización social y popular
al margen de los partidos tradicionales,
que busca una ampliación de la ciudadanía social pero no política, que se distancia de la expresión política partidista
para inscribirse generalmente en una
tendencia cívica pero “antipolítica”.
Esta incapacidad de integración social
por el sistema y el Estado se refleja en
el desborde de las luchas sociales, que
hace cada vez más frecuente el recurso
a la represión, ilegalización y criminalización de la protesta, que era casi siempre considerada como instrumentalizada por la guerrilla.
A mi modo de ver, esta descripción de crisis puede ser leída como
el resultado del lento y paulatino agotamiento del modelo decimonónico de
Estado que había estado vigente en el
Fernán González
país desde los comienzos de nuestra
vida republicana hasta el fin de la primera mitad del siglo XX.. Los partidos
tradicionales como subculturas y federaciones laxas de redes locales y regionales de poder habían sido los vehículos de expresión y canalización de las
tensiones y contradicciones de la sociedad colombiana durante el siglo XIX y
primera mitad del XX.
Paradójicamente, los intentos
de modernización de los aparatos estatales para adecuarse a los rápidos cambios de la sociedad terminar contribuyendo a la crisis de legitimidad de los
partidos, ya que su carácter selectivo
produce tensiones y escisiones entre
los sectores políticos de estilo tecnocrático y los de corte tradicional tanto en
esos aparatos como dentro de los partidos tradicionales. Estas tensiones y
escisiones terminan por conducir a la
desarticulación de los poderes locales y
regionales, existentes de hecho o de derecho, con relación a los aparatos del
Estado central y la organización de los
partidos en el ámbito nacional. Y esta
pérdida de la capacidad articuladora de
los partidos significa la desorganización
de los mecanismos que permitían que
la presencia diferenciada del Estado no
condujera a la ruptura interna entre las
diferentes lógicas de funcionamiento
que ella implicaba. La paradoja del reformismo lleva a un callejón sin salida:
las reformas modernizantes son consideradas excesivas por los políticos tradicionales y poderes locales regionales,
pero demasiado tímidas para conseguir
apoyo de los grupos populares y clases
medias.
No obstante, la erosión de la
mediación partidista de la sociedad no
significa la total desaparición de los
partidos, que conservan todavía bastante capacidad de movilización y una
gran capacidad de adaptación a los
cambios institucionales. Por otra parte,
el carácter pluriclasista de los partidos
en particular del Liberal resulta a veces
problemático: sus matices reformistas
lo separan de los grupos sociales establecidos que también hacen parte de él,
mientras que la resistencia de éstos al
cambio lo hacen inadecuado para tramitar las demandas populares. Estas
contradicciones internas permiten que
Francisco Gutiérrez (2001:72-74) describa su situación como “democratización anómala o fallida” para concluir
que en Colombia no se debe hablar de
“catástrofe” sino de descomposición,
debido a la tradición histórica de los
partidos y de las identidades de la población colombiana con ellos, junto
con una enorme flexibilidad para adaptarse a los cambios institucionales. Por
el lado del partido conservador, como
muestra Mónica Pachón (2001), la situación parece más grave: su dirección
es débil tiene serias divisiones internas
y poca proyección nacional, y ha sido
más golpeado por la urbanización del
país. Sin embargo, cuenta aún con
algún capital electoral, especialmente
en algunas regiones, lo que le permite
una importante figuración en el gobierno y el Congreso. Y el caso de las ter-
149
¿ Colapso parcial o presencia diferenciada del Estado en Colombia?: una mirada desde la historia
ceras fuerzas tampoco escapa a las tendencias hacia la fragmentación y desorganización interna, como muestra
Ricardo Peñaranda (2001) para el caso
de los grupos indígenas.
Esta situación hace que Scott
Mainwaring considere que el sistema
colombiano de partidos es uno de los
más singulares del mundo debido a su
tendencia a la personalización y atomización, expresada en una gran erosión
organizativa, una falta de control de las
organizaciones sobre las listas de candidatos, la feroz competencia intrapartidista y la consiguiente proliferación de
listas, cuyo resultado afecta el funcionamiento del Congreso y la calidad de la
representación. Pero, a pesar de esta
erosión de las organizaciones partidistas, los partidos tradicionales mantienen su predominio electoral, conservan
un alto nivel de lealtades (aunque
menor que antes) y experimentan poca
La experiencia histórica de Colombia
permitiría afirmar que esa combinación de adscripciones nacionales y
formación de grupos regionales fue
funcional para la articulación de las
redes locales y regionales de poder al
conjunto de la vida política nacional.
volatilidad electoral (cambio de preferencias de una elección a otra), en comparación con otros países como
Ecuador, Venezuela, Perú o Rusia.
En ese sentido, la experiencia
histórica de Colombia permitiría afir-
150
mar que esa combinación de adscripciones nacionales y formación de grupos regionales y locales fue funcional
para la articulación de las redes locales
y regionales de poder al conjunto de la
vida política nacional durante el siglo
XIX y la primera mitad del XX. Esa articulación ha permitido una presencia
diferenciada del Estado que responda a
los diferentes momentos y situaciones
locales a la vez que supere las tendencias centrífugas de esos grupos
Igualmente, es claro que el
éxito de Uribe Vélez se enmarca en una
seria crisis de los partidos tradicionales
y en un rechazo mayoritario de la población a sus prácticas corruptas. Esta
crisis no es necesariamente perjudicial
pues supone una independencia frente
a los votos “amarrados” a las lealtades
partidistas, la correspondiente consolidación del voto de opinión y la mayor
correspondencia entre la vida política y
la vida de la nación, independientemente de las maquinarias de los partidos, en
la actual coyuntura electoral. Todo esto
representa un avance en materia de cultura política moderna y una oportunidad para la superación de la crisis de representación política que aqueja al país.
Pero es preocupante que este voto de
opinión pueda ser resultado de un hábil
manejo de los medios de comunicación
para montarse en el creciente descontento de la opinión pública en torno a
la actividad política tradicional y el rechazo a la zona de despeje. También es
preocupante el hecho de que muchos
de los candidatos en auge, de derecha o
izquierda, apelen al rechazo de “la
Fernán González
Política” como estrategia política: una
cosa es la crítica a los vicios y corruptelas de la política tradicional y otra es la
descalificación de la actividad política
en general, que puede profundizar aún
más la crisis de legitimidad de la vida
política y favorecer el auge de soluciones autoritarias. Además, no bastan
medidas legislativas de reingeniería
constitucional para purificar los rasgos
criticados y criticables de la política tradicional mientras no se modifiquen las
condiciones sociales, culturales y económicas que la hacen funcional y el
tipo de Estado que hace presencia diferenciada en la sociedad colombiana con
poca capacidad para dirimir conflictos
y garantizar a la población el pleno
goce de sus derechos y el acceso a los
bienes y servicios de la nación. Y estas
modificaciones pasan por la cultura política y por la recuperación de la dignidad de la política real y concreta como
mecanismos para la búsqueda de soluciones concertadas para la solución de
los problemas de la sociedad colombiana.
Por otra parte, no siempre las
críticas a la política tradicional tienen
suficientemente en cuenta la heterogeneidad interna de un país y de un
Estado solo parcial y selectivamente
modernizados: en realidad, la vida política colombiana se caracteriza por una
tensión entre formas tradicionales y
modernas de actividad política. Y las
formas tradicionales no dejan de representar a buena parte de la población colombiana, cuya única posibilidad de acceso a los bienes y servicios que su-
puestamente debería prestar el Estado
es la vía clientelar, la intermediación de
gamonales y caciques tradicionales, que
a veces cumplen la función de adaptar
y descentralizar normas pensadas
desde el centro del país, que no tienen
en cuenta las particularidades de las regiones y las localidades por responder a
una lógica tecnocrática y burocrática,
excesivamente homogeneizante.
La recuperación de la Política
pasa entonces por una nueva lectura,
más compleja, del fenómeno del clientelismo, que supere la condena meramente moralista y lo enmarque dentro
del proceso de construcción del
Estado, que muestre las funciones que
cumple en él, sus relaciones con las sociedades tan complejas donde surge y
su papel de instrumento de presencia
diferenciada del Estado según las condiciones de esas sociedades. Dentro de
una lectura más procesual del desarrollo político del país, se podría sostener
que el clientelismo es la manera que
tiene el Estado de hacer presencia de
manera indirecta y gradual en determinadas circunstancias de lugar y tiempo,
lo mismo que como la respuesta de una
sociedad desigual y heterogénea frente
a la superposición de una estructura
formalmente democrática, de carácter
homogeneizante. Así, el clientelismo
aparece como instrumento funcional
cuando el Estado se moderniza sólo
parcial y selectivamente para buscar
una mayor eficiencia en la planificación y ejecución del gasto público
mientras persisten amplios sectores de
la población y del territorio sin posibi-
151
¿ Colapso parcial o presencia diferenciada del Estado en Colombia?: una mirada desde la historia
lidad de acceso directo a los aparatos las élites y los técnicos, y el mundo de
de ese Estado selectivamente moder- la “pequeña política” de gamonales y
nizado, junto con poderes políticos de caciques: los primeros tratan, “a veces
orden tradicional que se resisten a la de manera infructuosa”, de ordenar la
modernización. En ese sentido, la ex- política estatal “desde arriba”, mientras
pansión actual del clientelismo respon- los segundos “tramitan dispersa y desde al divorcio entre el manejo de la po- ordenadamente las demandas de sus
lítica económica del Estado, cada vez clientelas”. Este contraste mostraría
más en manos de una élite tecnocrática precisamente que el Estado funciona
y burocratizada, bastante al margen de de manera diferenciada según las difelas adscripciones bipartidistas, y la polí- rentes circunstancias.
Por otra parte, la erradicación
tica bipartidista que copaba la política
institucionalizada y dominaba la repre- de las corruptelas introducidas por el
sentación política en el Congreso. Y, clientelismo debería comenzar por medesde el punto de vista de la sociedad, jorar la eficiencia y cobertura de los
el clientelismo puede leerse como un aparatos del Estado moderno combisistema primitivo y deformado de segu- nando la racionalidad tecnocrática con
ridad social, que se alimenta de las ne- una mayor sensibilidad frente a las difecesidades de sectores populares y me- rencias culturales, sociales y económidios de acceder a los servicios del cas de las diversas regiones y localidaEstado y de la necesidad de legitima- des. Lo mismo que por la mejor institución electoral de la clase política tradi- cionalización de las relaciones de intermediación entre localidades, regiones y
cional.
Esta nueva mirada supone re- Nación, gobernadores de departamencuperar “la función de inclusión políti- tos y los congresistas respectivos, para
ca”, aunque trunca, del clientelismo, superar el esquema de microempresas
que algunos autores como María electorales que los hacen elegir en el
Emma Wills (2001) le reconocen para Congreso sin contacto con las regiones
buscar su transformación positiva, en a las que supuestamente representan.
sentido democrático. Para ella, el clien- Esto supondría una mejor institucionalización de las
telismo se rerelaciones
produce dentro
El clientelismo se reproduce
entre los pode un “sistema
dentro de un "sistema político
deres ejecutipolítico agrietaagrietado",
donde
se
presenta
el
vo, legislativo
do”, donde se
contraste entre el mundo de la
y judicial, la
presenta
el
mejor implecontraste entre
Gran Política, en manos de las
mentación y
el mundo de la
elites y los técnicos, y el mundo
el mejor desGran Política,
de la "pequeña política" de gaarrollo de la
en manos de
monales y caciques.
152
Fernán González
carrera administrativa, para independizar el manejo del Estado de la adscripción partidista y garantizar la financiación de las campañas electorales y de la
clase política profesional. También ayudaría bastante la actualización del censo
electoral, que hoy representa una realidad demográfica superada hace décadas.
El contraste que hemos realizado entre la situación actual de crisis y
una mirada histórica de largo y mediano plazo nos sitúa muy lejos de una visión apocalíptica que anuncia el inminente colapso de las instituciones democráticas y el régimen político de
Colombia. Sin embargo, el recorrido
histórico que hemos mostrado nos
muestra una erosión gradual del modelo de mediación que el bipartidismo
desarrollaba entre la sociedad y el
Estado colombianos y que permitió el
funcionamiento de un Estado que
hacía presencia diferenciada según las
situaciones regionales y locales durante
el siglo XIX y buena parte del XX. Esa
erosión no es necesariamente negativa
pues puede significar una oportunidad
para una más profunda democratización de la nación, si se lograra un acercamiento menos negativo a la realidad
política concreta para introducir las reformas políticas necesarias para esa democratización. Esa democratización
pasa por la recuperación de la dimensión de la política como construcción
colectiva de nación, que tiene dimensiones culturales, sociales y económicas.
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